El alcalde de Sanlúcar y varios concejales imputados por delito ecológico

Ecologistas en Acción denunció judicialmente al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda en diciembre de 2000 por vertido y quema de residuos en el vertedero clandestino de la Loma de la Maina (situado en la carretera de Trebujena).

Varios informes del SEPRONA y de agentes de la Consejería de Medio Ambiente evidencian la gravedad de los hechos denunciados, por lo demás de conocimiento público: vertidos masivos de todo tipo de basuras, incluyendo residuos peligrosos, frecuentes incendios, suelos contaminados, y líquidos que rezuman hacia los campos agrícolas cercanos, hechos que persisten hasta la actualidad.

El Ayuntamiento se ha burlado de la Justicia al tardar más de una año en informar sobre los hechos, al mentir testificando que el sellado del basurero se aprobó en el año 2002; y, sobre todo, al desobedecer las reiteradas órdenes de la Consejería de Medio Ambiente para que cerrara el vertedero. Se trata no sólo de infracciones legales, sino de un presunto delito ecológico, como ahora se reconoce desde el juzgado nº 1 de Sanlúcar.

A pesar de la incomprensible paralización que durante años ha sufrido el caso en los juzgados, por fin éste parece ahora reactivarse, habiendo sido imputados como responsables de un presunto delito contra el medio ambiente, el actual alcalde, Juan Rodríguez, y varios concejales, los cuales deberán prestar declaración en el juzgado el próximo miércoles 14 de septiembre. Tales concejales son el alcalde en funciones Rafael Rubio; y los delegados municipales de medio ambiente y obras y servicios desde el año 2000 José Manuel López Ibáñez, Marco Antonio Caballero y Montserrat Caputto.

Desde Ecologistas en Acción se espera que ante la situación de infracción continuada y riesgos para la salud pública y el medio ambiente la jueza ordene al Ayuntamiento, como medida cautelar, la clausura del vertedero, medida solicitada hace ya más de un año tanto por el fiscal como por el abogado de Ecologistas en Acción. Igualmente la asociación ecologista espera del fiscal del caso que esté presente el miércoles y que ponga su mayor interés y profesionalidad en la defensa del salud pública y del medio ambiente.

En estos días en los que se ha venido hablando extensamente de la necesidad de reforzar la lucha contra los delitos ambientales (en referencia a los incendios forestales), nos encontramos aquí con un caso en el que el desinterés y la lentitud judicial han creado hasta ahora, una lamentable sensación de impunidad. Esperamos y deseamos que esta situación se torne en respeto a la ley y la protección de la salud y del medio ambiente.




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