Variante de Oyambre

El Tribunal Supremo desestima la petición del Gobierno de Cantabria de suspender las medidas cautelares sobre la anulación de la variante de Oyambre.

El Tribunal Supremo ha admitido el recurso de Ecologistas en Acción Cantabria para que se desestimase la petición del Gobierno de Cantabria de suspender las medidas cautelares sobre la anulación de la variante de Oyambre dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria el 31 de Octubre de 2013. Con su resolución el más alto tribunal vuelve a poner en evidencia las argucias y triquiñuelas legales del Gobierno de Cantabria que, a través de las Consejerías de Obras Públicas y de Agricultura, de la Dirección del Parque y del anterior gobierno del Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera, han tratado por todos los medios de eludir las sentencias judiciales y empecinarse en mantener su intención de consolidar y hacer irreversibles las agresiones e impactos que supondría culminar las obras de "mejora" de la llamada variante de Oyambre en las marismas de Los Llaos y Merón.

El empeño del Gobierno de Cantabria en ejecutar el proyecto de variante –que, recordamos, ha incumplido numerosas disposiciones legales relativas a los Convenios de Aarhus y Ramsar sobre información ambiental, participación ciudadana y conservación de las zonas húmedas, a la Directiva de Hábitats y al respeto de los Lugares de Interés Comunitario de la Red Natura 2000, a la Ley de Costas y sus disposiciones sobre los tratamientos de la franja marítimo-terrestre y los bordes costeros, a la propia normativa del Parque que sigue careciendo de los instrumentos de planificación y ordenación que le son obligados, al Plan de Ordenación del Litoral al devaluarse sus criterios proteccionistas...– constituye una llamada de atención para que el Gobierno entrante en Cantabria deje de utilizar sus servicios jurídicos y la batería de recursos y obstáculos que ha venido interponiendo con el gasto consiguiente y el pago de las costas a que ha sido condenado como ha ocurrido en esta última ocasión; y acepte, de una vez por todas, los graves errores cometidos retirando el proyecto en los tramos anulados y procediendo a la restauración ambiental y a la corrección de los impactos ambientales y sobre el paisaje que se han producido.

La suspensión de las medidas cautelares supondría, además, un doble coste añadido para la hacienda pública al hacer más complejas las labores de recuperación de los espacios degradados y cumplir estrictamente los requerimientos de la ejecución de la sentencia que obliga a devolverlos a su estado natural original, dentro de la pertinaz negativa de la Administración autonómica y la Demarcación de Costas a retranquear las infraestructuras viarias, los aparcamientos e instalaciones en los entornos afectados, y los usos recreativos como el de la práctica del golf sobre el sistema dunar de Oyambre –con su reversión a la titularidad pública– que contribuiría, además, a mitigar o prevenir los cada vez mayores daños y perjuicios que están ocasionando el cambio climático, la intensificación de los temporales y los efectos del oleaje, y la subida del nivel del mar.




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