Han pasado más de diez días desde el incendio del pesquero ruso Oleg Naydenov. El barco sigue expulsando fuel pesado altamente contaminante al mar y la mancha tiene dimensiones alarmantes.

Manchas “pequeñas”, de más de cuatro kilómetros de largo, están llegando a una parte del litoral de Gran Canaria declarado Reserva Mundial de La Biosfera. Las autoridades convocan a representantes de Ayuntamientos y de ONGs, instrumentalizando su capacidad de reacción voluntaria y tratando de presentar los acontecimientos como algo inevitable. Desde Ecologistas en Acción se denuncia un grave problema de gestión y se recuerda que, con la aplicación de protocolos e instrumentos existentes, el accidente muy probablemente sí se podría haber evitado.

Numerosos instrumentos y protocolos estaban aprobados antes de que el buque ardiera en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria. El Plan Nacional de Contingencias por contaminación marina accidental, de 2001, los Planes Interiores de Contingencias por Contaminación Marina Accidental para las instalaciones que manejan hidrocarburos en el ámbito marítimo y portuario, en el Real Decreto 253/2004, el Sistema Nacional de Respuesta ante la Contaminación Marina, de 2012, el Plan Marítimo Nacional de Respuesta ante la Contaminación Marina, de 2014, el Plan de Contingencias por Contaminación Marina y Costera de Canarias, de 2013. Ayer se le sumó el Plan Operativo para La búsqueda, recogida y tratamiento de fauna petroleada.

Desde las instituciones encargadas de gestionar el accidente (Autoridad Portuaria, Capitanía Marítima, Ministerio de Fomento, Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y Gobierno de Canarias) se repite que la decisión de alejar al buque “era la mejor opción de las malas”. Sus representantes minimizan el riesgo e impacto del accidente en el medio marino con expresiones que dan a entender que “la mancha, si está lejos, no es problema”. Se presenta una estrecha colaboración entre administraciones y sociedad civil a través de ese hueco inmenso para la participación ciudadana que supone el voluntariado.

Sin embargo la realidad cuenta otras muchas cosas. La llegada de fuel a zonas protegidas por figuras de protección ambiental internacional (ZEC y ZEPA) apunta a un problema grave de gestión y a la improvisación.

A más de diez días del accidente, se convoca a los Ayuntamientos costeros que previsiblemente pueden verse afectados por la llegada de fuel a una reunión para analizar qué medios están disponibles para la lucha contra la contaminación costera. Simultáneamente se convoca un reunión con ONGs para comunicarles que deberán ser ellas las que se encarguen de gestionar la respuesta “voluntaria”. Se les entrega un plan operativo para que lo sigan, instrumentalizando la valiosa y generosa colaboración ciudadana.

Además, numerosos técnicos y expertos en seguridad marítima han catalogado la gestión del incendio del pesquero como un grave error de consecuencias impredecibles. Han apuntado que en mar abierto las operaciones de “control” del vertido son más que ineficaces. Científicos expertos en oceanografía y dinámica marina han alertado del elevado riesgo que supone un derrame a 15 millas del litoral de Gran Canaria, debido a los numerosos remolinos que se forman en las aguas cercanas al litoral. ONGs y expertos en biodiversidad han puesto de manifiesto que los hechos ya han provocado un impacto muy grande sobre la biodiversidad de esa zona aunque que no se vea.

Lejos de controlar la situación, las administraciones competentes reaccionan con desconcierto y miedo al fracaso en época electoral. Falta planificación y se manipulan los acontecimientos, mostrándolos como irremediables. Ecologistas en Acción, una vez más, reclama todos los medios disponibles para gestionar el grave problema y subraya la necesidad de aprender la lección de una vez por todas