El pasado día 7 de septiembre de 2015 se produjo en el Poniente Almeriense y la costa granadina una tromba de agua que dio lugar a la pérdida de vidas humanas, multitud de daños económicos y materiales, y numerosas incidencias en los municipios afectados.

Tal fenómeno atmosférico se vio propiciado por las elevadas temperaturas del agua superficial del mar Mediterráneo, tras un verano en el que se han batido récords por altas temperaturas en gran parte de la península Ibérica desde que hay registros.
Como es sabido, la torrencialidad de las precipitaciones en esta época del año es una característica común del clima mediterráneo (aún se recuerda la riada del 19 de octubre de 1973, de intensidad y consecuencias muy superiores a la que aquí nos ocupa). No obstante, la recurrencia e intensidad de estos fenómenos tienden a verse aumentados por el efecto del calentamiento global. Dadas las previsiones actuales de este fenómeno, todo parece indicar que estos episodios de torrencialidad serán cada vez más frecuentes e intensos en el futuro, a medida que aumente la temperatura global.

Sin embargo, a pesar del conocimiento que se tiene de esta situación, no se actúa en consecuencia ya sea para reducir en lo posible dicho calentamiento global desde todos los ámbitos de actuación públicos y privados, o al menos para mitigar las consecuencias de estos fenómenos que a todos nos afectan directa e indirectamente, tanto a nivel personal como social.

Dicha tromba de agua ha visto aumentados innecesariamente sus efectos erosivos y destructivos por la escasa vegetación que cubre la mayoría de las cuencas hidrográficas de la costa oriental andaluza, la elevada pendiente de las mismas y la presencia masiva de invernaderos, así como la construcción o asfaltado en zonas sensibles. Todos estos factores contribuyen a aumentar la escorrentía y su velocidad, lo que a su vez facilita la pérdida del escaso suelo fértil por una elevada erosión de toda la zona.

A todo esto se le une la presencia de paseos marítimos en la costa de las localidades, que obstaculizan la necesaria permeabilidad de la línea de costa con el interior y hacen de barrera al flujo del agua desde el interior e incrementando con ello los problemas derivados de las avenidas en situaciones como la que se ha presentado.

El arrastre de la arena de las playas urbanas al mar, unido a la alteración de las corrientes marinas por el diseño inadecuado y realización de distintas obras en la costa, obliga a los ayuntamientos a tratar de reponer la arena perdida, lo que les supone un notable desembolso económico permanente y a su vez provoca sucesivos daños ambientales en aquellos sitios desde donde se extrae la arena, con nefastas consecuencias para los ecosistemas que sostienen la pesca.

Frente a todo esto, la postura de Ecologistas en Acción es que no se debe profundizar aún más, como se hace habitualmente, en la práctica de ir en contra de los procesos naturales. Un ejemplo paradigmático de ello son las propuestas que surgen en seguida que hay inundaciones, en el sentido de “limpiar” los ríos y encauzarlos o incluso soterrarlos, cuando se sabe que estas actuaciones suelen agravar las avenidas y aumentar la erosión. Por el contrario, la solución a un río con problemas no es meter máquinas en él para acabar de destruirlo. Un río no es un mero canal de agua.

Antes bien, hay que ayudarse de y ayudar a aquellos procesos naturales que favorecen la recuperación y estabilización de los ecosistemas que se interrelacionan en toda la cuenca. Sólo así se conseguirán los objetivos planteados al respecto a las trombas de agua y sus consecuencias, con todos los beneficios adicionales para la sociedad que comporta una red de ecosistemas con buena salud.

Así, Ecologistas en Acción solicita la restauración con criterios ecológicos de todas las cuencas afectadas, empezando por los cauces; sustituir progresivamente de los encauzamientos por bosques de ribera allí donde sea posible; permeabilización de los paseos marítimos, tanto para los seres vivos como para el agua; creación y mantenimiento adecuado de una red de canalizaciones y alcantarillado en las calles de los pueblos que carezcan de él; acabar definitivamente con los residuos de los invernaderos y realizar una correcta gestión de los plásticos para que no acaben en los ríos, el mar o la atmósfera por mala praxis o accidente.

De llevarse a cabo, todas estas medidas no sólo tendrían unas indudables ventajas ambientales, sino también económicas y sociales por la creación de empleo que supondrían, la obtención y desarrollo de nuevos productos y servicios, y la reducción de los costes derivados de una débil resiliencia frente a fenómenos ambientales más o menos extremos que puedan darse en el futuro.

Por Jesús Navas