El 28 de marzo de 1979 se produjo el accidente de Harrisburg en EE UU, que impuso un freno a la expansión nuclear en el mundo e internacionalizo la oposición antinuclear. En este aniversario, Ecologistas en Acción quiere recordar el peligro que supone mantener las nucleares en funcionamiento y pide el cierre inmediato de las centrales con más de 30 años.

El accidente de la Isla de las Tres Millas (Harrisburg, Pensilvania) se produjo por una interrupción de la refrigeración del núcleo y dio lugar a que este se fundiera. Los técnicos de la central se vieron obligados a realizar un venteo de hidrógeno contaminado que, sin duda tuvo incidencias sobre la salud de las personas que vivían cerca de la central, aunque oficialmente solo se ha reconocido una víctima.

Este accidente puso de manifiesto el peligro que supone mantener estas instalaciones en funcionamiento y demostró que las medidas de seguridad no eran suficientes para garantizar la seguridad. Tras este accidente se modificaron las contenciones y los sistemas de venteo de las centrales nucleares occidentales. Sin embargo, estas modificaciones no pudieron impedir el accidente de Fukushima (Japón), ni, por cierto, el de Vandellós I (Tarragona) en 1989.

Los operadores de las centrales nucleares intentan por todos los medios alargar la vida de estas instalaciones más allá de lo sensato. En el sistema eléctrico español una central amortizada es un verdadero negocio porque puede cobrar la electricidad a 6 veces su valor, dando unos márgenes de beneficio desmesurados para una actividad industrial. Sin embargo, este alargamiento de vida implica aumentar el riesgo de accidente de forma inaceptable, dados los problemas asociados al envejecimiento de la central: avance de la corrosión, degradación de sistemas de seguridad, obsolescencia de numerosas instalaciones, etc.

Por todo ello, Ecologistas en Acción pide cerrar las centrales españolas según vayan cumpliendo 30 años, de tal forma que no supongan un riesgo inaceptable y no impliquen que los poderes públicos deban indemnizar a sus propietarios, lo que recaería finalmente sobre los bolsillos de los consumidores.

La mayor parte del parque nuclear español supera los 30 años: Garoña (Burgos), la más antigua con 44 años; Almaraz I y II (Cáceres) 32 y 31 años, respectivamente; Ascó I (Tarragona) 31 años, y Cofrentes (Valencia) 30 años, por lo que ya deberían estar cerradas o preparando su cese de explotación; Ascó II (Tarragona) cumplirá 30 años en 2016, mientras que Vandellós II (Tarragona) y Trillo (Guadalajara), deberían cerrar en 2018.

Este calendario de cierre es perfectamente asumible dada la sobrepotencia eléctrica del sistema español. Por otra parte, permite que los operadores de las centrales recuperen sus inversiones y el cierre no sea oneroso para los ciudadanos. No hay peligro alguno de desabastecimiento, ya que el parque eléctrico español permite prescindir sin problemas de los 7.400 MW aportados por las nucleares. En efecto, la potencia instalada es de unos 104.000 MW, muy superior a la máxima demanda, del orden de unos 45.000 MW.