Rechazan el apoyo del Ayto. a las urbanizaciones ilegales

Ecologistas en Acción quiere mostrar públicamente su malestar por la reunión que han mantenido recientemente el alcalde, David de la Encina (PSOE), el concejal de Urbanismo, Antonio Fernández (IU) y José Antonio Oliva (Levantemos El Puerto) con Rafael Márquez, secretario general de Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, y con representes de Coave, Fevema, de viviendas del Corredor Verde y las ARGs Almendros 2 y Perales 2, en las cuales existen ordenes de demolición judicial sobre viviendas ilegales.

Nos parece inadmisible que a estas alturas loscargos públicos sigan con una polícica deconnivencia con los que han infringido las leyesurbanísticas y medioambientales.

En concreto:

1. En relación a las viviendas ilegales situadas en el Corredor Verde diseñado por el Plan de Ordenación del Territorio de la Bahía (POTBC), indicar que Ecologistas en Acción ha solicitado hace más de un año una reunión con la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía para hacer propuestas sobre dicho Corredor. No hemos sido convocados mientras que ya se han mantenido varias reuniones con los propietarios de estas viviendas ilegales, que lo único que pretenden es que se legalicen unas viviendas construidas en terrenos protegidos y que así se mantiene en el PGOU recientemente aprobado.

Es lamentable que la Junta de Andalucía no reciba a una asociación que defiende el medio ambiente, la legalidad urbanística y una gestión del territorio sostenible, y pretenda ahora eliminar o reubicar el Corredor Verde que en su día se diseñó para ser un parque público con la función de cerrar el crecimiento urbanístico de la ciudad.
En lugar de aplicar la legalidad vigente a todas estas construcciones, se les pretende premiar con el traslado del Corredor Verde y con la legalización. Desde Ecologistas en Acción siempre hemos sido claros, mostramos nuestro rechazo a la reubicación del Corredor Verde del POTBC en base a que el mismo se diseñó como cinturón de terreno protegido para dotar a la ciudad de zona de esparcimiento y evitar la expansión desordenada de la misma. Por otra parte, estamos totalmente en desacuerdo en que se premie a unos propietarios que han construido ilegalmente en suelo no urbanizable y protegido, saltándose toda las leyes urbanísticas e, incluso, penales, con la regularización de su vivienda en detrimento de otros que han respetado las leyes y ahora pueden verse perjudicados por que el nuevo Corredor ocupe sus terrenos. Fue la postura que defendimos en nuestras alegaciones al nuevo PGOU y que se apoyó en su texto definitivo.

2. Mostramos nuestra más enérgica oposición a la pretendida modificación de la LOUA para intentar paralizar los expedientes de restauración de la realidad física alterada. Se repite por parte de este equipo de gobierno la justificación e, incluso, el apoyo a los constructores ilegales, como han manifestado en las reuniones mantenidas con representantes de las urbanizaciones ilegales, siguiendo así la lamentable actitud de sus antecesores del PP y de IP. Mejor haría el concejal de Urbanismo en convocar a la Comisión de Seguimiento de la Ordenanza Municipal para el Fomento de Desarrollo de la Áreas de Regularización que lleva sin convocarse desde su aprobación en Noviembre 2014, cuando debe hacerse cada tres meses, en vez de mostrar apoyo y comprensión con los constructores y propietarios de viviendas ilegales. Los responsables municipales les deberían haber informado a los representantes de estas urbanizaciones ilegales que en la actualidad se siguen levantando construcciones sin licencia en ARGs -obras que no podrían iniciarse en todo caso hasta el inicio de las obras de urbanización de las mismas-, así como en terrenos no urbanizables, y que después van derivar en expedientes sancionadores. Por ello lo más conveniente sería advertir para que informen a sus afiliados de las obligaciones y de sus consecuencias.

Por último, mostramos nuestra total oposición al intento de minimizar las sanciones a imponer por las construcciones ilegales, política ésta que han promovido todos los partidos que han gobernado este ayuntamiento, y que daría de nuevo como resultado un evidente efecto llamada y de nuevo repetir el desorden urbanístico.




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