El ATC a punto de enterrarse

Francisco Castejón y Carlos Villeta, Área de Energía de Ecologistas en Acción. Revista El Ecologista nº 85.

A finales de 2011 se eligió Villar de Cañas (Cuenca) para alojar el Almacén Temporal Centralizado (ATC). Desde el primer momento, Ecologistas en Acción impulsa la creación de la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, que ha sido clave para visualizar la oposición ciudadana a este proyecto. Pero ha sido sobre todo la pésima gestión de sus responsables políticos, junto con lo inadecuado de la ubicación, los principales factores que muy probablemente den al traste con el proyecto de instalación.

Cuando en el último Consejo de Ministros de 2011 se designó Villar de Cañas (Cuenca) como municipio para alojar el Almacén Temporal Centralizado (ATC), pensamos que iba a ser difícil paralizar de nuevo esta instalación. Villar de Cañas es una zona no nuclear, en la que no existía un tejido social capaz de oponerse a un proyecto como ese y alejado de grandes zonas urbanas, donde es más fácil conseguir activistas. Para Enresa, tiene la ventaja adicional de que no es un pueblo de la AMAC (Asociación de Municipios Afectados por Centrales Nucleares), lo que liberaría a esta empresa pública del chantaje permanente que esta asociación realiza sobre ella. Además, está a una hora y media de Madrid, lo que permitiría al personal de esta hipotética instalación vivir en esa ciudad.

A pesar de todas estas dificultades, decidimos seguir enfrentándonos al cementerio nuclear, de manera que aunque finalmente se instalara allí, al menos no fuera un camino de rosas para la industria. Demostraríamos, una vez más, que la gestión de los residuos es un grave problema de la energía nuclear y que cualquiera que intentase construir un cementerio nuclear se enfrentaría a graves problemas sociales y políticos.

Resultaba evidente que los motivos para elegir Villar de Cañas eran meramente políticos, y no había ninguna razón técnica que justificara este emplazamiento: ni las bondades del territorio, ni la proximidad a las instalaciones nucleares. Los resultados de los trabajos de la Comisión Interministerial para la búsqueda de un emplazamiento situaron a Villar de Cañas en el cuarto lugar en la lista de candidatos, por detrás de Zarra (Valencia), Ascó (Tarragona) y Yebra (Guadalajara). Sin embargo, el Gobierno de Rajoy eligió Villar de Cañas. La mano de María Dolores de Cospedal, la número dos del PP, se veía claramente: colocó el ATC en la comunidad autónoma que ella preside.

No contenta con eso, puso al frente de Enresa a Francisco Gil-Ortega, antiguo alcalde de Ciudad Real y su mano derecha. No importó que Gil Ortega careciera de experiencia en el sector nuclear ni que su nombramiento despertara la oposición de importantes sectores de Enresa. Además, su marido, Ignacio López del Hierro, quien trabaja en una importante empresa de ingeniería, recibió varios contratos para construir el ATC y su centro asociado. Todo estaba bajo el control de Cospedal. Esta ambiciosa política conseguía llevarse esta instalación a su comunidad autónoma, con el consiguiente aumento de su poder en la zona, y, además, ayudaba a resolver este problema de la industria nuclear.

La Plataforma anti-ATC impulsa la movilización social

Para hacer frente a la candidatura del cementerio nuclear en Villar de Cañas tuvimos que enfrentarnos a enormes dificultades, motivadas en su mayor parte por las características del emplazamiento elegido. La primera fue la falta de movimientos sociales en la comarca y la nula presencia de lucha antinuclear en la provincia. La comarca de Villar de Cañas es una zona muy poco poblada y con habitantes muy envejecidos. Se trata de un entorno rural, con pueblos muy pequeños, donde apenas llega información y con una fuerte implantación del caciquismo más rancio.

Para intentar salvar estas dificultades, Ecologistas en Acción impulsa la creación de la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, que comienza su actividad en febrero de 2010, al poco de conocerse la presentación de la candidatura para albergar el ATC por parte del Gobierno municipal de Villar de Cañas. En su comienzo, la Plataforma cuenta con solo dos organizaciones: Ecologistas en Acción y CC.OO. Se plantea como objetivos aglutinar a todas las organizaciones contrarias a la instalación (ayuntamientos y partidos políticos, sindicatos, asociaciones de vecindad, etc.) e informar al mayor número de personas posible, especialmente de Villar de Cañas y su entorno. Se imparten decenas de charlas por los pueblos, tanto de la provincia de Cuenca como en Ciudad Real y Albacete, algo que no fue posible en el propio Villar de Cañas debido a la oposición frontal de su alcalde y especialmente de su secretaria.

Actualmente la plataforma cuenta con 49 organizaciones, pero (excepto en momentos puntuales) el número de personas que trabajan activamente es muy reducido. A pesar de ello, se han realizado numerosas movilizaciones, más de 170 notas de prensa y la coordinación con todo tipo de organizaciones antinucleares del Estado y con otras plataformas de la región, como las que luchan contra el fracking o en defensa de los servicios públicos. Se ha hecho un seguimiento cercano del proyecto para denunciar sus irregularidades y luchar contra el secretismo. También ha convocado ya seis marchas contra el ATC, siempre con una nutrida participación ciudadana. La última tuvo lugar el pasado 26 de abril, coincidiendo con el 29º aniversario del accidente de Chernóbil y contó con la asistencia de más de 300 personas.

Nuestra oposición

Nuestra estrategia se ha basado en difundir los problemas del ATC y de la energía nuclear y en contrarrestar las informaciones tendenciosas de Enresa y la industria nuclear. Este empeño tenía una triple dificultad. Por un lado, nos encontramos con la compra de voluntades que ha hecho Enresa, mediante la Fundación Enresa y la promesa de una lluvia de millones en la zona. Por otro, el alineamiento de los medios de comunicación con la industria nuclear, que nos imponía una cortina de silencio. Y finalmente el nulo talante democrático de los impulsores del ATC en la zona, quienes se negaban a realizar debates en igualdad de condiciones.

El objetivo de la campaña de difusión tenía como objetivo aumentar los apoyos en la zona para poder realizar movilizaciones y repetir la exitosa experiencia de luchas anteriores. El problema residía en conseguir que nuestro mensaje apareciera claramente. Además de los problemas genéricos del ATC, nos empeñamos en identificar los inconvenientes específicos del emplazamiento elegido. Así, investigamos sus problemas geológicos y descubrimos que eran enormes e insalvables. Como fruto de este trabajo, existe una saludable Plataforma Contra el Cementerio Nuclear y podemos concluir que la gente no está a favor de cambiar seguridad por dinero, ni de hipotecar el futuro de su pueblo.

También el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) le exigió a Enresa una serie de estudios ante la constatación de los problemas del subsuelo de Villar de Cañas. En una Petición de Información Adicional (PIA), que se filtró a la prensa octubre de 2014 y de la que tuvimos conocimiento poco después, el CSN le exigía a Enresa que presentara una serie de estudios clave que faltaban para conocer el emplazamiento: la caracterización hidrogeológica, geosísmica e hidroquímica, es decir, casi todo. El resultado de esta solicitud es que Enresa ha encargado nuevos estudios que costarán 1,4 millones de euros adicionales y que no estarán listos antes de mayo de 2016.

Además de esto, la consultora independiente URS realizó un informe en el que se detallan los graves problemas geológicos del emplazamiento y se califica el terreno como “inadecuado” ante “la imposibilidad de efectuar una cimentación estable para la vida útil de estas estructuras”. Todo esto confirma nuestra afirmación de que Villar de Cañas es “el peor de los emplazamientos para el ATC”. Tras la PIA del CSN no descartamos nuevas sorpresas en el proceso. De hecho, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (Magrama) está realizando una Declaración de Impacto Ambiental que no tendrá en cuenta los nuevos estudios del terreno, al trabajar sobre la documentación anticuada que proporcionó Enresa.

Licitaciones ilegales

A pesar de todas estas informaciones, la empresa promotora decidió continuar de forma acelerada con las licitaciones y la firma de contratos. Se trata de tener el ATC listo antes de que todas las nucleares hayan construido sus propios Almacenes Temporales Individualizados (ATI) y sea, por tanto, innecesario. A día de hoy, las centrales nucleares que no lo tienen ya construido están elaborando planes para llevarlo a cabo. Por otro lado, el ATC debería contar con todos los permisos antes de las elecciones generales de finales de 2015, para garantizar que ningún nuevo Gobierno pueda dar marcha atrás, sin pagar una desorbitada indemnización.

La empresa, a pesar de no tener aún los permisos, ya se ha gastado una gran cantidad de dinero en la zona. Se han construido dos carreteras y otra más está a punto de ser terminada, con fondos de Enresa, es decir con dinero público. También se han construido dos edificios: un vivero de empresas y un laboratorio, que no se han atrevido a inaugurar y cuya finalidad nunca se aclaró. De estas obras se han beneficiado las mismas empresas constructoras que aparecen en los papeles de Bárcenas y una empresa de la zona, que dirige el presidente de la CEOE de Cuenca, abiertamente posicionada a favor del ATC.

Incluso sabiendo que se puede estar incurriendo en ilegalidades, Enresa ha continuado con las licitaciones. Tanto es así, que inició la del edificio principal por 217,76 millones de euros (sin IVA) y que se paralizó a falta de la apertura del tercer sobre, que contenía las ofertas económicas, ante nuestra denuncia pública y el anuncio de que iniciaríamos acciones legales. Tras estas irregularidades y dada la nefasta gestión del proyecto, Gil-Ortega fue forzado a dimitir.

La kafkiana situación actual

Tras la dimisión forzada de Gil-Ortega se puso a Juan José Zaballa, anterior Director General de Paradores, al frente de Enresa. Zaballa tampoco tiene experiencia en la gestión de residuos radiactivos o en el sector nuclear. Su mayor virtud parece ser su proximidad con Soraya Sáez de Santamaría, la vicepresidenta del Gobierno. Sin embargo, aunque el nuevo presidente ha paralizado la licitación de la obra principal del ATC, sigue pendiente la apertura del tercer sobre, según informa en su web Enresa. Además, ha continuado con la licitación de obras y la compra de equipos y servicios por valor de decenas de millones de euros, que podrían ser totalmente inútiles, si finalmente el ATC no se llega a construir. La compra de 10 contenedores de doble uso por valor de 38,7 millones de euros, ha provocado la dimisión de la jefa del departamento de Ingeniería de Residuos de Alta Actividad al negarse a firmar la documentación. Pero aún hay otros muchos contratos en marcha, como la compra de dos puentes grúa por valor de 14 millones de euros.

El CSN está estudiando la documentación facilitada por Enresa tras su Petición de Información Adicional (PIA) que resultó demoledora. En paralelo se está trabajando en la Declaración de Impacto Ambiental. Además, no se descartan nuevas PIA que puedan perjudicar a este proyecto de Enresa.

A nadie se le escapa que, tanto para el ATC como para la central nuclear de Garoña, los plazos temporales son la clave. Si los permisos pertinentes no están listos antes de las elecciones, un Gobierno diferente del actual podría frenar el proyecto más fácilmente. El ministro Soria, sin duda conocedor de este calendario, no tiene ningún pudor en presionar al CSN para que todos los permisos estén otorgados antes de las elecciones. En recientes declaraciones en sede parlamentaria, dijo que la DIA y la Autorización Previa estarían listas antes del verano y que el permiso definitivo lo estaría en noviembre. Se trata de una presión inadmisible sobre el CSN, que debe realizar sus trabajos sin plazo alguno, tomándose el tiempo que necesite. Este organismo tiene una débil posición, dado que su actual presidente, Fernando Martí Schaufer, era Secretario de Estado de Energía cuando se designó Villar de Cañas como emplazamiento para el ATC. El CSN tiene ahora una ocasión de oro para demostrar la independencia que debe a toda la ciudadanía.

La situación es kafkiana, puesto que el Ministerio de Industria ha empezado a tramitar la autorización de construcción del ATC, antes de aprobar la autorización de su emplazamiento y con varios estudios geológicos y geotécnicos pendientes. La ley permite trabajar en ambos permisos simultáneamente, pero resulta obvio que si se prevén dificultades en autorizar el emplazamiento, debería paralizarse la DIA y la autorización de construcción.

A la vista de los problemas del terreno y de la oposición levantada en la zona, cabe esperar que finalmente se deseche este emplazamiento y que ganemos una nueva batalla, demostrando otra vez que la industria nuclear no es capaz de resolver el problema de la gestión de los residuos radiactivos y que, por tanto, lo más sensato sería dejar de producirlos.