Y es que 25 años después de su entrada en la U E, España sigue enviando a vertedero la mayor parte de sus residuos, acompañando a países como Rumania, Bulgaria, Chipre o Polonia en los últimos lugares de la lista de Eurostat en cuanto a gestión de residuos.
Es cierto que se ha avanzado en cuanto a dotarnos de infraestructuras de gestión, pero esas inversiones no han ido acompañadas de resultados tangibles. La Nueva Economía Circular que promueve Bruselas nos exige poner fin a los vertederos como supuesta alternativa de gestión, no solo por sus costes económicos y ambientales, sino también por el tremendo despilfarro de recursos que conlleva la (in)cultura del usar y tirar. La estrategia del «Vertido 0» no es ya una reclamación ecologista solamente, sino un requerimiento legal.
¿Qué es lo que ha fallado en el problema de las basuras urbanas? Aparte de la incompetencia de muchos gestores y la renuncia de muchos ayuntamientos a soportar los costes de gestión y traducirlos en precios reales, el problema es de base: el sistema de contenedores de colores (gris, amarillo, verde, azul), más puntos limpios, no es válido. Primero porque es falso que el contenedor gris acoja sólo materia orgánica, bien al contrario, alberga toda la basura mezclada que el usuario no sabe o no quiere o no puede separar. En el caso de los contenedores amarillos para envases, han supuesto una postergación total del envase retornable, además de que en muchos casos el porcentaje de rechazo no valorizable hace mirar con desconfianza a la gestión de Ecoembes.
¿Qué alternativas son las que debemos sin dilaciones poner en marcha? Usar instrumentos económicos como las tasas al vertido y la incineración, programas de pago por generación, de responsabilidad ampliada del productor, sistemas de depósito y retorno de envases, implantación de 5º contenedor para la fracción orgánica fermentable de los residuos domésticos o, mejor aún, desarrollar experiencias de recogida «puerta a puerta», como exitosamente están llevando a cabo más de 100 municipios en Cataluña y otros en Gipuzkoa y Navarra.
Necesitamos una transición hacia una sociedad eficiente en el uso de los recursos, que responsabilice al ciudadano con los residuos que genera. Los mensajes que hasta ahora se han venido lanzando son erráticos: lo que tiene que hacer el consumidor no es reciclar sus desechos, sino separar para facilitar su recuperación. Mucho mejor que separar en planta residuos mezclados y contaminados, es separar en los domicilios todo lo que se pueda y así optimizar su aprovechamiento. En particular, si la fracción orgánica de la basura (el 42 %) se recogiera selectivamente, obtendríamos un compost de calidad y no el «biorresiduo» que sale en la actualidad de las plantas de compostaje. Elías Castillo, de la Agencia de Residuos catalana es contundente al respecto: «las plantas de tratamiento mecánico biológico no sirven para nada».
El problema reside en que el sistema actual imperante, además de no penalizar el vertido de residuos, se basa en el anonimato y la voluntariedad; no se sanciona ni se identifica a quienes no separan sus basuras. Al igual que en el consumo de agua, de gas o de electricidad, debemos transitar a un sistema de «pay as you throw«, o sea, pagar en función de lo que generes o lo que consumas. En este sentido, los sistemas de recogida puerta a puerta para basuras domiciliarias o los de devolución, depósito y retorno para envases, son los mejores para alcanzar estas metas.
Otro obstáculo considerable para revertir esta situación es el nivel de malas prácticas establecidas en el tratamiento de los residuos, porque en opinión de Alicia García –Franco, de la Federación Española de Reciclaje, «el nivel de intrusismo y competencia desleal es actualmente de magnitudes ingobernables». No hace falta remitirse a lo sucedido en la Vega Baja de Alicante con Ángel Fenoll y el sarpullido de vertederos ilegales por toda la comarca de Orihuela, para comprobar que muchas veces en el negocio de las basuras lo que menos huele es el residuo. La inhibición de la Administración autonómica a la hora de hacer cumplir la Ley (la competencia sobre los residuos está transferida a las comunidades autónomas), tiene una buena parte de responsabilidad en este descontrol.
En la Circular Economy Package de la Comisión Europea de julio pasado está incluido el compromiso de que en 2020 la mitad de los residuos municipales se reciclen. Si no queremos que el Tribunal de Justicia europeo nos imponga las sanciones económicas pertinentes, el cambio de rumbo es obligado. Como alertó Retorna en su Informe «Un yacimiento en la basura», más de dos terceras partes de los 24 millones de toneladas de residuos municipales que cada año generan los españoles van a parar a vertederos. La incineración (valorización energética), que pretende presentarse como solución al problema, no lo es en absoluto, pues en la práctica compite con el reciclado, representa un foco de atracción de residuos y no ha resuelto satisfactoriamente los problemas de contaminación que arrastra.
Otro problema no resuelto es la situación de virtual oligopolio del entramado empresarial que se encarga de la recogida y gestión de las basuras. Ya el año pasado la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) expedientó a asociaciones y empresas del sector por intentar crear un cártel. FCC, Urbaser (ACS), Sufi-Sacyr (Valoriza) y Cespa (Ferrovial) se llevan el grueso de las contratas. Precisamente la adopción de un nuevo modelo de gestión de las basuras, con la recogida selectiva en origen y la devolución y retorno para los envases, permitiría abrir el sector y que cooperativas y empresas de trabajo social y solidario entraran en esta nueva economía. El «pastel» de los residuos urbanos (las plantas gestoras facturaron el año pasado 1.250 millones de euros) tiene que ser compartido con nuevos actores y nuevas ideas.
Si nos ocupamos de los envases, la situación viene presidida por un Sistema Integrado de Gestión, Ecoembes, que funciona en régimen de monopolio, con resultados de reciclado muy por debajo de lo que proclama su publicidad y con una acción de permanente boicot a todo sistema de devolución y retorno. No pedimos que Ecoembes desaparezca, sino que opere paralelamente al sistema del envase retornable.
El Plan Nacional Integrado de Residuos tiene que ser revisado en profundidad, con las premisas arriba enunciadas. Las tres erres (reducción, reutilización y reciclado) tienen que pasar de ser meros enunciados retóricos a ser pautas de actuación generalizadas.
El gobierno francés de Hollande acaba de lanzar medidas prácticas para evitar la obsolescencia programada, una de cuyas consecuencias es la generación de residuos innecesarios. Esta es la señal de la genuina sostenibilidad: evitar el despilfarro, alargar la vida útil de los dispositivos y asegurar su reparabilidad. El caso de los RAEE (residuos de aparatos eléctricos y electrónicos) es paradigmático y bochornoso: un porcentaje mayoritario, que los propios gestores cifran en un 70% de estos residuos, están siendo desviados de los puntos limpios y plantas de reciclaje para su achatarramiento en condiciones deplorables, sin que las denuncias de la Guardia Civil y las Fiscalías de Medio Ambiente surtan efecto. Que los RAEE se estén llevando a chatarrerías, desguaces y vertederos, sin que la tasa por reciclado que pagamos se aplique para el fin de recuperación, es una apropiación indebida por parte de los fabricantes, una práctica intolerable y una amenaza evidente para la salud, pues muchos de los componentes de estos aparatos contienen sustancias peligrosas.
Hay que romper el correlato de que un mayor nivel de desarrollo implique inexorablemente un aumento de la cantidad de residuos producidos por habitante y más especialmente de la producción de residuos urbanos. Introducir una nueva cultura con los residuos implica un cambio de modelo de gestión y el compromiso de todas las partes concernidas: fabricantes, comerciantes, usuarios, gestores de residuos y Administración. Limitar este esfuerzo a la mera «concienciación ciudadana», sin contemplar toda la cadena de valor del producto, y restringir las medidas a acuerdos voluntarios, es un anticipo del fracaso. Las «guías de prevención», los «planes de minimización» y las «campañas de sensibilización», se convierten en cartas a los Reyes Magos si no van acompañados de compromisos reales.
La obsolescencia programada y el acortamiento de la vida útil de los objetos son realidades que la industria impone sin que la Administración haga nada, provocando residuos innecesarios. Llamamos a la ciudadanía a la contención en el consumo, a separar adecuadamente los residuos para favorecer su reciclaje y a presionar a la Administración para que la alternativa de las tres erres (Reducción, Reutilización y Reciclaje) deje de ser una quimera y se convierta en una consolidada realidad.
Mejor que separar en planta es no juntar en origen, solo la recogida diferenciada de la materia orgánica fermentable de las basuras domésticas (42%) para su compostaje, la reutilización y la recuperación de supuestos desechos, aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, muebles, etc., y el reciclado del resto, garantizan una salida para los residuos basada en la ética ambiental y la justicia social.
Daniel López Marijuán, Ecologistas en Acción
