Piden la demolición de Meseta Ski, tras la sentencia del constitucional

Por Sentencia de 7 de octubre de 2014, el Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado unánimemente la Ley 6/2010, de 28 de mayo, de Declaración de Proyecto Regional del Complejo de Ocio y Aventura Meseta Ski, recurrida en 2011 por el anterior Presidente del Gobierno por vulneración del artículo 50 de la Ley de Montes, que obliga a las Comunidades Autónomas a garantizar la restauración de los terrenos incendiados y que prohíbe su urbanización durante treinta años.

El Tribunal Constitucional, que en 2011 ya había suspendido la eficacia de dicha Ley, deja claro que la misma “pretende desarrollar el Proyecto Regional ‘Complejo de ocio y aventura Meseta-Ski’ sobre unos terrenos sujetos a las prohibiciones de cambio de uso forestal y de realización de actividades incompatibles con la regeneración de la cubierta forestal establecidas por el art. 50.1 de la Ley 43/2003, de 21 de abril de Montes […] lo que determina la consiguiente vulneración de la legislación básica del Estado”.

El Tribunal subraya que la Ley de Meseta Ski ni siquiera guarda “correspondencia sistemática alguna” con la Ley de Montes de Castilla y León, aprobada unos meses antes por las mismas Cortes de Castilla y León, que “dispone que queda prohibido el cambio de uso forestal de los montes afectados por incendios durante un plazo de treinta años, y la modificación de la clasificación urbanística de los montes afectados por incendios durante treinta años”.

De hecho, los magistrados constatan que “una serie de pronunciamientos judiciales emitidos por las diversas instancias de la Jurisdicción Contencioso-administrativa del territorio de aquella Comunidad Autónoma, coincidentes todos ellos en sostener la inobservancia de los dispuesto en el artículo 50.1 de la Ley estatal 43/2003, de Montes, han llevado al legislador de la Comunidad de Castilla y León a tomar una iniciativa legislativa encaminada a superar el sentido de aquellos fallos judiciales”.

Una vez la sentencia sea publicada en el BOE, Ecologistas en Acción pedirá al Juzgado la inmediata demolición de las obras realizadas ilegalmente, así como la restauración de los terrenos a su estado original, procediendo a reforestarlos y a reintegrarlos al monte público “Eriales de Tordesillas y Anejos” del que fueron segregados en 2007. Dicha demolición, ya acordada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Valladolid en septiembre de 2010, fue revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León un año más tarde por depender la eventual demolición de la sentencia del Tribunal Constitucional.

Ecologistas en Acción agradece al anterior Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que en su día interviniera en defensa de la legalidad y el medio ambiente, lo que no quiso hacer la entonces Defensora del Pueblo y ex-Diputada Popular María Luisa Cava de Llano, y deplora la arbitrariedad e ilegalidad de las actuaciones emprendidas por la Diputación de Valladolid, el Ayuntamiento de Tordesillas, la Junta de Castilla y León y los grupos parlamentarios popular, socialista y leonesista de las Cortes regionales, que por unanimidad y “entre aplausos” (ver Diario de Sesiones) aprobaron a sabiendas una Ley inconstitucional.

Ecologistas en Acción también recuerda: que la Diputación de Valladolid, presidida por el actual Delegado del Gobierno Ramiro Ruiz Medrano y con el Vicepresidente de la Diputación y entonces Presidente de SODEVA Alfonso Centeno como responsable directo, inicio en 2006 las obras de la pista de esquí sin licencias municipales, sin declaración de impacto ambiental y sin permiso para el cambio del uso forestal de los terrenos; que el entonces Consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, aprobó meses más tarde la declaración de impacto ambiental, aun sabiendo por sus propios técnicos que el monte había sufrido un incendio; que el entonces Alcalde de Tordesillas y hoy senador Emilio Álvarez Villazán, otorgó después las licencias municipales; que el entonces Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León, el corrupto Jesús García Galván, proporcionó ya avanzadas las obras la autorización de cambio del uso forestal de los terrenos; y que de nuevo Carlos Fernández Carriedo, ahora como portavoz parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León, promovió y consiguió la aprobación del proyecto como Ley para pasar por encima de trece resoluciones judiciales que señalaban la ilegalidad del mismo, con el concurso de los portavoces parlamentarios socialista Ana Redondo y leonesista Joaquín Otero.

Los ecologistas consideran gravísimo que todas las autoridades y representantes políticos regionales que han intervenido a favor del proyecto hayan sacrificado el principio de legalidad, la división de poderes del Estado y los derechos fundamentales amparados por la Constitución para satisfacer los intereses espurios de unos políticos locales lamentables cuyas ocurrencias van a costarnos una vez se restaure el monte más de 15 millones de euros de todos, dilapidados en un dislate imposible.

Por ello, para que la prevaricación y el despilfarro de dinero público no salgan gratis una vez más a nuestros políticos profesionales, Ecologistas en Acción propone que el centenar de procuradores regionales, diputados provinciales y concejales del Ayuntamiento de Tordesillas que aprobaron en sus diversas fases el proyecto, sufraguen con cargo a su patrimonio privado todo el dinero público despilfarrado, a 150.000 euros por cada responsable político. Y de paso, que dimitan de sus actuales cargos públicos, por su ineptitud y su manifiesto desprecio por los derechos ciudadanos, la legalidad y el interés general al que se deben.

La prohibición de recalificar terrenos forestales incendiados es una conquista histórica del movimiento ecologista que de esta manera se ve preservada del ataque de las instituciones de Castilla y León. Éstas deberían explicar su interés por los negocios privados de determinadas empresas constructoras como las promotoras o concesionarias de Meseta Ski, la Ciudad del Medio Ambiente (Soria), los vertederos de Santovenia de Pisuerga (Valladolid), Gomecello (Salamanca) y Fresno de la Ribera (Zamora), o la estación de esquí de San Glorio (León), todos aprobados por Ley para pasar por encima de resoluciones judiciales que los declaran ilegales. En los tres primeros casos, esas leyes han sido declaradas inconstitucionales, situándose así Castilla y León en la cabeza de las Comunidades Autónomas que más legisla contra la Constitución.




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