Vulneraciones de la Directiva Marco de Agua

España incumple todas las normativas europeas relativas al agua.

Mariola Olcina y Área de Agua de Ecologistas en Acción. Revista El Ecologista nº 80.

En noviembre de 2013, una delegación de varios grupos ecologistas y plataformas relacionadas con el agua trasladó a Bruselas un buen número de casos de incumplimientos de la normativa de aguas por parte del Estado español. Al mismo tiempo, realizaron propuestas para mejorar la sostenibilidad de la gestión del agua y evitar estos incumplimientos, como se resume en este artículo.

La Directiva Marco de Agua (DMA) establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas a nivel europeo para prevenir y reducir la contaminación, promover el uso sostenible del agua, mejorar la situación de los ecosistemas acuáticos y atenuar los efectos de inundaciones y sequías.

A pesar de que el objetivo de la DMA es alcanzar un “buen estado” ecológico y químico de todas las aguas comunitarias para 2015, esta directiva presenta ambigüedades y excepciones en determinados artículos que son utilizadas como vía de escape por parte de las administraciones, como es el caso de España. El abuso de estas ambigüedades y excepciones es una realidad y pone en peligro la defensa de muchos ecosistemas acuáticos, como se explica a continuación. El Memorándum del Trasvase Tajo-Segura, Doñana, el Plan Hidrológico del Ebro, entre otros, son casos concretos denunciados por los respectivos grupos de Ecologistas en Acción, junto con otras organizaciones y plataformas, en los que se incumple la DMA.

La única manera de conseguir que el marco legislativo en materia de agua sea eficaz, es eliminando o restringiendo al máximo las deficiencias de la normativa comunitaria.

Memorándum Tajo-segura

Los cambios legislativos derivados de la reciente aprobación del Memorándum transgreden tres normas de rango europeo: la DMA; la Directiva 92/43, de Hábitats, al afectar gravemente a cinco espacios de la Red Natura 2000; y, por último, se viola el artículo 6 del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, ya que el proceso ha sido poco transparente [1].

El Memorándum es fruto de las presiones que ha ejercido el sector del regadío beneficiario del Trasvase Tajo-Segura y, muy en particular, el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, cuyo objetivo era evitar que el Plan del Tajo pudiera afectar de alguna manera a lo que consideran derechos adquiridos de uso del agua del Tajo en el Segura.

Con la aprobación de esta reforma, la cuenca del Tajo queda maniatada por Ley, impidiendo que pueda disponer de caudales ambientales adecuados en su tramo alto, y condenada a incumplir, especialmente en su tramo medio, el objetivo de alcanzar un buen estado ecológico de las aguas.

Parque Nacional de Doñana

La biodiversidad, el agua y el suelo de Doñana se encuentran amenazados por diversas prácticas. En primer lugar, el dragado de profundización en el Estuario de Guadalquivir para permitir la llegada de barcos de mayor calado desde la desembocadura hasta el Puerto de Sevilla, que pretende llevar a cabo la Autoridad Portuaria de Sevilla.

Segundo, por la extracción ilegal y masiva de agua en Doñana que está desecando las lagunas peridunares, la marisma y, en definitiva, destruyendo el acuífero que alimenta a Doñana. Y, en tercer lugar, los proyectos mineros existentes que vierten aguas residuales al río Tinto y Odiel, y la posible reapertura de la mina de Aznalcóllar que podría afectar al Lugar de Interés Comunitario del río Guadiamar; río que supone el mayor aporte de agua superficial a Doñana. Este proyecto podría provocar otro desastre como el de Boliden que contaminó el Parque con lodos tóxicos.

Estas tres problemáticas incumplen las normativas que intentan proteger la calidad de las masas de agua como exige la DMA y transgreden la Directiva de Hábitats y la Directiva de Aves que protegen los espacios de la Red Natura 2000 [2].

El Plan Hidrológico del Ebro

El nuevo Plan para la gestión hidrológica del Ebro, sigue estando muy alejado del cumplimiento de las diferentes directivas ambientales y de aguas que rigen el reglamento comunitario actual.

El verdadero objetivo que marca el Plan es el máximo control de los recursos hídricos para que los regantes dispongan de “concesiones sobrantes” que les permitan negociar con otras cuencas y usuarios en los futuros bancos de aguas que próximamente se plantearán en la revisión de la ley de aguas.

Aunque en los primeros años se hizo un interesante trabajo siguiendo las guías de la DMA, finalmente quedó totalmente encallado cuando se enfrentaron las necesidades y objetivos de los ecosistemas, con la satisfacción de las demandas de los regantes, especialmente. Así pues, se plantean hasta 445.000 hectáreas de nuevos regadíos en el escenario 2015, que se sumarían a las 965.000 ha actuales. Para ello, sería necesario incrementar las obras de regulación con 27 nuevos embalses y kilómetros y kilómetros de nuevas canalizaciones. La ejecución de todas estas infraestructuras y nuevos regadíos afectaría negativamente a los ecosistemas, incrementaría la contaminación difusa y generaría un problema permanente de estrés hídrico.

El nuevo plan de cuenca presenta graves incumplimientos, especialmente de la DMA, en la determinación de las condiciones de referencia, del estado de las masas de agua y de objetivos ambientales y de buen potencial ecológico.

Cuencas de Cataluña

Asimismo, en las Cuencas Internas de Cataluña se dan una serie de prácticas que violan la legislación europea en materia de aguas y que son permitidas por la poca voluntad política de la Generalitat de Cataluña para implementar las medidas contenidas en el Plan de Gestión aprobado y presentado en la Comisión Europea.

Por ejemplo, el incumplimiento de caudales de mantenimiento en el Alto Ter debido al impacto causado por la captación de agua de las minicentrales hidroeléctricas y en el Bajo Ter por el trasvase de agua a Barcelona. De igual forma, no se cumplen los caudales en el Gaià a causa de la captación de agua de Repsol para la refrigeración de la Petroquímica de Tarragona, cuando dispone de un abastecimiento alternativo mediante el aprovechamiento de los efluentes de las depuradoras de la zona.

Por otra parte, la no implementación de medidas que reconduzcan la grave contaminación de los acuíferos por nitratos procedentes de las deyecciones ganaderas provoca que el 47% de los acuíferos de Cataluña no pueda aprovecharse para su consumo. Asimismo, la explotación minera de Potasa está provocando la salinización del río Llobregat, que abastece al 50% de la población de la Región Metropolitana de Barcelona [3].

Contaminación en el Embalse de Oiola (Vizcaya)

El Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco no ha actualizado la normativa para el control del HCH-lindano a las nuevas exigencias derivadas de la legislación europea, de manera que no tiene en cuenta esta sustancia actualmente calificada como peligrosa en el resto de la UE.

Que se estén dando deficiencias en el control del HCH en este embalse que abastece a más de 100.000 personas en tres municipios de Vizcaya, implica el incumplimiento de la DMA y otras directivas como la relativa a la calidad de aguas destinadas a consumo humano y la Directiva 2009/90/CE, por la que se establecen las especificaciones técnicas del análisis químico y del seguimiento del estado de las aguas, entre otros incumplimientos [4].

Instancia a la Comisión y al Parlamento Europeo para que mejore la normativa comunitaria de agua
El informe Propuestas para la mejora de la gestión del agua en la Unión Europea [5] recoge un total de 60 propuestas para que puedan ser consideradas, tanto de cara al proceso de la aplicación de la normativa comunitaria en el que la Comisión Europea se halla inmersa, como a través de eventuales mejoras legislativas futuras.

Con este documento se quiere poner el foco en las amenazas particulares que afectan a las masas de agua del Sur de Europa, aunque no es el único objetivo. Una de las formas de proteger los ecosistemas acuáticos en toda Europa sería que la Directiva Marco de Agua (DMA) prevaleciera como principio guía y condicionara cualquier acción de la UE que dificultara la consecución de objetivos de esta normativa. Esta propuesta responde a una problemática real, ya que en muchos casos la UE ha financiado proyectos que contradicen los principios de la DMA.

Otras propuestas tienen que ver con la definición de los caudales ecológicos, el orden de preferencia de usos del agua, la defensa y garantía del derecho humano al agua e incluso, la protección de acuíferos y zonas sensibles frente a la amenaza de la fractura hidráulica; y un largo etcétera hasta llegar a sesenta instancias.

Las organizaciones promotoras de estas propuestas, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, Grupo de Defensa del Ter, Plataforma de Defensa del Ebro, Red Agua Pública e Ingeniería sin Fronteras, entre otras, consideran que es necesario avanzar también en medidas para evitar la contaminación química de las aguas y en la consideración del papel que el cambio climático jugará en la disposición de recursos hídricos en un futuro no tan lejano.




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