El proyecto de Ley del Sector de Hidrocarburos, presentado en el Congreso de los Diputados, regula medidas tributarias y no tributarias en relación con la exploración, investigación y explotación de hidrocarburos. Con esta modificación se consumaría la firme voluntad del Gobierno de consolidar un modelo energético antiguo, ineficiente, irresponsable y muy dependiente de los combustibles fósiles, como critica Ecologistas en Acción.

El proyecto de ley de hidrocarburos apuesta decididamente por convertir el Estado español en un centro de intercambio de gas que incentive el consumo y la reexportación de gas proveniente del exterior, además de por promover la extracción de hidrocarburos mediante la extracción en aguas profundas y la fractura hidráulica (fracking en inglés), técnicas contaminantes y muy cuestionadas.

Este modelo por el que apuesta el Gobierno atenta contra unos principios básicos de responsabilidad ante la crisis climática y energética. Un tercio de las reservas de petróleo, la mitad de las de gas y más del 80 % de las reservas de carbón actuales deberían permanecer intactas en el subsuelo en los próximos 40 años para tener alguna probabilidad de limitar el calentamiento global a 2ºC por encima de los niveles previos a la industrialización.

Es especialmente criticable, que, ante el debate social que se está dando sobre algunos saltos tecnológicos, como el uso de la fractura hidráulica, se pretenda pervertir el concepto de reparto social de los beneficios de las actividades económicas. Puede interpretarse como un “soborno” frente a la oposición ciudadana frente a la fractura hidráulica. Es cuestionable desde el punto de vista legal, ya que supondría una expropiación del subsuelo, que, por ley, pertenecen a toda la sociedad. La medida planteada ahora por el gobierno se suma a otras medidas ya tomadas durante estos meses atrás que atentan contra la democracia, como impedir la realización de las consultas o denunciar ante el Tribunal Constitucional leyes autonómicas contra la fractura hidraúlica.

La aparición de nuevas amenazas sobre la salud y el medio ambiente europeo, como es el caso de los proyectos de fractura hidráulica, ha puesto sobre la mesa el gran poder que tiene la legislación, tanto de minería, como en el caso que nos ocupa, de hidrocarburos.

Desde Ecologistas en Acción se observa con preocupación como, en muchos casos, los derechos de extracción priman sobre los derechos de los ciudadanos y las autoridades políticas locales a menudo no pueden influir sobre los posibles proyectos, ya que estos son autorizados por los gobiernos nacionales o estatales y sus autoridades, con unas legislaciones nacionales que a menudo se basan en necesidades de carácter histórico, especialmente marcado por las crisis energéticas de los años 70, no existiendo una Directiva marco europea en materia de minería. Esto presenta un problema por lo que se debería evaluar la necesidad y el posible ámbito de aplicación de una Directiva marco sobre la minería.