Ecologistas en Acción de Ayamonte ha presentado alegaciones en oposición a la modificación del Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva (POTLOH) auspiciada por el Ayuntamiento de Ayamonte y la Junta de Andalucía.

Hace poco más de un mes salía a información pública una propuesta de modificación del POTLOH, por la que se elimina el artículo 47 del Plan de Ordenación del Litoral que exige la existencia de un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en el municipio para poder autorizar la construcción de nuevas edificaciones de uso recreativo.

PDF - 431.5 KB
Documento sobre las alegaciones presentadas

Ecologistas en Acción de Ayamonte fundamenta sus alegaciones en que tal como dicta la legislación andaluza, la ordenación del territorio está destinada a garantizar fundamentalmente el bien común, por lo que no procede una modificación que no busca como objetivo la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía en general, sino el beneficio de una actividad económica de carácter privado.

Ayamonte no dispone de PGOU porque durante las tres últimas décadas, sucesivas corporaciones municipales han recurrido continuamente a la modificación de las Normas Subsidiarias, como herramienta más apropiada para huir con mayor facilidad de las obligaciones derivadas de un plan de ordenación y crecer especulativamente a ritmo de aventuras urbanísticas como el macroproyecto de Costa Esuri, o las numerosas recalificaciones para urbanizar que han llenado el municipio de urbanizaciones semivacías y de gente en paro.

Por ello, cuando ya se habían incorporado incluso las propuesta más irracionales, durante la elaboración del POTLOH y cuando son múltiples los espacios disponibles en el municipio para equipamientos y edificaciones como los que se plantean, resulta incomprensible y fuera de lugar la modificación de todo un Plan de Ordenación Subregional para favorecer un negocio privado que ha terminado planteándose en un terreno y unas condiciones no previstas ni autorizables por el planeamiento vigente.

Ecologistas en Acción considera que la modificación propuesta supone dar vía libre para una huida hacia adelante en la que “todo vale y todo es de interés público”, dado el estado de máxima necesidad de las arcas municipales. Lo que supone avanzar en la destrucción de los basamentos de la ordenación del territorio y su uso para el bien común, no equiparable a la de un negocio privado, por mucho que se venda como un supuesto alivio parcial de los ahogos financieros de la caja del Ayuntamiento.

Por ello, la asociación ecologista se opone a que se realice una modificación de este calado, cuando su basamento justificativo es tan frágil y especulativo y termina atentando contra la función de la ordenación del territorio planteada por la propia administración andaluza.