La PALF exige al socio de gobierno PSOE coherencia con los compromisos que ya ha adquirido a nivel autonómico y estatal, ratificando esta proposición cuando sea votada en el Pleno del Parlamento Andaluz. En este sentido, a mediados del mes de mayo ambos partidos PSOE-IU firmaron un compromiso político en el Congreso en el que se contraía la obligatoriedad de prohibir el fracking en el Estado en caso de gobernar. Además, el apoyo del PSOE a la Proposición de Ley presentada, a finales de mayo en el Congreso por la Izquierda Plural.
La práctica de la técnica de la fractura hidráulica o «fracking», supone un alto riesgo para la salud pública y el medio ambiente, supone una explotación intensiva de territorio andaluz, en clara competencia con las actividades agrícolas y ganaderas tradicionales, que pueden verse comprometidas (agotamiento de recursos hídricos, y contaminación de tierras, aire y aguas.).
Andalucía cuenta con permisos de investigación en estado de desarrollo donde ya se podría empezar a realizar fracking. La superficie total que se encuentra afectada por este tipo de permisos otorgados suponen 82.700 Ha en Cádiz, 27.200 en Sevilla y 68.000 en Jaén. A esta superficie hemos de sumar una cantidad equivalente en permisos de investigación que actualmente están en tramitación, afectando también a Córdoba y otras 61.000 Ha de antiguos permisos de explotación cuya reactivación se está tramitando en Sevilla.
Desde la PALF exigimos al gobierno de la Junta de Andalucía, PSOE/IU, que sea coherente con lo firmado a nivel estatal y con lo aprobado por el Parlamento andaluz en sendas Proposiciones No de Ley en junio y septiembre del año pasado y, en consecuencia, materialice la prohibición del fracking en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
