Planta de residuos tóxicos de Distiller

Ecologistas en Acción pedirá en el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León que se retire del orden del día la ilegal pretensión autonómica

En su reunión de mañana, miércoles 9 de julio, el Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio de Castilla y León informará por segunda vez la propuesta de la Junta de Castilla y León de autorizar la ampliación hasta el doble de su capacidad actual de la planta de tratamiento de residuos tóxicos y peligrosos que la mercantil catalana Distiller, S.A. posee desde 2011 en la localidad soriana de Ólvega.

Dicha planta carece en estos momentos de autorización ambiental, tras la sentencia de 6 de junio de 2014 del Tribunal Supremo, que confirmó otra sentencia anterior de 2011 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, anulando la autorización ambiental otorgada en 2009 por la Consejería de Medio Ambiente y por extensión todas sus modificaciones posteriores. No obstante, la Junta de Castilla y León pretende modificar una autorización ambiental inexistente, en un alarde de creatividad administrativa que manifiesta una vez más el desprecio de sus responsables por las sentencias judiciales y el Estado de Derecho.

Descarrilada por el Tribunal Constitucional la política de hechos consumados a que nos tenía acostumbrados el Gobierno de Juan Vicente Herrera para saltar por encima de las sentencias judiciales contrarias mediante leyes “ad hoc” como la de la Ciudad del Medio Ambiente, la Junta parece haber ideado esta nueva “argucia” legal para evitar la ejecución de sentencias firmes como la que obliga a la clausura de la planta de Distiller.

Ecologistas en Acción exige a empresa y Gobierno autonómico el cumplimiento inmediato de la sentencia del TSJ, que ayudará a cortar el tráfico de residuos tóxicos que ha convertido en los últimos años a Castilla y León en el principal receptor nacional de estos desechos, gracias a las facilidades dadas por la Junta para la instalación de todo tipo de instalaciones de tratamiento físico-químico, incineración y vertido.

De hecho, en sus dos primeros años de funcionamiento, Distiller ha importado a Soria 53.000 toneladas de residuos peligrosos, procedentes en un 90 por ciento de fuera de Castilla y León, en especial de Cataluña, Navarra y Comunidad Valenciana. En 2012, la fábrica provocó un vertido que contaminó seis kilómetros del arroyo de los Caños, siendo sancionada por la Junta de Castilla y León y la Confederación Hidrográfica del Ebro con sendas multas que suman apenas 6.000 euros, y es fuente de insalubres olores persistentes en su entorno que en ocasiones han ocasionado molestias respiratorias y a las mucosas.

Queda así de manifiesto el pliegue de la Junta de Castilla y León a los intereses del “lobby” de los residuos, sacrificando el reciclado y la seguridad ambiental y sanitaria de la población al interés económico de las grandes constructoras y fabricantes de cemento que en España controlan el sector. Ecologistas en Acción considera inadmisible que el Gobierno autonómico anteponga el interés económico de una empresa privada como Distiller a la protección de la salud y el medio ambiente de Ólvega y de la provincia de Soria.

La planta de Distiller en Ólvega tiene capacidad para el tratamiento de 35.000 toneladas anuales de residuos tóxicos y peligrosos, capacidad que pretende ser ampliada hasta 60.000 toneladas anuales. Fue inaugurada en 2011 por la ex-Consejera de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y actual senadora, María Jesús Ruiz, firme partidaria de la importación de residuos tóxicos a la región como “una oportunidad de negocio”, tras obtener unas subvenciones públicas de 4,5 millones de euros.




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