Fútbol y pelotazos urbanísticos



Ayudas públicas irregulares y exenciones fiscales se camuflan en un escenario de apoyo social a este deporte.

Rodrigo Calvo, Rafael Córdoba, Cristina Fernández, Belén García y Mª Ángeles Nieto [1]. Revista El Ecologista nº 84.

Distintos clubs de fútbol españoles gozan de tratos de favor fiscales, urbanísticos y normativos, por los que la Comisión Europea está investigando sobre una posible vulneración de la normativa comunitaria. Algunos de los más poderosos gozan de ventajas fiscales debido a que son considerados sociedades no lucrativas. Clubs como el Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic de Bilbao o Valencia han sido beneficiados por inversiones públicas y operaciones urbanísticas de dudosa legalidad.

Queremos acercarnos al fútbol desde el punto de vista de la fortaleza financiera de alguno de sus clubs. Esta, en ocasiones, es lograda gracias a la ayuda de instituciones gubernamentales que permite una fiscalidad ventajosa y pelotazos inmobiliarios [2].

La alerta surgió en 2012, cuando la Comisión Europea recibe denuncias de ciudadanos y entidades sobre las ayudas públicas a clubs. Comienza una recogida de información sobre la financiación del fútbol profesional en la Unión Europea y su impacto en la aplicación de las normas sobre ayudas estatales del Tratado Fundacional. Las investigaciones se centran en las ayudas que estarían desfigurando la competencia entre clubs, ya sea por no convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas, por haber recibido préstamos y avales especiales o por llevar a cabo dudosas operaciones urbanísticas.

Trato fiscal privilegiado

En 1990 se aprobó la Ley del Deporte que obligaba a los clubs deportivos profesionales españoles a convertirse en sociedades anónimas deportivas, para una mejor gestión en caso de pérdidas. La Ley eximía a equipos que demostraran una buena gestión con el régimen asociativo, contando con un saldo positivo en los cuatro o cinco últimos años. Se beneficiaron Real Madrid CF, Athletic Club de Bilbao, Club Atlético Osasuna y FC Barcelona. Este privilegio es permanente, lo que podría hacer sospechar que dicha ley solo persiguiera beneficiar a algunos de ellos.

Mantener la condición de club y no pasar a sociedad anónima supone un beneficio en el régimen fiscal aplicable. Los clubs deportivos se consideran entidades sin ánimo de lucro, por lo que están parcialmente exentos del impuesto sobre sociedades con arreglo a su Ley reguladora [3]. Como resultado, tributan por sus ingresos comerciales a un tipo reducido del 25% en lugar de al tipo general del 30%.

Cualquier reducción fiscal es un ingreso menos que recibe el Estado y debe estar debidamente justificado. Sin embargo, en los clubs considerados entidades sin ánimo de lucro, la mayoría de sus actividades profesionales son lucrativas. Por ejemplo, de los 512 millones de euros que obtuvo el Real Madrid en la temporada 2011/12, sólo el 26% fueron de entradas y cuotas. El resto procedía de derechos de radiodifusión, patrocinios, comercialización y licencias. Todos ellos ingresos de naturaleza económica, como cualquier otra empresa, sea cual sea su estatuto jurídico o financiación.

Estas ventajas fiscales afectan a la competencia con otros clubs de fútbol, españoles y europeos, que no reciben este trato privilegiado. Por tanto, puede considerarse que el Estado español está proporcionando una ayuda de funcionamiento a estos clubs, a pesar de perder ingresos fiscales, que sería contraria a la normativa europea.

Fútbol contra el interés social del urbanismo

Las modificaciones y cambios de uso de los estadios de fútbol redefinen la estructura de la ciudad a favor de un único agente. Si esto es ya de por sí un problema, mayor lo es si consideramos que no suele derivar de un cambio razonado en criterios u orientaciones de políticas de ordenación urbanística, sino en la búsqueda del beneficio económico de los clubs.

Se trata de proyectos con un tratamiento urbanístico diferenciado, arbitrario y más ventajoso que los que se pueden dar en el resto de la ciudad. Son piezas que juegan con otras reglas a las que podemos enfrentarnos el resto de ciudadanos. Es tal el despropósito y la continuidad en la complicidad entre administraciones y clubs que ha llamado la atención de las autoridades europeas.

Operaciones urbanísticas de dudosa legalidad

En el FC Barcelona de José Luís Núñez se intentaron transformar 20 hectáreas cercanas al Camp Nou en un gran parque temático, centro de ocio, oficinas y comercios bajo el nombre de “Barça 2000”. La plataforma ciudadana contraria al proyecto logró pararlo pero la especulación no terminó ahí, y con el nuevo presidente Laporta, el Barcelona ingresaría más de 300 millones de euros por la recalificación del Miniestadi.

Por su parte, el Valencia CF se benefició de la recalificación de los terrenos del estadio de Mestalla en 2004 por parte de la alcaldesa Rita Barberá. Con ello el club ingresó cerca de 300 millones de euros. Además, para levantar el nuevo estadio, en terreno público, se creó una empresa mixta tras el acuerdo entre club y Ayuntamiento. Para su construcción necesitaron la concesión de un crédito de 200 millones de euros para el que IVF, organismo público, otorgó un aval de 75 millones de euros que fue ampliado en 5 millones de euros y 6 millones de euros para hacer frente a los impagos del crédito avalado.

El reparto del palco del Estadio San Mamés Barria

Uno de los casos más llamativos para Europa es el del nuevo estadio del Athletic de Bilbao. El nuevo San Mamés se levantó en la antigua Feria de Muestras. Para el éxito de la operación era necesario que el Ayuntamiento de Bilbao, propietario del suelo, lo vendiera por debajo del precio de mercado. Para ello se presionó a los vecinos públicamente y se contrató a un afamado arquitecto para su ejecución. Los terrenos fueron recalificados por el Ayuntamiento justo al lado de La Catedral (el antiguo San Mamés), y no cobró el impuesto de construcción al club. El estadio pertenece a la sociedad San Mames Barria, teniendo el club únicamente el usufructo y parte de su propiedad en función a su aportación a dicha sociedad. Esta se conforma a partes iguales de 50 millones de euros, por el club, Gobierno Vasco, Diputación Foral y KutxaBank. Completa la participación el Ayuntamiento con 17 millones de euros en permuta de licencias. Un dinero, en su gran mayoría público, que sirve, única y exclusivamente, para que una entidad privada disfrute de él.

El Madrid de los pelotazos más castizos

El gobierno municipal madrileño no hace diferencia entre sus dos grandes clubs.

Las grandes operaciones urbanístico-inmobiliarias del Atlético de Madrid están por el momento abiertas y la incertidumbre se cierne sobre su futuro. Su principal proyecto es el derribo y traslado del céntrico estadio Vicente Calderón al estadio municipal de La Peineta, más periférico. Esta operación urbanística incluiría la construcción de siete torres y dos rascacielos de 36 plantas, destinadas a viviendas, oficinas y comercio. Todo ello alejado de las necesidades de equipamientos sociales del barrio. La clave del pelotazo es la gran edificabilidad asignada al proyecto (175.365 m2 construibles), que se intenta camuflar al introducir en la operación gran cantidad de suelo público como calles, equipamientos y zonas verdes ya existentes, de tal manera que el coeficiente de edificabilidad (metros cuadrados a construir entre metros cuadrados de suelo total de la operación) disminuya.

La Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid para la creación del Ámbito Mahou-Vicente Calderón, se aprobó definitivamente en 2009. Fue recurrida y anulada parcialmente por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el 2012 por vulnerar la Ley del Suelo regional que impide las construcciones de más de tres plantas y ático. Pese a esta sentencia, el Ayuntamiento y promotores continuaron con el proceso y el pasado mes de agosto se aprobó inicialmente el Plan Parcial de Reforma Interior que desarrolla y concreta la Modificación Puntual anulada en primera instancia. Se trata de una decisión irresponsable, pues de confirmarse la nulidad podría derivar en indemnizaciones millonarias a cargo de las arcas públicas.

Por su parte, el Real Madrid ejemplifica el poder de los grandes grupos económicos sobre el diseño del modelo urbano. La confusión del interés público de la afición deportiva y el respaldo social a este equipo, lleva años propiciando cambios urbanísticos sin criterios sólidos de defensa de la función social de la ordenación urbanística en la capital.

Sus inicios fueron la transformación de Ciudad Deportiva en un parque empresarial tras un convenio urbanístico con los gobiernos autonómico y municipal, que cambiaba el uso del suelo y triplicaba la edificabilidad. Hoy es la ampliación del Santiago Bernabéu la que amenaza tras la última modificación del PGOU. Su finalidad es incrementar los usos terciarios –hotel, centro de ocio y aparcamiento privado– en la parcela deportiva privada resultante de la operación. Para ello plantean un único edificio que integre todos los usos y actividades, tanto deportivas como terciarias, que ocuparía suelos actualmente públicos entre el Paseo de La Castellana y el estadio. Con la ampliación se incrementa también la ocupación del suelo y la altura máxima del estadio, que pasa de 48 a 60 metros. Las cesiones objeto de este aumento de edificabilidad se transferirían a 7,5 kilómetros del estadio, al distrito de Carabanchel. Además, se incumplen otros criterios de la Ley del Suelo que motivaron el recurso de Ecologistas en Acción ante el TSJM, que el 31 de julio de 2014 acordó la suspensión cautelar del proyecto mientras decide sobre el fondo de la cuestión.

Fútbol: pan y circo

Como hemos podido ver, en muchas ocasiones los ayuntamientos y otras administraciones movilizan sus recursos jurídicos, económicos y materiales para tejer una compleja maraña cuyo único fin es garantizar los intereses económicos de ciertos clubs.

Las administraciones, con estas ayudas y modificaciones normativas a la medida de distintos clubs y bajo la bandera del neoliberalismo, están olvidando su obligación de servicio al ciudadano y el necesario compromiso con el juego limpio.




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