Más privilegios a la caza en perjuicio de la naturaleza y sus usuarios

El anuncio del Gobierno de Castilla-La Mancha de que se ha dado inicio oficial a la tramitación de una nueva Ley de Caza produce una honda preocupación en Ecologistas en Acción.

A falta de un borrador que está todavía por publicarse, las manifestaciones de los responsables políticos de la Junta, como la Consejera de Agricultura y el portavoz del Gobierno, no hacen sino poner de manifiesto que lo que se busca con la pretendida modernización de la normativa no es otra cosa que potenciar a toda costa la rentabilidad económica de la caza y fomentar el turismo cinegético, sin reparar en los impactos que ello pueda tener en el medio natural, las especies y en el resto de usuarios del monte.

Así, del anuncio del Gobierno Regional no se desprende ninguna intención de abordar los impactos que genera la caza y que cada día se están agudizando más debido a la desregulación y a la trabas a la vigilancia ambiental y a las sanciones que guían la política de la Consejería de Agricultura al respecto. Problemas como la proliferación de vallados, los cotos intensivos, la utilización masiva de trampas, legales e ilegales, para matar predadores, las prácticas abusivas y maltratadoras de animales, como el lanceo de jabalí o las tiradas de palomas y faisanes, el incremento de infraestructuras en el monte y la caza en épocas y zonas sensibles, son asuntos que no parecen preocupar en esta reforma normativa.

Tampoco se considera, y esta cuestión es muy importante, la supeditación del ejercicio de la caza a los derechos del resto de usuarios del monte. El sector cinegético castellano-manchego, liderado por Aproca, Atica y la Federación regional, está detrás del intento de que se priorice la caza sobre el resto de usos del monte, condicionando por ejemplo el acceso por vías públicas o solicitando que se cace más en espacios protegidos, y mucho nos tememos que la reforma de la ley vaya en esta dirección.

De lo que se sabe hasta ahora del borrador de la ley preocupa especialmente que se dote de mayor libertad a los gestores cinegéticos y se eliminen requisitos administrativos para el ejercicio de la caza. Asimismo, será dañino para el medio natural que se faciliten con ayudas nuevas infraestructuras cinegéticas o que reduzca el tamaño mínimo de los cotos de caza mayor, que pasaría a ser de sólo 250 hectáreas, espacio sin duda insuficiente para albergar especies como el ciervo y el jabalí.

Frente a ello resulta vacía la afirmación hecha por el Gobierno de la Junta de que la ley mantendrá un equilibrio entre el respeto de la naturaleza y la caza. Ese equilibrio se rompe precisamente con esta ley que no plantea otra cosa que potenciar los beneficios económicos que genera la caza marginando cualquier otra consideración.

Ecologistas en Acción recuerda que las especies silvestres sobre las que se realiza la actividad cinegética son lo que en derecho se conoce como “res nulius”, es decir, no son propiedad de nadie, están protegidas, sean cazables o no, por la legislación. La caza, además, se desarrolla en espacios unas veces protegidos y otras regulados para que no se dañe el medio ambiente y no afecte a otros usos públicos reconocidos constitucionalmente como el derecho a disfrutar del medio ambiente. Por ello, y por el impacto que genera la caza, es necesaria una ley que garantice que la regule adecuadamente y favorezca una gestión sostenible, y eso no lo hace, ni en el fondo ni en la forma, la que promueve este Gobierno regional.




Visitantes conectados: 471