Ecologistas en Acción ha solicitado a la Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que lleve a cabo las medidas necesarias para corregir la actual situación de deterioro por la que pasa el dominio público hidráulico en nuestro país.
Tanto en la Ley de Aguas como en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, e incluso en el propio Plan Hidrológico Nacional, se hace mención a la obligación que tiene la administración de proteger los cauces de los ríos y sus riberas, así como de proceder a la eliminación de construcciones y demás instalaciones situadas en el mismo.
A pesar de que la legislación vigente es bastante clara al respecto, según un informe elaborado por Ecologistas en Acción, existen más de 40.000 construcciones situadas dentro de los cauces y zonas de influencia directa de estos, y además este número se está incrementado día tras día. De estas construcciones, la mayor parte son viviendas, aunque también existen un buen número de campings, polideportivos, e incluso colegios, residencias de ancianos, etc.
Por otra parte, la incidencia social también es importante, pues una buena parte de estas construcciones se sitúan en zonas de alto riesgo de inundación, constituyendo un riesgo evidente para la vida de las personas que residen en esas viviendas. Los sucesos acaecidos en el camping de Biescas (Huesca) o en el barrio de Cerro de Reyes, en Badajoz, son una buena prueba de ello.
Con el fin de corregir la actual situación Ecologistas en Acción ha reclamado al Ministerio de Medio Ambiente que lleve a cabo las siguientes actuaciones:
Introducir en las Confederaciones Hidrográficas los cambios necesarios para conseguir que actúen con eficacia en la protección del dominio público hidráulico.
Establecimiento de acuerdos entre el Ministerio de Medio Ambiente y el SEPRONA para proceder a la inmediata paralización de las construcciones ilegales en los inicios de las obras, e imposición de las sanciones correspondientes.
Concluir, en el plazo de dos años, el deslinde de la totalidad del dominio público hidráulico.
Establecimiento de un plazo de cinco años para proceder a la eliminación de todas las construcciones existentes en los cauces y zonas de alto riesgo de inundación.
Restauración ambiental de las áreas donde estaban ubicadas las construcciones, encaminada principalmente a la recuperación del bosque de ribera originario.
Si el Ministerio iniciase estas actuaciones Ecologistas en Acción se muestra convencida de que en pocos años este problema ambiental y social estaría solucionado. En caso contrario, los actuales responsables del Ministerio de Medio Ambiente pasarían a engrosar la lista de las personas que, siendo su obligación, no han hecho nada para corregir la actual situación, siendo corresponsables de las tragedias que futuras avalanchas de agua pudieran producir sobre las personas que habitan en estas viviendas situadas en los cauces o en zonas de inundación de los mismos.
