Ecologistas en Acción de Andalucía presenta sus observaciones y sugerencias al documento.

El considerable retraso de la planificación hidrológica en nuestro país ha provocado que las revisiones de los planes vigentes se inicien inmediatamente después de aprobarlos. En el caso del Guadalquivir, tan solo tres días después de publicarse en el BOE. Por ello, el EpTI no cumple con el papel que debería, al carecer de un diagnóstico actualizado y sin analizar las actuaciones de las Administraciones desde la transposición de la Directiva Marco del Agua (DMA) ni evaluar la efectividad del Programa de Medidas. Tampoco ha existido un verdadero proceso participativo ni se plantea a las partes interesadas y al público en general, las cuestiones realmente estratégicas.

Aunque el objetivo principal del EpTI sea el identificar, definir y valorar los principales problemas actuales y previsibles que impidan conseguir los objetivos medioambientales de la planificación hidrológica, es necesario reconocer que el mismo debe ser la protección y mejora del recurso en la demarcación. Por ello hay que abordar el principal problema: la excesiva presión de los sectores productivos sobre los ecosistemas acuáticos. Esta presión está condicionando la consecución de los objetivos e impide qué usos pueden considerarse ambientalmente sostenibles.

Salvo excepciones, el estado general de la cuenca muestra una sobreexplotación de los recursos hídricos, hasta el propio documento reconoce que hay un déficit actual de 449 hm3/año. El EpTI debería de abordar, de manera prioritaria y transparente, la falta de gobernanza en la cuenca, abriendo el debate entre las partes interesadas y el público para ajustar las actividades humanas a las características del medio y al reparto de los costes -y beneficios- que ello comporta.

El EpTI identifica 15 temas importantes en la demarcación, dejando, a nuestro juicio, sin estudiar de forma específica la contaminación de sustancias peligrosas (metales pesados entre otros) procedentes de vertidos de la industria minera, en especial sobre el río Guadiamar. El anuncio de la reapertura de proyectos mineros (Aznalcóllar, Ríotinto,…) no puede ignorarse en la demarcación ni tampoco la fracturación hidráulica por la posible contaminación de las aguas al incorporar compuestos químicos difícilmente detectables.

En cada uno de los temas importante se proponen diferentes alternativas para lograr los objetivos ambientales, sin embargo, solo en dos de ellos plantea el impulso de medidas adicionales. Para el resto, o bien se mantiene el actual escenario con el calendario del Programa de Medidas previsto, o se priorizan los aspectos socioeconómicos para prorrogar los objetivos hasta el año 2021 o 2027. Solo se da un impulso a la construcción de infraestructuras para el tratamiento de aguas residuales urbanas y a la ordenación de extracciones de las aguas subterráneas. Las primeras son absolutamente imprescindibles para cumplir con la Directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas y evitar así los procedimientos abiertos por la Unión Europea contra España. El documento no reconoce que muchas de las depuradoras ya construidas no funcionan correctamente, tal vez por ser unas de las primeras víctimas de los recortes públicos con la crisis. Tampoco se plantea la necesidad de fomentar en municipios pequeños la depuración de tipo no convencional. Las segundas son absolutamente rechazables por nuestra parte porque no tienen como fin conseguir los objetivos establecidos en la DMA, sino satisfacer las demandas actuales, como a nuestro juicio se concibió el Plan Hidrológico vigente 2009-2015. La clave del problema, aunque evidentemente no el único en la cuenca del Guadalquivir, es la expansión descontrolada de la superficie de regadío a lo largo de los últimos 25 años.

Para el Organismo de cuenca (CHG), la satisfacción de las demandas y el buen estado de las aguas, solo puede conseguirse mediante el aumento de la disponibilidad o regulación del recurso. Permanentemente proponen ampliar el recurso agua y nunca proponen controlar la demanda, hecho que Ecologistas en Acción rechaza.

Así se plantea:

  • Recrecer el embalse del Agrio con las escombreras de Aznalcóllar para embalsar aguas ácidas y con un alto contenido en metales pesados para luego usarla en el riego de cultivos de la Zona Norte de Doñana, actuación extremadamente peligrosa desde nuestro punto de vista.
  • Finalizar la conexión de Melonares sin que se hayan hecho públicas las cuentas de esta obra.
  • Identificar zonas para incrementar la capacidad de regulación obviando el grave impacto ambiental, social y económico que producen. Para el Presidente de la CHG hasta 20 nuevos embalses bajo el paradigma del incremento eterno de la oferta y sin querer hablar de otros usos del agua que no sean productivos, por ejemplo de caudales ambientales, mejora de la calidad de las aguas, creación de reservas fluviales, cambio climático, restauración de ríos, etc.
  • Redistribución de recursos hídricos entre cuencas para consolidar los regadíos, muchos ilegales y en fincas públicas, sin que la CHG haya acatado las sentencias firmes del Tribunal Supremo sobre clausura de pozos en el Espacio Natural de Doñana.
  • Y recargar artificialmente los acuíferos para mejorar el estado cuantitativo y cualitativo, entre ellos la MAS 05.49 Gerena-Posadas con el vertido de la depuradora de aguas residuales de San Jerónimo (Sevilla). Este acuífero es la reserva estratégica de abastecimiento urbano de Sevilla en el Plan vigente. Existen varios estudios científicos que identifican la presencia de contaminantes farmacológicamente activos y tensioactivos en las aguas de las depuradoras de Sevilla y que persisten después de la depuración.

En definitiva, que lo que plantea la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir es un absoluto despropósito y una grave irresponsabilidad, volviendo a gestionar el recurso únicamente como un bien económico, olvidando el papel esencial en el mantenimiento de ecosistemas de gran valor ambiental, entre otros el Espacio Natural de Doñana. Un ejemplo del método rutinario con el que se hacen las valoraciones y justificaciones socioeconómicas de los procesos claves en el EpTI es la justificación del dragado de mantenimiento del Estuario que pretende llevar a cabo la Autoridad Portuaria de Sevilla.

Así pues, rechazamos el documento EpTI presentado, exigiendo al Organismo de cuenca que haga un diagnóstico actualizado de la situación del recurso en la demarcación. Es fundamental que se garantice la transparencia en las actuaciones y la defensa del interés general, la neutralidad respecto a los intereses privados, el compromiso con los objetivos y el respeto por las aportaciones de las partes interesadas y del público en general. Solo de esta manera se podrá gestionar de manera eficaz y eficiente un bien tan escaso como el agua.