Apoyan el encierro de la plataforma, APEMSA no se vende

Ecologistas en Acción apoya el encierro de la plataforma “APEMSA no se vende” en El Puerto y las luchas ciudadanas contra la privatización del
agua.

El ayuntamiento de El Puerto de Santa María pretende privatizar la gestión
de la empresa municipal de aguas Apemsa a favor de la multinacional
Aqualia-FCC. La privatización sería por un periodo de 25 años, afectaría
al 49 % de la empresa municipal e incluiría el nombramiento del director
gerente por parte de Aqualia. En la práctica dicha medida supondría el
control privado de la gestión del agua en la ciudad. El argumento dado
por el ayuntamiento, como en tantos otros municipios, es que la crisis
económica de la empresa municipal obliga a su venta.

La plataforma ciudadana “Apemsa no se vende”, que cuenta con el apoyo de
una veintena de colectivos sociales, exige que se paralice la
privatización y que se convoque una consulta ciudadana. Los miembros de
la plataforma llevan una semana encerrados en el ayuntamiento y una
representación ha participado en las marchas de la dignidad del 22M;
argumentan que es posible una alternativa desde la gestión municipal que
no hipoteque el futuro de la ciudad.

Ecologistas en Acción apoya y se solidariza con la lucha de
la plataforma “Apemsa no se vende”. El agua no puede ser una mercancía,
sino un derecho y un patrimonio humano; así lo reconocen, tanto la
Directiva Marco sobre el agua como la revisión de la Carta de los
Derechos Humanos de la ONU realizada en 2010. En coherencia con lo
anterior, la gestión del agua debe ser pública, basándose en la
sostenibilidad ecológica, el acceso universal, el reparto equitativo de
costes, la eficacia técnica y la participación ciudadana: es esta la
Nueva Cultura de la gestión del agua.

El proceso de privatización del agua urbana en España (abastecimiento y
depuración) se viene extendiendo a pasos agigantados en los últimos años.
Este proceso se está produciendo en una situación de carencia de
información y de ausencia total de participación social. Tres grandes
empresas multinacionales: Agbar, Aqualia-FCC y, más recientemente
Acciona, se reparten la casi totalidad de la gestión privada del agua
urbana en España, que afecta a 33 capitales de provincia y unos 1000
municipios; en total unos 30 millones de personas. Agotado el negocio del
ladrillo, el capital especulativo dirige sus miradas hacia el agua: un
negocio perfecto ejercido a escala municipal en régimen de monopolio
privado, por periodos de 20-25 años y con laxos controles municipales.

Casi siempre las privatizaciones se justifican para pagar las deudas
municipales. Sin embargo, a medio plazo, la empresa obtiene beneficios
subiendo el precio y son los ciudadanos los que acaban pagando, tanto
las deudas municipales, como los beneficios empresariales. Un estudio de
la OCU así lo corrobora, indicando que el precio del agua en España ha
subido un 25,5 % en los últimos 5 años.

Tampoco parece que mejore la calidad del servicio. Un trabajo del
Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas de
Granada publicado a principios de 2012 ––circunscrito al ámbito andaluz––,
concluyó que la privatización del servicio no derivaba en una mejora de la
calidad del mismo y que las empresas públicas eran más eficientes que las
privadas por, entre otras cosas, la laxitud en el control de la actividad
del operador privado por parte de la Administración concernida, las
locales en este caso.

Y aunque el proceso privatizador continúa, crece la resistencia ciudadana
a las privatizaciones. Los casos recientes de Alcazar de San Juan (
Ciudad Real) y El Puerto de Santa María, así como los de el Bajo Andarax
(Almería), Mijas (Málaga), Priego (Córdoba), Cartaya (Huelva), Madrid o
los de Las Palmas, Tenerife, Gozón y Avilés (Asturias), indican una
creciente toma de conciencia ciudadana sobre estas nuevas agresiones a un
derecho básico.

En Sanlúcar, donde la gestión es privada desde 2011 (Aqualia), las
denuncias de Izquierda Unida, Ecologistas en Acción y asociaciones
vecinales han obligado a Aqualia a devolver tasas cobradas ilegalmente y
ya se está gestando la formación de una plataforma vecinal. El recibo del
agua se ha encarecido casi un 30 % en dos años y la mala depuración ha
llegado a niveles inadmisibles. En Jerez, a pesar de que la
privatización se ha llevado a cabo, ha contado con la oposición de una
luchadora plataforma ciudadana que denuncia la amenaza de la empresa de
corte de agua a las familias que no pueden pagar.

Desde Ecologistas en Acción apoyamos y nos ponemos al servicio de estos
movimientos ciudadanos por el derecho a la gestión pública del agua, y
subrayamos que las luchas por el agua representan hoy en España uno de
los principales frentes entre el capital especulativo y la ciudadanía.
Denunciamos que políticos del PP y PA en El Puerto de Santa María y Jerez
y del PSOE en Sanlucar se han convertido en brazos ejecutores de la
privatización, que amenaza con hipotecar nuestro futuro convirtiendo un
derecho básico en una mercancía.




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