El Gobierno está frustrando la creación de empleos ligados a la sostenibilidad.

Carlos Martínez Camarero, Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente de CC OO. Revista El Ecologista nº 80.

Se han creado muchas expectativas de que la transformación ecológica del sistema productivo generaría un volumen importante de empleos verdes. Muchos más empleos de los que seguramente desaparecerían en los sectores que no se puedan adaptar a esos cambios. Pero en el Estado español esas esperanzas están siendo frustradas por las decisiones políticas de un Gobierno que se somete a los intereses empresariales anclados en el viejo modelo y que ha hecho de los recortes del gasto público su principal eje de acción.

La necesidad de una profunda transformación ecológica del sistema productivo es ya ineludible. El desafío que supone impedir un aumento de la temperatura global de más de dos grados y la necesidad de evitar la contaminación química global, es decir, la presencia de sustancias tóxicas en el aire, en la cadena alimentaria y en los hábitat naturales son los dos principales, aunque no únicos, elementos que obligan a cambiar las fuentes energéticas, los modos de transporte, la intensidad con la que extraemos materias primas y la manera en que producimos y consumimos. Nos estamos jugando la salud humana y las condiciones de los recursos naturales en los que se desarrolla nuestra civilización.

Sabemos que estos cambios deben ser profundos, urgentes, duraderos y universales, en el sentido de que deben ponerse en marcha en todos los países, bajo el prisma, eso sí, de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Y no hablamos solo de cambios tecnológicos, hay que asumir también la reducción de ciertos consumos y desplazamientos, especialmente en los países del Norte industrializado.

Y el cambio ya ha empezado. Presionados por la realidad científica y por la conciencia ciudadana, desde luego muy desigual, muchos gobiernos y administraciones locales han impulsado algunas políticas, aunque de manera muy contradictoria y parcial, para promover las energías renovables, las pautas de movilidad urbana sostenible, la agricultura ecológica y de proximidad, la recuperación material de residuos, la edificación y rehabilitación sostenible o la química verde.

En este contexto se han desarrollado actividad económica y empresas con perfiles más ecológicos en cuanto a las materias que utilizan, las tecnologías que usan y los productos y servicios que ofrecen. Algunos de estos ámbitos ya existían desde hace tiempo y otros son de más reciente creación. Hay quien utiliza el término economía verde para referirse a estos sectores y quien huye de esta denominación.

Las expectativas

En cualquier caso estos sectores han sido en los últimos años un importante yacimiento de empleo. En su evaluación es una referencia el estudio que publicó en 2010 el, desgraciadamente extinto, Observatorio de la Sostenibilidad de España (OSE) con la Fundación Biodiversidad sobre la situación del empleo verde en nuestro país. Este informe estimaba que se habían creado unos 500.000 puestos de trabajo de esa naturaleza en diferentes sectores.

El Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS) de CC.OO. es otra referencia en el cálculo y análisis de los empleos verdes (nº 70 de El Ecologista, otoño de 2011). Un estudio que le encargó el IDAE estimó que en 2010 había 113.000 empleos en los sectores de las energías renovables (68.400 directos y 44.700 indirectos) la mayor parte en las tecnologías eólica y solares. El tipo de empresas analizadas incluía la fabricación, el montaje de instalaciones, la operación y mantenimiento y la promoción y estudios previos de instalaciones. En él se hicieron también previsiones de creación de empleo en tres escenarios a 2020. El más ambicioso arrojaba una cifra de potencial de generación de casi 343.000 puestos de trabajo en esa fecha, incluyendo los indirectos.

Posteriormente, en el año 2011, ISTAS realizó un estudio sobre cálculo de empleo en movilidad sostenible de pasajeros. En él se consideraba además del transporte público (ferrocarril, metro, tranvía y autobús) el coche multiusuario, la bicicleta y la regulación y gestión de la movilidad urbana sostenible, arrojando que en 2008 había 281.000 empleos directos. Se contabilizaban no solo los puestos de trabajo en servicios (transporte público, carsharing, alquiler municipal de bicis…), sino también en fabricación de esos vehículos y en gestión de la movilidad (p.e. estacionamiento regulado). Si se introdujeran determinadas medidas de impulso a la movilidad sostenible en 2020 podría haber 443.000 empleos, es decir 150.000 más que en 2008.

Otro informe de ISTAS sobre el empleo que se podría crear en la rehabilitación energética de edificios y viviendas, a razón de unas 500.000 anuales, arrojaba la cifra de que a partir de 2020 se podrían crear 104.000 puestos de trabajo cada año. Esta proyección coincide con otros estudios realizados por instituciones y expertos del sector. El cálculo de los empleos existentes actualmente en rehabilitación es muy difícil de hacer ya que las empresas que se dedican a esta actividad suelen dedicarse también a la construcción de obra nueva y no desagregan los datos de ambas actividades.

Posteriormente, ISTAS realizó para la Fundación Retorna otro estudio sobre potencial de empleo si se implantara en el Estado español un sistema de depósito, devolución y retorno para determinado tipo de envases de bebidas, como el que ya se ha desarrollado en otros países europeos, que mejoraría la recuperación y reciclado de estos materiales. El resultado fue que se podían crear unos 14.000 empleos.

Situación en 2013

Es conocido que hasta hace pocos años el sector de las energías renovables había tenido en el Estado español una historia de éxito. La conjunción de un marco de apoyo planificado que habían desarrollado los diferentes Gobiernos desde los años 90, junto a un sector de empresas y centros públicos de investigación que apostaron por la innovación tecnológica, hizo que nos convirtiéramos en líderes internacionales en varias de sus tecnologías. Sin embargo, las medidas de los últimos Gobiernos, de freno primero a partir de 2009 y de paralización después en 2012, han supuesto la pérdida de aproximadamente la mitad del empleo existente al inicio de la crisis.

Esta situación ha afectado a casi todas las tecnologías, pero especialmente a la fotovoltaica y a la eólica. Solo se mantienen algunas fábricas que tienen cierta capacidad de exportación de aerogeneradores o de placas fotovoltaicas ya que el mercado interior está hundido. Los empleos en construcción y montaje de estas instalaciones se han perdido. Se mantienen por el contrario los dedicados a operación y mantenimiento de parques eólicos y huertas fotovoltaicas o instalaciones solares termoeléctricas. La posibilidad de reactivar la puesta en marcha de pequeñas instalaciones fotovoltaicas a partir de lo que se conoce como el autoconsumo ha sido abortada recientemente con la imposición de un “peaje de respaldo”, que no es más que, cómo se le ha denominado, un absurdo “impuesto al sol”.

Las instalaciones de fabricación de bioetanol y de biodiesel también han perdido la mayor parte del empleo que tenían (2.000 en 2010), en este caso por motivos fundamentalmente relacionados con la competencia comercial de otros países. La reducción de las ayudas y la parálisis del sector hacen que la energía solar térmica (9.800 en 2010) tampoco haya despegado ni en términos de actividad ni de empleo. Las empresas que se dedican a la biomasa térmica (astillas y pellets para calefacción), sin embargo, sí que es probable que hayan aumentado sus plantillas (6.000 en 2010). Y es que, a pesar de las barreras y de la falta de apoyo, el precio de ese combustible es cada vez más interesante respecto del gasoil o el gas, por lo que se están instalando de manera creciente calderas de biomasa sobre todo en zonas rurales.

En relación con las expectativas existentes en relación a la movilidad sostenible hay que decir que, debido a los recortes que están aplicándose en los servicios de transporte de viajeros, aunque no disponemos de datos globales, las plantillas de las empresas de autobuses, metro, tranvía y ferrocarril o disminuyen o se mantienen a duras penas. Solo en el sector de la fabricación, empresas de venta, reparación y servicios públicos de bicicleta se está creando empleo debido al auge que tiene su uso en la mayoría de las ciudades, incluyendo en las que, como Madrid, no desarrollan medidas de apoyo a este modo de transporte. La gestión del coche multiusuario también está aumentando debido a la creciente demanda, pero los puestos de trabajo que se crean aquí son obviamente reducidos.

En el caso de la rehabilitación energética de edificios y viviendas las expectativas de empleo no parece que se estén cumpliendo. La aprobación de la ley de rehabilitación de viviendas y regeneración urbana en 2013 no está acompañada de incentivos y programas de actuación suficientes como para propiciar un despegue de las actuaciones ya sean aisladas o en bloques de edificios o zonas. En un contexto de pobreza energética no parece que muchos sectores de la población puedan acometer sin ayudas las medidas de rehabilitación que sin duda necesitarían sus viviendas. Por lo que ya hemos señalado anteriormente no es fácil cuantificar la situación de desarrollo de este ámbito de actividad.

En cuanto al empleo en el ámbito de los residuos también se puede apreciar que los recortes en servicios municipales de recogida y gestión de residuos han afectado negativamente al empleo de este sector donde dominan los grandes grupos empresariales. Las empresas dedicadas a la recuperación de residuos específicos para el reciclaje o la reutilización tampoco encuentran un marco de desarrollo favorable. Por ejemplo, el sector de empresas de tratamiento y gestión de residuos industriales ha perdido en estos últimos años casi la mitad de su empleo por efecto de la crisis y seguramente también por la falta de vigilancia y control de este tipo de residuos por parte de las administraciones. Por otra parte las expectativas que había respecto de la implantación del sistema de depósito, devolución y retorno de envases han sido abortadas por el Ministerio de Medio Ambiente y no se ha creado por consiguiente ni un solo puesto de trabajo. El sistema de gestión actual, basado predominantemente en el vertido y la incineración, ha agotado su potencialidad tanto de reciclaje como de creación de empleo. El incremento de los puestos de trabajo solo podría venir de la implantación de medidas legislativas que incrementaran los objetivos y el desarrollo del reciclaje de todos los flujos de residuos, incluido por supuesto el de la materia orgánica.

¿Y el futuro?

Se han creado muchas expectativas de que la transformación ecológica del sistema productivo generaría un volumen importante de empleos verdes. Muchos más empleos de los que seguramente desaparecerían en los sectores que no se puedan adaptar a esos cambios.

Pero en el Estado español esas expectativas están siendo frustradas por las decisiones políticas de un Gobierno que ha hecho del sometimiento a los intereses empresariales anclados en el viejo modelo y de los recortes del gasto público sus ejes de actuación. En un contexto en el que las políticas ambientales retroceden y en el que la financiación para impulsar actividades alternativas es anecdótica, la creación de empleo verde se ha estancado y en algunos sectores incluso ha retrocedido.

Pero esta situación no durará mucho tiempo. En nuestra mano está que los Gobiernos que se elijan en un futuro apuesten por impulsar un nuevo modelo productivo basado en parámetros de sostenibilidad medioambiental y que genere empleo.

Para ello hace falta que esas políticas sean globales, planificadas, estables, duraderas y públicas. No puede ser que al mismo tiempo que apuestan por lo nuevo, mantengan indefinidamente lo viejo. No puede ser que un día adopten una medida y otro día la anulen. No puede ser que se abandonen esas políticas al funcionamiento de un mercado que nunca responde a los intereses de la sociedad sino de las empresas que operan en él.

Por ello hace falta que se planifiquen los cambios con consenso. Los ejes centrales de esa planificación deberían estar adaptados a los objetivos de reducción de las emisiones de gases de invernadero que exige la lucha contra el cambio climático. Estos objetivos deberían terminar siendo el principal factor determinante de las transformaciones industriales y tecnológicas a nivel mundial. Los países que se anticipen a estos cambios estarán en mejores condiciones para desarrollar sociedades menos dependientes del exterior, con menos externalidades negativas y seguramente con mayor cohesión y participación social.

Esas políticas deben ser globales e integrales, en el sentido de que deben implicar al conjunto de las administraciones y de las normativas y medidas sectoriales. También deben incluir una profunda transformación fiscal ecológica, con parámetros de redistribución social de los esfuerzos, que dote a la administración de recursos financieros suficientes no solo para impulsar las transformaciones en los sectores (energía, transporte, agricultura, producción industrial…), sino para proteger a todos los trabajadores y garantizarles empleos dignos.