Queja ante la Defensora del Pueblo por el caso Volkswagen

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Queja ante la Defensora del Pueblo

Las organizaciones de la Campaña Contra los Malos Humos [1] han presentado una queja ante la Defensora del Pueblo y piden su intervención ante la inacción del Gobierno por la situación creada como consecuencia del grave fraude cometido por la empresa Volkswagen.

Efectivamente, tal y como el propio grupo empresarial reconoció, mediante la utilización de sofware trucado en muchos de sus vehículos desde el año 2009, sus motores emiten gases contaminantes como el dióxido de nitrógeno, NO2, muy por encima de los límites permitidos, así como de CO2, generadores del efecto invernadero. Esto, a juicio de la Campaña, constituye un delito contra la salud pública y el medio ambiente, al vulnerar varios derechos amparados por la Constitución y la normativa vigente. Además, dado que los vehículos poco contaminantes obtienen subvenciones públicas, es muy plausible que se haya estafado al erario público al haber recibido subvenciones inadecuadas, situación que previsiblemente también podría ser delictiva.

Por ello, las organizaciones de la Campaña se dirigieron hace cerca de dos meses a los ministerios implicados (Medio Ambiente, Industria, Sanidad) para solicitar una reunión con sus responsables y analizar las medidas que se estaban tomando para evitar los problemas de salud pública y ambiental que genera esta situación. Unos problemas que incluso están suponiendo que en muchas zonas con tráfico denso se vulnere de forma sistemática la normativa de calidad del aire. No hablamos de una mera infracción de la ley, puesto que lo realmente grave son sus consecuencias: un reciente estudio de la Agencia Europea de Medio Ambiente cuantifica en 5.900 las muertes prematuras en el Estado español a causa del NO2. Pero es que, además, puede acarrear una multa millonaria contra el Estado español por parte de la Comisión Europea por vulneración de la directiva de calidad del aire.

Ante la falta de respuesta de las autoridades españolas, ante su inacción a la hora de controlar estas emisiones y las del resto de fabricantes de forma fiable, las organizaciones firmantes se dirigen a la Defensora del Pueblo para que desde esa institución se presione al Gobierno para que ponga en marcha las medidas urgentes y necesarias que eviten esta situación y que hagan que sus responsables paguen por ellas.




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