Probablemente sea este incumplimiento en los tres años de legislatura y la nula voluntad de cumplirlo en el año que resta, una de las causas que han llevado a Susana Díaz a disolver el Parlamento, con la creencia de que nadie le pedirá responsabilidades. La sra. presidenta no pude aducir precisamente este adelanto electoral para justificar los incumplimientos del programa de gobierno, ya que ella es la única responsable de este adelanto injustificado, realizado precipitadamente por sus intereses personales y partidistas.
Los ecologistas creemos que los programas están para cumplirse y en los ámbitos de medio ambiente y urbanismo los incumplimientos son totales: ni una sola ley de las comprometidas se ha aprobado, ni una de las medidas anunciadas se ha aplicado. Entre los incumplimientos más graves y flagrantes están:
Leyes no aprobadas:
Nueva Ley Autonómica de Espacios Protegidos de Andalucía.
Ley de Fiscalidad Ecológica.
Ley de Movilidad Sostenible
Ley contra el Cambio Climático.
Planes, proyectos y compromisos ni aprobados ni ejecutados:
Lograr que el 100% del territorio de Andalucía depuren sus aguas en 2015.
Recuperación del buen estado ecológico de todas las masas de agua.
Desarrollaremos un sistema de indicadores por parte del Observatorio del Agua, mejorando la orientación social y la transparencia en la gestión del agua.
Impulsaremos una intervención integral en el río Guadalquivir, aglutinando los múltiples recursos que confluyen a lo largo de su curso fluvial y afianzando su función de elemento vertebrador del territorio.
Sostenibilidad y cohesión, que comprende la conservación de la naturaleza, gestionar el agua como patrimonio común, público y recurso estratégico, la necesidad de un territorio equilibrado y el desarrollo del mundo rural.
Desarrollo del Plan Forestal de Andalucía.
Promoción de la ecoinnovación, centrada en la producción con tecnologías limpias y el agua.
Impulso a la Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana, que abordará materias como el urbanismo, la edificación, la movilidad y el uso de los recursos naturales y energéticos.
Articulación de la participación social en la gestión de las políticas ambientales.
Aprobación y puesta en marcha de los Planes de Calidad del Aire.
Lucha contra el cambio climático y en la consecución de los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas y a los compromisos internacionales para reducir las emisiones de CO2.
Elaboración del Programa Andaluz de Suelos Contaminados.
Apoyo a pequeñas instalaciones de generación eléctrica, básicamente minieólicas y fotovoltaicas, destinadas al auto consumo, así como la conversión de plantas de generación tradicionales en renovables.
Compromiso de no regresión en los derechos y en las políticas de ordenación del territorio y de medio ambiente.
Impulso a un modelo de ordenación del territorio ecológicamente sostenible, socialmente justo y territorialmente equilibrado.
Desarrollo de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía de forma prioritaria para hacer frente a la especulación, potenciar la intervención pública en suelo y vivienda.
Promoción de la participación de la participación de manera efectiva y real en la elaboración, modificación y revisión de todos los instrumentos de Planificación y ordenación del territorio, de todos los ciudadanos y ciudadanas y sus asociaciones.
Defensa del litoral andaluz frente a la reforma de la Ley de Costas, que permita preservar nuestro litoral, ya castigado por las construcciones y urbanizaciones tales como el Hotel el Algarrobico pendiente de demolición y otras que han degradado y devastado el litoral andaluz.
Defensa de un modelo de ciudad compacta, con unas adecuadas dotaciones de servicios públicos que apuesten por un modelo de movilidad sostenible sustentado en el transporte público y los medios no motorizados.
Compromiso de priorizar la rehabilitación del patrimonio existente y la puesta en valor de las viviendas vacías sobre la construcción de nuevos inmuebles.
Promoción de la cooperación internacional para el desarrollo en el presupuesto de la Junta de Andalucía sin abandonar el objetivo de alcanzar el 0.7%.
Así mismo se han quedado en el cajón de los despropósitos una serie de medidas de gran interés, que reforzaría la transparencia, la participación y el control ciudadano de los gestores públicos:
Ley de Participación Ciudadana e Institucional.
Planes de evaluación participativa de las políticas públicas.
Carta de Derechos de la Ciudadanía.
Código Ético del Servicio Público Andaluz.
Modificación del Reglamento del Parlamento de Andalucía en materia de participación ciudadana.
Ni siquiera han aprobado el Plan de Protección del Litoral que heredaron del anterior Gobierno, y que la actual consejera ha mantenido ralentizado sin siquiera plantear su aprobación en el Consejo de Gobierno.
Ahora, por sus exclusivos intereses, y no por los de los andaluces como aduce, la sra. presidenta paraliza la administración autonómica y se deja sin aprobar la mayor parte de los compromisos de esta legislatura. Todo muy lamentable.
