La mina de Riotinto bajo criterios políticos y no técnicos

Ecologistas en Acción considera que el proceso de autorizaciones para la apertura de la mina de Riotinto se está realizando bajo criterios políticos y no técnicos, sin respetar los mínimos exigibles para preservar la seguridad de bienes y personas y prevenir impactos ambientales.

La asociación ecologista ha presentado alegaciones al Plan de restauración que se unen a las que ya realizó a la concesión de la Autorización Ambiental Unificada.

Alegaciones presentadas al Delegado de Medio Ambiente de Huelva

Ecologistas en Acción denunció en su día los graves problemas para la seguridad que se podían generar por las condiciones en las que se permitía el recrecimiento de las balsas mineras de Riotinto. Los antecedentes de vertidos que se han venido produciendo desde estas balsas y los problemas derivados por las carencias en su mantenimiento durante estos últimos años, generan un riesgo de rotura en cadena que podría suponer brutales impactos aguas abajo en el Río Odiel y en las poblaciones de su orilla, así como en la Ría de Huelva y en los ecosistemas de su desembocadura. Asimismo, las alegaciones ecologistas definían como inaceptable el vertido de varios millones de metros cúbicos de agua ácida y contaminada al Río Tinto procedentes del desagüe de las zonas inundadas de Pozo Alfredo, así como la destrucción de patrimonio histórico en la Corta Atalaya.

Alegaciones presentadas al Delegado Territorial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo

A pesar de todo ello, la Junta de Andalucía concede la AAU y un año más tarde, tras el anuncio de la reapertura de la mina, EMED Tartessus, empresa de dudosa solvencia, recibe una subvención de la Junta de Andalucía de 8 millones doscientos cincuenta mi euros, con la que entendemos ha cumplido parte de las obligaciones de presentar las garantías financieras que tenía con la misma Junta. A renglón seguido, presenta un proyecto de restauración que, según consta en las alegaciones de Ecologistas en Acción incumple 12 de los 46 artículos del Real Decreto 975/2009, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras. Llama especialmente la atención entre los incumplimientos la inexistencia de actuaciones para las grandes cantidades de residuos peligrosos procedentes del Polo Químico de Huelva, que se encuentran depositados desde hace 20 años en las instalaciones mineras y para los que se demoran inexplicablemente los resultados de las nuevas analíticas para su caracterización y traslado obligatorio.

Por todas estas razones Ecologistas en Acción considera incomprensible y denunciable la actitud de la Junta de Andalucía, administración que debería velar por la seguridad de la población y de los trabajadores de la instalación, así como por la preservación del medio ambiente y que en cambio, va expediendo arriesgadas autorizaciones mal fundamentadas y sin más objetivo que el oportunismo político ante su incapacidad para generar actividades productivas sostenibles que palíen el drama de desempleo que vive la cuenca minera.




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