Ante el último informe de Toxicología sobre el recinto minero de Aznalcóllar

Ecologistas en Accion ante las opiniones trasladadas, de manera oficiosa, por el Gabinete de Prensa de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía a los medios de comunicación, donde se critica el informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), realizado a instancias del Juzgado de Instrucción nº3 de Sevilla en el seno de las investigaciones judiciales sobre presuntos delitos de prevaricación en la adjudicación del concurso minero de Aznalcóllar, Ecologistas en Acción manifiesta lo siguiente:

A) Se desconoce cuál es la posición oficial de las Consejerías competentes en minas y medio ambiente sobre el estado actual de contaminación y de riesgos existentes en el recinto minero de Aznalcóllar, puesto que ningún responsable de estas Consejerías ha fijado esa posición, en contra de todos los principios de transparencia y buen gobierno.

B) Un gabinete de prensa de la Junta de Andalucía no puede negar la evidente relación existente entre la actuación presuntamente prevaricadora de altos cargos de la Junta de Andalucía en la adjudicación del concurso minero de Aznalcóllar y la situación de evidente abandono y presuntos delitos contra el medio ambiente en el propio recinto minero de Aznalcóllar.

Más aún cuando algunos de esos altos cargos de libre designación (nombrados a dedo), como Salvador Camacho Lucena, Iván Maldonado Vidal y Juan Manuel Revilla Delgado, han sido responsables del control ambiental y gestión del recinto minero, desde la catástrofe anunciada de la rotura de balsas de abril de 1998 hasta la actualidad, antes y después de que Boliden abandonara el recinto minero a finales de 2001, cobrando una última subvención a fondo perdido de 1,82 millones de euros en concepto de “Cierre de actividad”, en virtud de un convenio firmado con Boliden por el entonces Consejero, Antonio Viera, y el entonces director del IFA (Instituto de Fomento de Andalucía), Antonio Fernández, ambos imputados actualmente en el caso del fraude de los ERE, que ya usaron el llamado mecanismo de “fondo de reptiles” para pagar esta última subvención a Boliden.

C) La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) es la administración competente para informar, en vía administrativa, sobre actuaciones que afecten al Dominio Público Hidráulico, como vertidos tóxicos a arroyos, ríos y aguas subterráneas. Pero los órganos judiciales son competentes para recabar informes y actuaciones destinadas a la constatación y/o comprobación de actos presuntamente delictivos, incluidos los actos de omisión del deber de control administrativo, y por supuesto pueden ordenar estas actuaciones bien a órganos administrativos, como la propia CHG, bien a órganos técnicos expertos como el INTCF, adscrito al Ministerio de Justicia.

D) El Informe detalla cómo se desarrollaron los actos de la toma de muestras que sirvieron de base al informe del INTCF. Se realizaron en presencia de técnicos de la Junta de Andalucía que estaban al cargo de la depuradora del recinto, acompañados por miembros del SEPRONA y técnicos de toxicología, además de los propios funcionarios de la UDEF.

E) El Gabinete de Prensa de la Consejería ignora que es costumbre consuetudinaria denominar a las vaguadas, con el nombre del pago de donde procede en este caso arroyo del Perro por su procedencia de la dehesa del Perro. Este arroyo termina vertiendo a una balsa que vierte en el contraembalse del Agrio. De este hecho, consta en el Juzgado documentación gráfica al respecto, a disposición de las partes personadas en el expediente judicial.

F) El IGME (Instituto Geológico Minero), a petición de la CHG, hizo un informe sobre si se podría verter en la Corta minera de Aznalcóllar hasta niveles por encima de la cota 0 m.s.n.m, donde indica que para ello es necesario que se realizaran, previamente, al menos tres piezómetros para el control del nivel y afección a la masa de aguas subterráneas 05.49, declarada en el Plan Hidrológico “estratégico para el abastecimiento humano”.

Estos piezómetros no se han realizado por lo que es ilegal elevar el nivel del agua en la Corta de Aznalcollar, por encima de la cota 00 m.s.n.m.

G) El Informe del INTCF afirma que la depuradora existente no está ni en funcionamiento, ni en condiciones de volver a funcionar de manera inmediata.

H) Los informes realizados por técnicos expertos en diferentes materias, obviamente no analizan la totalidad de la documentación existente sino exclusivamente aquella sobre la que van a elaborar su informe. Por ello los técnicos del INTCF informan sobre la toxicidad de las muestras de agua y suelo que analizan y el del Dr. en Biología Evolutiva, al que peyorativamente denominan ornitólogo o especialista en ornitología, como si eso fuese un demérito, informa sobre un capítulo concreto de un proyecto, cuyo nombre es Ciclo del Agua y que solo consta de seis páginas, lo que por cierto denota la mínima importancia que en el proyecto se da a la gestión del agua, en una mina que provocó en 1998 la mayor catástrofe de vertidos tóxicos de Andalucía.

En definitiva, desde Ecologistas en Acción manifestamos que las conclusiones del Informe de Toxicología demuestran la insostenibilidad de la minería a cielo abierto, que deja residuos tóxicos mineros que quedan de por vida después de que la multinacional explotadora de turno se largue dejando ese legado tóxico a la administración pública.




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