Nuestra asociación ha recibido con alegría la paralización del proyecto de ampliación del puerto de Melilla, según anunciaron el sábado 28 de marzo algunos medios locales.

El hecho de que no haya empresas capacitadas para sacar adelante la redacción y asesoramiento de un proyecto que va en contra de la legislación española en materia de conservación de biodiversidad es para nosotros un asunto de sentido común.

Pero que sea ahora la Abogacía del Estado la que ponga un palo en las ruedas del proyecto dictaminando que las empresas que se presentaron al concurso no podían concursar, nos parece mucho mejor, porque creemos que el proyecto no viene a solucionar ningún problema en nuestra ciudad.

La Autoridad Portuaria de Melilla tiene que resolver el problema de sus cuentas, que son deficitarias según los informes públicos sobre las mismas; es el 2º puerto con más pérdidas de toda España. Este hecho ha motivado, en nuestra opinión, la entrega a empresas privadas de los terrenos de la Marina Seca, un espacio hasta ahora público, que se concedió para actividades de una empresa textil y de calzado y ahora finalmente parece que se van a destinar además a un McDonald´s.

La decisión de dejar desierto el concurso tendrá consecuencias. Una de ellas es que el presidente Imbroda no podrá cumplir con su palabra y, en cambio, lo afirmado por Guelaya Ecologistas en Acción se cumplirá al pie de la letra: No es posible que las obras empiecen este año.

El panorama es como sigue:

Hay que comenzar otra vez con el concurso público para contratar a quien haga el proyecto. Eso es cosa de meses.

Cuando se oferte nuevamente el concurso, con sus meses para presentar ofertas, y se vuelva a resolver, estaremos a finales de año, y en ese momento, cuando haya un proyecto técnico que valorar, comenzará la evaluación ambiental del proyecto, para el que hay un plazo de 18 meses, que ya está iniciado, y que debe empezar a poner nervioso a más de uno porque si se pasan los 18 meses, se acabó el proyecto.

Es decir, el proyecto de ampliación del puerto seguramente no se va a ejecutar porque va contra el sentido común, contra los intereses de los melillenses, contra el medio ambiente y contra la legislación española. Los reiterados anuncios por parte de nuestras autoridades de que el proyecto ya estaba en marcha y la ampliación no tenía marcha atrás tienen mucho que ver, en nuestra opinión, con un intento de captar votos y de desviar la atención sobre los muchos problemas judiciales que les acosan. Las estadísticas no mienten: La clase política melillense actual es una de las más imputadas de España.