Presionan para la vuelta al ladrillo

Los propietarios de viviendas regularizadas presionan para la vuelta al ladrillo y a la situación de la burbuja inmobiliaria.

La Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial (supuestos propietarios extranjeros engañados) critica ahora las leyes urbanísticas andaluzas y proponen su cambio.

Las leyes que rigen la política andaluza en relación a la ordenación del territorio - la política urbanística del Estado Español y de la Junta de Andalucía - tradicionalmente han sido extremadamente permisivas con las viviendas en el campo, los planes urbanísticos expansivos, y de ahí el desastre que supone el enorme número de viviendas ilegales, que algunos calculan en el medio millón, el enorme número de viviendas vacías, la descomunal superficie de suelo clasificada y el desastre en la ocupación del litoral.

Fue la constatación de ese enorme desastre ambiental y el escándalo ciudadano por lo que se incluyeron los delitos por ordenación del territorio en el código penal en 1995.

Ha sido la aplicación de una política territorial y de medio ambiente acordada a nivel internacional en el seno de la ONU y de la Unión Europea, lo que ha determinado que cada vez nuestras leyes se han ido modificando para adaptarse al principio de sostenibilidad. La Estrategia Territorial Europea (1998) adoptó entre sus objetivos (84) controlar mejor la continua tendencia a la expansión de las ciudades, el control de la extensión de las áreas urbanizables, en el marco de una política urbanística cuidadosa, particularmente en las periferias urbanas y en muchas zonas costeras.

En este contexto se elabora la Ley de Suelo de 2008 (Texto Refundido), la primera ley estable de la democracia (no ha sido tumbada por el Tribunal Constitucional a pesar de los recursos interpuestos por entre otros del Grupo Parlamentario Popular del Congreso), que adoptó el principio de desarrollo sostenible y que considera que el suelo en situación rural ---incluso el llamado tradicionalmente no urbanizable común---, tiene un valor ambiental, y debe dedicarse dentro de los límites que dispongan las leyes, al uso agrícola, ganadero, forestal, cinegético o cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales. Entre estos usos no está el residencial, y solo debe dedicarse a la urbanización el suelo preciso.

En concordancia con la ley del Suelo, la Junta de Andalucía intentó racionalizar el crecimiento en el Plan de Ordenación del Territorio (2006), intento que finalmente ha resultado fallido, merced a las sucesivas “flexibilizaciones” a las que ha sido sometido por la propia Junta en tiempos posteriores.

Ahora conocemos con verdadera sorpresa y desagrado las declaraciones del Presidente de la Federación Andaluza de Urbanizadores y Turismo Residencial, que llega a decir que la Junta de Andalucía tiene un desastre de leyes urbanísticas y que impide explotar la mina de oro que es Andalucía. Igualmente dice apostar por las viviendas en el campo, los campos de golf y el ladrillo, prometiendo el consabido "oro y el moro" de raudales de millones.

Estas declaraciones nos dan la razón a Ecologistas en Acción, esta Federación de Urbanizadores y de Turismo Residencial no la forman una serie de incautos ciudadanos extranjeros, engañados para comprar o construir viviendas en el campo, sino un grupo organizado que busca negocio y subvertir las leyes que nos hemos dado los andaluces.

Cabe preguntarse qué amparo político están recibiendo del PSOE y de Ciudadanos (el del PP por supuesto es incondicional) para que ya hablen tan a las claras.

Por tanto, lo que tenemos que hacer los andaluces y la Junta de Andalucía no es retroceder 30 años al urbanismo de las cavernas, como proponen estos señores, sino precisamente todo lo contrario, avanzar en el principio de sostenibilidad y en el fortalecimiento del estado de derecho.




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