La Justicia investigará los acuerdos del Patronato del Parque Nacional de Guadarrama

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite el recurso contra los acuerdos alcanzados por el Patronato del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. El recurso, interpuesto por Ecologistas en Acción, considera que el órgano asesor aprobó una memoria plagada de errores y un plan de actuación sin presupuesto sin permitir a los vocales opinar al respecto.

En septiembre de 2014, Ecologistas en Acción presentó un recurso contencioso administrativo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), por considerar que los acuerdos aprobados en el Patronato del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama vulneraron los derechos de participación de sus miembros y por incorporar proyectos de elevado impacto. El TSJM ha requerido a la Comunidad de Madrid copia del expediente administrativo y ahora se iniciará el estudio de lo sucedido.

El Patronato del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama se constituyó y se reunió por primera vez en junio de 2014, en calidad de órgano asesor y de participación de la sociedad civil. Está compuesto por representantes de los tres niveles de la administración, central autonómica y local y por organizaciones ecologistas, universidad, propietarios, etc. La presidencia es rotatoria entre la Comunidad de Madrid y Castilla y León. Actualmente el presidente es el Consejero de Medio Ambiente de Madrid, Borja Sarasola.

En junio, el Patronato debía aprobar la memoria de actividades 2013-2014, el plan de actuaciones para el periodo siguiente y el presupuesto. Pero la memoria está plagada de errores y de omisiones (atribuye al Parque Nacional proyectos y actuaciones no realizadas por este espacio protegido, se omite información sobre la caza de la cabra montés, no se aportan datos sobre la celebración de eventos multitudinarios en la vertiente madrileña a pesar del fuerte impacto que conllevan, etc). En cuanto al plan de actuación, se limita a recoger una serie de medidas imprecisas y sin presupuesto (uso público, cursos, tratamientos selvícolas, etc).

Durante la reunión, los representantes ecologistas intentaron exponer estas y otras cuestiones para corregir y mejorar los textos antes de ser aprobados. Sin embargo, el Presidente impidió cualquier comentario o debate sobre los documentos que debían aprobarse, a pesar de ser un derecho de los miembros de este órgano. Sólo después de la aprobación, en el punto final de ruegos y preguntas, cuando ya no había posibilidad de modificar nada, se permitió hablar a los vocales.

Haber aprobado estos documentos supone asumir sus contenidos, entre ellos, mantener la actividad cinegética, la privatización de los centros públicos de educación ambiental, ubicados en el Parque Nacional y su transformación en centros de visitantes. Así como la ampliación o nueva construcción aparcamientos en el puerto de Navafría y Cercedilla que incrementarán la presión sobre el medio natural.

Ecologistas en Acción considera que lo sucedido fue un atropello a los derechos de participación e información, vulnera el principio de transparencia con el que debe actuar la administración e impone programas y proyectos inadecuados para un parque nacional.




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