Piden al Gobierno que cese en sus políticas de apoyo a los agrocombustibles

¿Proteger las inversiones de la industria o garantizar que los combustibles no compitan con la alimentación humana ni generen más emisiones de CO2? La reforma de las políticas europeas de agrocombustibles alcanza su fase final en el llamado “triálogo” entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo de la UE. Mañana, martes, tendrá lugar una reunión entre ministros de Industria y Energía y representantes parlamentarios que podría ser definitiva. Coalición Clima, la Coordinadora de ONGD-España y Plataforma Rural [1] han enviado una carta a José Manuel Soria, Ministro de Industria y Energía, insistiendo en la necesidad de que el Gobierno español abandone sus posiciones de bloqueo.

Carta al Ministro de Industria y Energía sobre agrocombustibles

Los agrocombustibles son biocarburantes producidos con materias primas de origen agrario. Tienen impactos negativos sobre el cambio climático, la seguridad alimentaria y el acceso a recursos imprescindibles como el agua o la tierra. Sin embargo, persisten los sectores que los defienden como energías renovables y limpias.

“En el momento actual de las negociaciones, es imprescindible alcanzar un acuerdo que reduzca el uso de aquellos biocarburantes dañinos para el medio ambiente y las comunidades” explica la carta enviada a Soria. Para las plataformas firmantes, en las que participa Ecologistas en Acción, “el Gobierno español está a tiempo de corregir sus posturas respecto a las negociaciones previas, alejarse de las posiciones de aquellos estados menos comprometidos con la lucha contra el cambio climático y el derecho a la alimentación”.

La misiva también alerta, además, del riesgo de ser sancionados por la Comisión Europea por no aplicar los criterios de sostenibilidad para los biocarburantes recogidos en la directiva de energías renovables, RED. España es el único gran actor europeo en el mercado de agrocombustibles que incumple este requisito legal, situación que ha dado lugar a un procedimiento de infracción (num. CHAP(2013)03972), a partir de una denuncia de Ecologistas en Acción. Dicho procedimiento podría traducirse en cualquier momento en una sanción económica.

En las negociaciones que tienen lugar en Bruselas, son tres los principales elementos a debate: el límite en el uso de agrocombustibles de primera generación (los fabricados a partir de materias agrarias) para reducir su competencia por alimentos y suelos cultivables; cómo contabilizar las emisiones derivadas de cambios indirectos en los usos de suelo, conocidos como ILUC; y el fomento de biocarburantes de segunda generación, es decir, aquellos cuya materia prima no son alimentos.

Las plataformas firmantes consideran la posición defendida por el Gobierno español y el Consejo “muy alejada de la respuesta necesaria a las crisis climática, energética o alimentaria”. Denuncian tanto la batería de medidas para no contabilizar las emisiones indirectas por ILUC, como el límite en el uso de agrocombustibles de primera generación del 7% defendido por el Consejo (frente al 5% propuesto por la Comisión o el 6% que defiende el Parlamento, y que incluye también cultivos energéticos), que prioriza “la protección de las inversiones realizadas para la fabricación de agrocombustibles, que en el caso español, no respondieron a ninguna planificación o estimación de consumos razonables, ni a la disponibilidad de materias primas autóctonas excedentarias”.

Los firmantes instan al Ministro Soria a contribuir en las negociaciones a alcanzar un acuerdo que limite al máximo el consumo de agrocombustibles; incluya lo antes posible -en base a los últimos estudios científicos- los factores ILUC en la contabilidad de las emisiones; y promueva únicamente aquellos biocarburantes avanzados cuya producción o consumo sea realmente sostenible. La clave para un transporte europeo más sostenible es, para las organizaciones firmantes, “una reducción sustancial de sus elevadísimos consumos energéticos, mediante medidas de gestión de la demanda, de ahorro y eficiencia energética, y mediante políticas de movilidad sostenible.”




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