Ecologistas en Acción considera que la reducción de la instrucción a seis meses afectará negativamente a los procesos por delitos urbanísticos y contra el medio ambiente, ya que la complejidad de muchos de ellos necesita períodos más prolongados para la investigación. Se trata de otro cambio normativo a favor de la impunidad y los corruptos
Ecologistas en Acción se suma al rechazo a la nueva redacción de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que han protagonizado el Consejo General de la Abogacía, Secretarios Judiciales, todas las Asociaciones de Jueces y Fiscales, el Consejo Fiscal o los Jueces Decanos de todo el Estado español.
Suscribimos la valoración de que más parece una ley de Punto Final que un intento de modernizarla, teniendo en cuenta que solo ha contado para su aprobación, tanto en el Congreso como en el Senado, con los votos del Partido Popular. Curiosamente este partido es el que más procedimientos penales ha sumado en estos últimos años, llegando incluso a estar encausado como tal partido en tanto que beneficiario de las tramas de corrupción de la Gürtel y los papeles de Bárcenas.
Para Ecologistas en Acción, los corruptos y mafiosos de las finanzas, así como los delincuentes medioambientales, están de enhorabuena: serán los más beneficiados por la reducción de la instrucción a seis meses. Y es que esta organización ecologista viene soportando de manera frecuente el archivo de las causas que denuncia en el ámbito penal con la ley que ahora se deroga, con unas instrucciones de los procedimientos que se prolongan, de media, unos tres años, entre la apertura de diligencias previas en el Juzgado de Instrucción, a la determinación de dar traslado al Juzgado de lo Penal, para que llegue a la vista oral y haya sentencia. Por ello, Ecologistas en Acción se plantea que aún será mucho más frecuente el archivo con la modificación que entrará en vigor.
Procedimientos por delitos contra la ordenación del territorio, por contaminación o contra tramas criminales de caza furtiva resultan ser muy complejos y largos por las características técnicas de los delitos penales, la cantidad de legislación aplicable, así como el número de imputados. Esto provoca la necesidad de múltiples informes de numerosas administraciones, acciones periciales de todo tipo, etc.
Por otro lado, la pretensión de revisar los cientos de miles de procedimientos pendientes por el carácter retroactivo de la norma, sin una ampliación de los recursos materiales y humanos de los juzgados resulta insensata. No es creíble ni factible la pretensión del Ministro de Justicia, de revisarlos en la «vacatio legis» (período de tiempo estipulado entre la publicación de una ley y su entrada en vigor) de dos meses, desde la aprobación de la norma hasta su entrada en vigor. Pero sí que es significativo que esta actuación se produzca a menos de veinte días de las elecciones generales. Es una ley que sobre todo blinda al Partido Popular, y de paso a Convergència Democràtica de Catalunya, y a su mal hacer en Valencia, Madrid, Cataluña o Galicia.
