Ecologistas en Acción considera que la solución a la problemática del urbanismo ilegal que, como un cáncer, se ha extendido por determinadas comarcas de Andalucía, no está en decretar un sistema de regularización, tal y como pretende el Decreto 2/2012 y ahora la propuesta de modificación del artículo 185 de la LOUA, ya que esta vía produce de facto una amnistía urbanística generalizada y una vía para delinquir en posteriores construcciones en suelo rústico. La única solución eficaz es la demolición: nadie se hace una casa si sabe que la del vecino se la echaron abajo y perdió toda su inversión. Con la regularización, la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos pretenden despejar la bomba de relojería que irresponsablemente han consentido desde hace casi veinte años, por activa (dando licencias ilegales) o por pasiva (mirando a otra parte), unos por intereses electorales y otros, declaradamente corruptos, por intereses crematísticos. Hemos afirmado que la regularización deja a los delincuentes urbanísticos y a las redes municipales que se beneficiaron en una impunidad total que clama la acción de la justicia, hecho que afortunadamente se va dando, aunque lamentablemente con un ritmo excesivamente lento, dados los escasos medios de que dispone la Justicia para combatir la especulación y la corrupción urbanística. Como puede comprobarse, no hay limbo jurídico para el urbanismo ilegal.
Aunque la inmensa mayoría de los propietarios y constructores de viviendas ilegales conocían perfectamente su ilegalidad y se aprovecharon de la connivencia activa o pasiva de los ayuntamientos, en algunos casos exigiéndoles a cambio una “mordida” fraudulenta, es cierto que en algunas comarcas de Málaga y Almería ha habido casos de auténticas estafas o engaños a ciudadanos de países de la UE, ahora formando parte de asociaciones como AULAN o SOHA, que pudieron comprar las viviendas “de buena fe”, ya que incluso recibieron la licencia del Ayuntamiento correspondiente y éste les había incluido como entidad cotizante de IBI y otros impuestos. Para éstos la solución no es amnistiar sus viviendas, sino denunciar al ayuntamiento correspondiente por dar una licencia de construcción en suelo no urbanizable a sabiendas de su ilegalidad y exigirles la indemnización de la inversión realizada en sus viviendas. En todo caso, las indemnizaciones no deben pagarlas los ayuntamientos, sino los alcaldes o concejales de Urbanismo que, por dejación o por haber incurrido en manifiestas ilegalidades, han permitido o autorizado la construcción de estas viviendas. Así lo permite la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que en su art. 145 establece que “La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves”. Es evidente que no existe el limbo en el urbanismo ilegal.
Acabar con la impunidad de los cargos corruptos debe incluir que se hagan cargo de las responsabilidades económicas por las actuaciones ilegales cometidas. De lo contrario, estaríamos en una situación inadmisible: los alcaldes otorgan licencias ilegales –a veces lucrándose ilegalmente – pero las indemnizaciones las pagan todos los vecinos.
En todo caso, aquellas viviendas en las que no ha prescrito la infracción, tienen que ser demolidas, porque de lo contrario quedan como testimonio de que en España las viviendas ilegales pueden ser multadas pero nunca demolidas, con lo que se proporciona un efecto llamada para todos los delincuentes urbanísticos potenciales que se acercarán a Andalucía en el futuro.
