Impugnan el concurso minero impulsado por Susana Díaz

Desde 2013 la Junta de Andalucía fomenta la especulación minera en 330.000 hectáreas del territorio andaluz.

La fiebre minera que viene padeciendo el ejecutivo andaluz en los últimos años ha alcanzado el delirio jurídico con el anuncio de la presidenta Susana Díaz, y la publicación el pasado mes de diciembre, de 8 nuevos concursos públicos de registros mineros en las 8 provincias andaluzas, con un total de 367 permisos de investigación y concesiones de explotación que estaban caducados y que afectan gravemente a espacios naturales protegidos.

La Dirección General de Industria, Energía y Minas, ha convocado estos concursos sin realizar previamente el correspondiente procedimiento de evaluación ambiental y, por tanto, sin la participación social obligada por la legislación vigente.

Muchos de estos permisos mineros afectan gravemente a espacios naturales protegidos y están expresamente prohibidos por los planes de gestión de la Red Natura 2000, por ello, los concursos convocados contravienen la Directiva Hábitas, la Ley de Patrimonio Natural y la legislación europea y española en materia de Evaluación Ambiental Estratégica. Por ese motivo, todos estos concursos han sido impugnados por Ecologistas en Acción ante el Consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

Con el mero anuncio de declararlos francos la Administración andaluza pretende adjudicar unos permisos y concesiones, a nuestro entender, ilegales, obviando un ineludible procedimiento de evaluación ambiental y de participación ciudadana.

Además de la lesión a los intereses públicos afectados por la falta de evaluación ambiental, tampoco los aspirantes a estas adjudicaciones en los espacios protegidos tienen garantizada la explotación a tenor de las propias bases de estos concursos que exonera a la Junta de Andalucía de toda responsabilidad respecto al cumplimento del condicionado ambiental que deban cumplir en estos mismos espacios.

Ante este sorprendente anuncio hecho público por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y publicado posteriormente en BOJA, Ecologistas en Acción de Andalucía interpela a la presidenta para que aclare el encaje legal de esta iniciativa con la normativa medioambiental que protege los espacios naturales afectados por el concurso, que explique porque no se ha tenido en cuenta el principio de integración de la política medioambiental y porque no se ha respetado la participación de las organizaciones que actúan en la defensa del medio ambiente en la elaboración de este Plan público con incidencia ambiental en un gran número de espacios protegidos andaluces. A este respecto la única información que consta, en palabras de la propia presidenta es haber realizado “una planificación consensuada con el sector”, lo que hace suponer que el Plan sólo ha sido consensuado con los promotores mineros.

El Gobierno de la Junta de Andalucía, en un juego estrictamente electoralista, no duda en engañar incluso a los posibles inversores mineros, ofreciéndoles unos terrenos para ejercer una actividad minera que, en muchos de los casos, está expresamente prohibida por las propias normas de los espacios naturales protegidos por la Junta de Andalucía. En este sentido la Dirección General de Industria, Energía y Minas ha ignorado hasta su propia planificación minera recogida en el PORMIAN y en la Nueva Estrategia Minera que la propia Junta de Andalucía estaba realizando.

La creación de empleo a cualquier precio resulta costosa y contraproducente a medio y largo plazo tanto a nivel social como ambiental. El reciente ejemplo del proyecto Castor lo demuestra.

A la hora de reactivar la actividad minera en estos espacios en base a unos registros originados en tiempos pasados, la Administración no valora adecuadamente la nueva realidad ambiental y social y no valora que la actividad minera que constituye una actividad depredadora del territorio y excluyente de otros usos más sostenibles y compatibles con los valores que han originado la protección de estos espacios. Estos usos sostenibles son capaces de generar en el tiempo un empleo más extensivo y de mayor distribución social de riqueza.

Especialmente sangrante es el caso del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar con una veintena de concesiones. Uno de los espacios españoles con mayor número de figuras de protección, único en el mediterráneo y de gran proyección mundial. Y el caso del Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla, fuertemente afectado por la actividad minera agresiva. En espacios como estos, que tienen su mayor activo en los valores naturales y paisajísticos es inaceptable la autorización de actuaciones incompatibles con la preservación del mismo.

La propia normativa que protege estos espacios es un ejemplo claro de la imposibilidad de llevar a cabo los propósitos de los concursos mineros convocados.

Por todo ello, Ecologistas en Acción de Andalucía ha interpuesto 16 recursos de alzada ante la Consejería de industria, confía obtener una resolución favorable a todos ellos y así no tener que acudir a la vía judicial, hecho que supondría un importante nivel de inseguridad jurídica que llevará a anular en el futuro permisos mineros incompatibles con la legalidad ambiental vigente.




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