Se insta para anular el Plan del polígono industrial

La Junta de Andalucía insta al ayuntamiento de Grazalema a anular el Plan del polígono industrial. La Junta reconoce, dos años y medio después de ser denunciado por Ecologistas en Acción, la ilegalidad de este proyecto.

El Director General de Urbanismo de la Junta de Andalucía ha remitido una Resolución al Ayuntamiento de Grazalema en la que se insta a la revisión de oficio del acuerdo del Plano de 1 de diciembre de 2010 por el que se aprobó definitivamente el Estudio de detalle de la UE.14 del Sector I.1 Parque industrial. En dicha Resolución se deja patente la ilegalidad del Estudio de detalle por el que se aprobó este polígono industrial, por el manifiesto incumplimiento de las determinaciones del PGOU vigente, tal y como viene denunciando Ecologistas en Acción desde hace dos años y medio, cuando se iniciaron las obras de este polígono industrial.

Ecologistas en Acción viene denunciando desde enero de 2012 ante todas las administraciones competentes la construcción de un polígono industrial junto al pueblo de Grazalema que incumple todas las normas sobre tipología del PGOU de este municipio, la condiciones vinculantes de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del PGOU, el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y gestión (PRUG) del Parque Natural Sierra de Grazalema, dentro del que se está construyendo. Estas normas obligan a que las nuevas construcciones -y específicamente las naves del polígono industrial- deberán utilizar materiales tradicionales, tener fachadas con revestimientos blancos y cubiertas de teja árabe inclinadas a dos aguas, prohibiendo los materiales cerámicos vidriados, plásticos o revestimientos metálicos. Saltándose a la torera estas normas, el Ayuntamiento de Grazalema -promotor del polígono-, en clara connivencia con la Diputación provincial –que redactó el proyecto- y la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio-CMAOT, está construyendo un edificio de enorme dimensiones, con una cubierta plana y con una horrorosa terminación metálica de las fachadas, lo que está provocando un impacto gravísimo e irreversible sobre la imagen urbana de este pueblo blanco, uno de los emblemas del parque natural. Además, Ecologistas en Acción presentó en la Junta Rectora del parque natural una moción para instar a las administraciones competentes a paralizar las obras y adaptar dicho proyecto a las normas urbanísticas y medioambientales vigentes. Tanto el presidente de la Junta Rectora como el delegado Territorial de las Consejerías de Agricultura y Medio Ambiente impidieron que se votara dicha propuesta, avalando las ilegalidades denunciadas.


Fotografías del estado actual de construcción de las naves industriales, en las que puede comprobarse la tipología totalmente ajena a la tradicional de los pueblos blancos, hasta ahora obligatoria en Grazalema, y el alto impacto que ya han provocado a las puertas de este pueblo. Según el ayuntamiento de Grazalema y los responsables de la CMAOT, estas naves están perfectamente integradas en el paisaje.

Ante la evidencia de que las administraciones competentes, y sus responsables, no tenían la más mínima intención de actuar ante este flagrante incumplimiento de la legalidad urbanística, Ecologistas en Acción denunció estos hechos ante la Fiscalía de Cádiz al poderse estar cometiendo por parte de los responsables del ayuntamiento de Grazalema, de la delegación provincial de la CMAOT y de la Diputación provincial hechos que podrían ser constitutivos de presuntos delitos contra la ordenación del territorio, contra los recursos naturales y el medio ambiente y de prevaricación medioambiental, por omisión dolosa o imprudente. La Fiscalía de Cádiz, tras su análisis y comprobación, remitió el 18 de diciembre de 2013 dicha denuncia al Juzgado de instrucción de Ubrique “al evidenciarse hechos que podrían tener significación penal”. La denuncia va dirigida contra Mª José Lara Mateos, alcaldesa de Grazalema, contra Silvia López Gallardo, exdelegada provincial de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, contra los técnicos del Servicio de Asesoramiento a Municipios (SAM) de la Diputación Provincial, y contra todas aquellas personas o autoridades que como consecuencia de las pruebas practicadas pudiera derivarse cualquier tipo de responsabilidad por los hechos denunciados.

Tras esta denuncia de la Fiscalía, la delegación territorial de la CMAOT remite un informe a la Dirección General de Urbanismo advirtiendo (¡¡dos años y medio después de denunciadas!!) que el proyecto de polígono industrial incumple el PGOU de Grazalema. El pasado mes de mayo el Director general de Urbanismo remitió la mencionada Resolución a la alcaldesa de Grazalema advirtiéndole que el Estudio de Detalle que aprobó el Pleno del ayuntamiento infringe las normas del PGOU de Grazalema, y por tanto su aprobación es nula de pleno derecho, por lo que le insta a “revisar el acuerdo del Pleno de 1 de diciembre de 2010, por el que se aprobó definitivamente el Estudio de detalle de la UE.14 del Sector I.1, afectado de nulidad”

Ante este requerimiento, la alcaldesa de Grazalema ni ha iniciado los trámites de anulación de dicho acuerdo, ni ha paralizado las obras ilegales, ni procedido a la adaptación de las construcciones ilegales ya ejecutadas al PGOU, lo que ha hecho es iniciar el trámite de modificación del PGOU para eliminar toda referencia a la obligación de que las edificaciones respeten la tipología tradicional e intentar así dar un amparo legal a unas obras manifiestamente ilegales ya realizadas. Con esta modificación, los responsables municipales pretenden infructuosamente eludir sus responsabilidades administrativas y penales, pues hay abundante jurisprudencia en relación con estos intentos de modificar normas urbanísticas para intentar legalizar obras y proyectos ilegales, que han sido definidos reiteradamente por los Tribunales como un “fraude de ley”. Los responsables del ayuntamiento de Grazalema, de la Diputación y de la CMAOT son plenamente conscientes de que han infringido las normas urbanísticas de este municipio, y no saben cómo salir del enredo legal en que se han metido al redactar, informar y aprobar este proyecto urbanístico, y al desarrollar unas obras que saben de su total ilegalidad.




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