La empresa que quiere urbanizar el sector Anibits-Margequivir entre los deudores a Hacienda

El pasado miércoles 23 de diciembre la Agencia Tributaria publicó el listado delas personas físicas y jurídicas que tenían deudas importantes con la Hacienda Pública a fecha de 31 de julio. Entre ellas figuran 4.510 empresas, la mayor parte dedicadas a la construcción y promoción inmobiliaria, con una deuda total de 14.900 millones de euros.

En el listado público aparece la mercantil Arquitectura y Construcción de Vanguardia S.A., con una deuda de 2.385.605,49 euros. Esa mercantil es titular de la mayor parte del suelo del sector Anibits-Margequivir en Callosa d’en Sarrià. En ese suelo situado en las faldas de la Sierra de Bèrnia se pretendían construir más de 2.000 viviendas en su mayor parte en suelo perteneciente a espacios protegidos de la Red Natura 2000. La Sentencia del TSJCV de diciembre de 2014 anuló el PGOU en ese sector y por tanto esos terrenos volvieron a tener la clasificación de suelo rústico no urbanizable.

Para revertir esa situación el Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià firmó con Arquitectura y Construcción de Vanguardia S.A. un Convenio de colaboración en marzo de 2015, todavía en manos del Partido Popular (aunque recibió el apoyo de dos concejales del PSOE y la abstención del grupo Bloc-Compromís y de una concejala del PSOE en el Pleno de 26 de marzo) en el cual la mercantil se comprometía a financiar los estudios y la documentación para que el Ayuntamiento tramitara una modificación puntual del PGOU en ese sector, que permitiera de nuevo la ejecución de un nuevo proyecto urbanístico, con dos campos de golf y con una ligera reducción de la extensión del sector y del número de viviendas, con predominio ahora de viviendas de varias plantas en lugar de chalets unifamiliares. Esa modificación se tramitó ante la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente un poco antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2015. Ahora mismo la viabilidad de ese proyecto está en manos de la Conselleria de Medio Ambiente, que ha de elaborar el Documento de Alcance de la evaluación ambiental estratégica de esa modificación puntual del PGOU.

Por una parte, Ecologistas en Acción y la Plataforma Callosa Sostenible consideran poco ético que el Ayuntamiento de Callosa d’en Sarrià firmara un Convenio con una mercantil que es deudora con las arcas públicas. Por otra parte también sería contradictorio y paradójico con la política de transparencia y lucha contra la corrupción propugnada por el nuevo Consell de la Generalitat Valenciana, que la Conselleria de Medio Ambiente aprobara un Documento de Alcance que diera viabilidad a un proyecto urbanístico insostenible ambientalmente, cuyo principal beneficiario es una empresa que debe millones de euros a las arcas públicas.




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