Imputado el responsable de aguas de la Mina Cobre las Cruces

El Juzgado nº3 de Instrucción le imputa por la extracción ilegal de más de 2,5 millones de m3 de aguas subterráneas entre noviembre de 2010 y 2013, llegando a manipular incluso algunos contadores.

El jueves 27 de noviembre, a las 11:30 de la mañana, está citado a declarar como imputado el responsable de aguas de la mina Cobre Las Cruces (CLC), Juan Carlos Baquero Úbeda, dentro de las Diligencias Previas 2935/15 que se siguen en el Juzgado nº3 de Instrucción de Sevilla.

Las citadas diligencias previas comenzaron en mayo de 2014, a raíz de la denuncia interpuesta por la Fiscalía de Medio Ambiente de Sevilla, que culminó las Diligencias de Investigación 105/2013, a raíz de la denuncia interpuesta por Ecologistas en Acción en septiembre de 2013. En dichas investigaciones se detectó una extracción ilegal de agua del acuífero Gerena-Posadas de 2.592.201 m3 por encima de lo autorizado, entre los meses de noviembre de 2010 hasta noviembre de 2013. Los daños al acuífero se han evaluado inicialmente en 289.636 euros.

Resulta que este acuífero está declarado como reserva estratégica para abastecimiento humano en el Plan Hidrológico del Guadalquivir (PHG) aprobado en mayo de 2013. Y por ello las extracciones de agua están absolutamente restringidas, para que sirva de garantía de abastecimiento en épocas de sequía para el Aljarafe y parte del área metropolitana de Sevilla, como ya ocurrió en el año 1995.

En el pasado mes de julio, el SEPRONA de la Guardia Civil, por orden del Juzgado nº3, tomo declaración como imputados por estos hechos al propio Juan Carlos Baquero y a otros siete altos cargos de CLC de la multinacional Inmet Mining Corporation, entre los que estaba su Consejero Delegado desde julio de 2010, Damien Marantelli, que también es presidente de la Fundación Cobre Las Cruces, el director de mina, Luis Alberto Vega Cano, los apoderados de CLC Stuart Anderson Tevendale, Ramón Naranjo Núñez, Juan Francisco Román Gallego, Carlos Frías Gómez, y el también responsable Enrique Guerrero Serón.

Resulta además que las investigaciones realizadas por el Juzgado han confirmado que la situación de extracción ilegal de aguas se sigue manteniendo de manera regular y continuada, sin que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), competente en la protección del acuífero tome las medidas oportunas.

Resulta sorprendente que la propia CHG, pocos días antes de que la Fiscalía iniciara las investigaciones, caducó el 1 de octubre de 2013 un expediente sancionador a CLC iniciado en 2012, y es muy llamativo, que a raíz de la denuncia de Ecologistas en Acción y una vez que se concretó la denuncia en el Juzgado, la CHG ha reiniciado dicho expediente en mayo de 2014.

CLC sólo cuenta con una concesión de aguas subterráneas de 180.000 m3/año, obtenida en 2004, de los que 20.000 m3/año son para uso doméstico en sus instalaciones y el resto para uso industrial en su Planta Hidrometalúrgica. Según el proyecto inicial de CLC, ese resto de 160.000 m3/año es lo que el Sistema de Drenaje Reinyección (SDR) no podría interceptar.

Este sistema SDR sigue sin cumplir con los objetivos exigidos en la Declaración de Impacto Ambiental de 2002. Desde ese mismo año Ecologistas en Acción advirtió que CLC no cumpliría con esas restricciones y que usaría las reservas del acuífero a su antojo. Y así lo está haciendo desde 2005 hasta la actualidad, sin que las administraciones competentes lo hayan nunca impedido.

Ecologistas en Acción considera que estos hechos desmienten la falsa teoría de la Junta de Andalucía y del Gobierno Central de que las explotaciones mineras en la franja pirítica de Huelva y Sevilla se van a realizar con las máximas garantías medioambientales. Ambas administraciones ponen a Cobre Las Cruces (CLC) como ejemplo de buena gestión medioambiental para justificar las reaperturas de Aznalcóllar y Rio Tinto, pero la realidad es que, una vez que consiguen los permisos ambientales y de explotación, las empresas mineras nunca cumplen con los requisitos medioambientales que ellas mismas fijan en sus proyectos, incluso en proyectos altamente rentables económicamente como el de CLC.

Desde Ecologistas en Acción exigimos el inmediato cese del responsable de aguas de CLC, y de los responsables de dejación de funciones de la Junta de Andalucía y de la CHG, que siguen permitiendo y avalando un proyecto altamente dañino para el medio ambiente.




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