Propuesta de compra de la finca Los Mimbrales en Doñana

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) sorprende con la propuesta de compra, de dudosa justificación, de la finca Los Mimbrales en Doñana.

La CHG pretende adquirir la finca por 50 millones de Euros. Ecologistas en Acción considera la adquisición un despilfarro de dinero público.

El objetivo de la adquisición declarado por la CHG es el ahorro de 6,8 Hm3 de aguas subterráneas del acuífero 27 de Doñana, que es la cantidad de agua que la finca tiene derecho a extraer y consumir para sus regadíos.

La adquisición de la finca y la posterior obtención de los 6,8 Hm3 de derechos de aguas, no es la medida de mejor coste-beneficio, por lo que para Ecologistas en Acción es un mal uso de dinero público.

Ecologistas en Acción considera que existen procedimientos administrativos y de gestión mucho más eficaces y menos costosos para que la CHG consiga ahorrar volúmenes iguales y superiores de aguas subterráneas y para que pueda controlar la demanda (legal e ilegal) de una vez por todas, como venimos reclamando constantemente y desde años las organizaciones ecologistas.

Si la CHG considera que es necesario disminuir la demanda de agua subterránea del acuífero, lo que tendría que hacer es el acto administrativo de declararlo acuífero sobreexplotado, acto que supondría la inmediata recuperación administrativa de la concesión de los 6,8 Hm3, con la debida compensación que determine la aplicación de la ley.

Otra medida posible para el ahorro de la demanda se expresa en el borrador del Plan Hidrológico del Guadalquivir de la propia GHG, que propone en su Plan de Medidas la revisión de títulos, el incremento de la guardería para control de extracciones y la clausura de riegos no acreditados, hechos que supondrían, siempre según la CHG, un ahorro de hasta 325 Hm3, con un coste anual estimado de 5,5 millones de euros.

Además, pagar 50.000 euros por hectárea por la compra de Los Mimbrales no parece precisamente una ganga para el erario público. Hay que recordar que Los Mimbrales es una finca que se transformó en regadío a través de un programa del Plan Almonte- Marismas con una importante contribución pública en infraestructuras y a la que se le hizo una concesión de aguas públicas de un acuífero sobreexplotado en una zona especialmente sensible para el Parque Nacional de Doñana. Es decir, se pagó con dinero público la transformación, se le hizo una concesión pública y ahora se pretende comprar todo con dinero público. Un sinsentido y un despilfarro que no sabemos a quién puede beneficiar.

Se trataría, de llevarse a cabo la compra de Los Mimbrales, de una operación más de privatización de beneficios y socialización de pérdidas, tan habituales en los últimos tiempos. Además, se realiza con un sorprendente despilfarro de gasto público, que contrasta con las políticas de austeridad cuando se trata de financiar adecuadamente los servicios sociales y restauraciones ambientales.

Ecologistas en Acción viene demandando la declaración del acuífero de Doñana como sobreexplotado y que se inicien los procesos de recuperación de concesiones, especialmente en la zona de Los Hatos y en la marisma de Aznalcázar, en las que se vienen realizando extracciones ilegales. Aquí si hay fincas que se podrían expropiar sin gasto público, al tener acumuladas sanciones millonarias que exceden su propio valor. En lugar de esto, la CHG los viene premiando con nuevas concesiones.

En definitiva, a Ecologistas en Acción la actuación de la CHG le parece una mala gestión, poco rentable social y ambientalmente, que desvía recursos de lo público a lo privado y que levanta todo tipo de sospechas y desconfianzas, porque nos preguntamos si la CHG va a dejar de regar automáticamente una finca que ahora está dando beneficios y puestos de trabajo. Se trata de una operación que se tendría que justificar con mejores argumentos y transparencias.

Ecologistas en Acción va a solicitar su personación en el expediente para comprobar que no hay otras fórmulas de recuperación de las concesiones más convenientes a los intereses de la mayoría de la sociedad y despejar dudas sobre relaciones entre los beneficiados y la administración.




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