El coste real de la electricidad

Un análisis desde el enfoque de la economía ecológica y el de la deuda ilegítima.

Pablo Cotarelo, Observatori del Deute en la Globalització. Revista El Ecologista nº 87.

Desde que el gobierno de Aznar se propuso liberalizar el sector eléctrico en 1998, la ciudadanía y las pymes le han realizado pagos que podrían considerarse ilegítimos por valor de unos 80.000 millones de euros. Así lo explica el estudio ‘El coste real de la energía’ [1], del Observatori del Deute en la Globalització, y cuyas conclusiones se resumen en este artículo.

En tiempos de crisis nos preguntamos por el reparto de las cargas que esta conlleva, con la sospecha casi siempre acertada de que las clases populares se llevan la peor parte. En tiempos de consolidación de la revolución neoliberal intentamos descubrir el papel que cada instrumento utilizado (integración de mercados, tratados de libre comercio, privatizaciones, liberalizaciones…) juega en la expansión del capital. En tiempos de estrechamiento democrático queremos conocer en qué esferas sociales y económicas se mantienen los mayores privilegios.

Es en estos tiempos en los que analizamos el reparto de las cargas generadas por el sector eléctrico español tras el intento de liberalización por parte del gobierno de Aznar a partir de 1998. Dicho análisis se sostiene sobre dos pilares básicos: el enfoque de la economía ecológica y el de la deuda ilegítima. Bajo el primero se tienen en cuenta no solamente el nivel de la economía real (productiva) y la economía financiera, sino también el nivel de la economía real-real, que incluye los flujos de energía y materiales de los que provee la biosfera, así como del trabajo humano, principalmente de reproducción de la vida, históricamente realizado por las mujeres. En relación al segundo pilar, se considera que la ilegitimidad procede de la vulneración de los derechos humanos, sociales, económicos, culturales y medioambientales de gran parte de la población en favor de los intereses de una minoría. La legitimidad precede a la legalidad (como en los casos de la abolición de la esclavitud o la instauración del voto universal), y no siempre coinciden en tiempo y espacio.

Para el caso del sector eléctrico español en el periodo 1998-2013, es el Estado el que habilita, justifica y/o reconoce los pagos que los usuarios, tanto particulares como las pequeñas y medianas empresas (pymes), realizan al mismo. En estas condiciones, el análisis se centra en determinar si cada uno de los pagos realizados al sector desde la Ley 54/1997, conocida como la de la liberalización, responde a los intereses de la población y, más concretamente, si ha habido sobrecostes injustificados, si los fines últimos de los pagos han sido diferentes de su justificación formal, si carecen de justificación económica, o si las condiciones en los que se instituyeron carecían de garantías.

Pagos ilegítimos

Para el nivel de la economía real, los apartados en los que se encuentran indicios de ilegitimidad se dividen en las componentes reguladas y de mercado de la tarifa eléctrica, además de una nueva categoría denominada “otros pagos”. En ella se incluyen aquellos conceptos que no siguen estrictamente la definición de la componente de la tarifa en la que se encuentran formalmente. En la Tabla 1 se observan los apartados de la tarifa con indicios de ilegitimidad.

Tabla 1. Estructura de la tarifa eléctrica

Componente reguladaOtros pagosComponente
de mercado
Adquisición Régimen especial
Primas Régimen especial
Transporte
Distribución y Comercialización
Nucleares (Moratoria, 2ª Parte ciclo de combustible, Stock)
Organismos (REE, OMEL, CNE)
Generación extrapeninsular y revisión
Pago Déficit de tarifa
Carbón (Consumo carbón nacional, Stock, Elcogás)
Costes de Transición a la Competencia
Pagos por Capacidad (Garantía de Potencia)
Impuesto de Electricidad
Contrato de Interrumpibilidad
Alquiler equipos de medida: Contadores
Mercado diario
Subasta CESUR

Fuente: elaboración propia

Dentro de la componente de mercado, las reglas de funcionamiento del mercado diario han generado beneficios extraordinarios para los propietarios de las instalaciones más antiguas: nucleares e hidroeléctricas. Estos beneficios caídos del cielo, como se les conoce habitualmente (windfall profits, en inglés), resultan de comparar los ingresos reales proporcionados por el mercado en 1998-2013 y la retribución que habrían recibido dichas instalaciones en el caso de haber seguido vigente el método de fijación de precios del periodo anterior (Marco Legal Estable, 1988-1997). Los 22.190 millones de euros de diferencia representan el mal funcionamiento de un sistema de generación de precios que utiliza el mercado marginalista como principal herramienta para ello. En este mercado encontramos uno de los mayores focos de creación de ilegitimidad del sector eléctrico. El desconocimiento de los costes reales de la generación de electricidad provoca esta situación tan desequilibrada para los usuarios, y sirve para instaurar el más que conocido déficit de tarifa, y la deuda que provoca.

En el nivel financiero de la economía se encuentran dos elementos que generan deuda ilegítima: la subasta CESUR (trimestral, entre la segunda mitad de 2009 y finales de 2013), y el déficit de tarifa por pagar y sus intereses. La subasta CESUR fue eliminada por el Gobierno actual por considerarla un coste excesivo después de que la última subasta celebrada arrojara una subida del 11% [2], que en su mayoría se embolsarían intermediarios financieros. En los cuatro años y medio que funcionó CESUR generó un sobrecoste de más de 1.600 millones de euros. Por otra parte, el tramo del déficit de tarifa más los intereses que quedan por pagar (hasta 2027) ascienden a más de 24.000 millones de euros, deuda creada asimismo de manera opaca debido al desconocimiento de los costes reales de generación, fundamentalmente.

Para el nivel de la economía real-real, se divide la cadena de suministro del sector eléctrico español en dos fases: la de extracción (hasta la transformación en electricidad) y la de generación. En la primera se observan: deterioro de los medios de vida de las comunidades, empobrecimiento y destrucción de los bienes hídricos en lugares como Sudáfrica o el deterioro de la salud de las personas (mineros fundamentalmente) en casi cualquier lugar de explotación, en lo referente al carbón; el acaparamiento de tierras e ingresos, y la aparición de enfermedades en Níger, para el uranio; o la represión en Argelia, para el gas natural. En la segunda fase, la deuda de carbono generada por el sector eléctrico español, como resultado del exceso de emisiones de gases de efecto invernadero sobre lo que le correspondería según las proyecciones del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), fue de más de 306 millones de toneladas de CO2-eq para el periodo estudiado. Además de eso, la emisión de otros tipos de contaminantes, como los que acidifican la atmósfera o las partículas en suspensión, provocan afecciones a la salud humana y deterioro de diversos ecosistemas, en algunos casos de manera irreversible.

El hecho de que algunos de los daños provocados por la creación de pasivos ambientales y sociales sean irreversibles (algunos efectos del cambio climático, pérdida de vidas humanas, desaparición de biodiversidad o ecosistemas) hace que la deuda ecológica provocada por el sector eléctrico sea inconmensurable.

Conclusiones

Del análisis de legitimidad realizado se concluye que el sector eléctrico ha recibido pagos en 1998-2013 que podrían ser ilegítimos por: sobrecostes injustificados, fines diferentes a los justificados, opacidad en la fijación de precios, intereses de deudas ilegítimas, comprometer el bienestar y seguridad de la población. La estimación de dichos pagos asciende a más de 80.000 millones de euros (para el valor del dinero de 2013). De ellos, 65.000 millones fueron a parar a las cinco grandes empresas eléctricas de Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo, Edp) que controlan de manera combinada el 94% de las actividades de generación, distribución y comercialización.

También se puede afirmar que el sector eléctrico no es sostenible de ningún modo. Ambiental y socialmente genera una deuda ecológica inconmensurable. Económicamente sus empresas principales han recibido ayudas del Estado por valor de unos 65.000 millones de euros, sin las cuales se les habría hecho imposible sobrevivir en las condiciones actuales. Y financieramente, el accionariado que controla más del 80% del sector a través de Endesa e Iberdrola se encuentra excesivamente lejano del servicio eléctrico que debería procurar. Endesa está controlada por el Ministerio de Economía de Italia a través de Enel (su propietaria real) e Iberdrola por el fondo soberano de Qatar. Es decir, el sector eléctrico español está controlado por actores públicos extranjeros.

Finalmente, la opacidad y las desigualdades sociales provocadas por el sector eléctrico ponen en cuestión la calidad de las instituciones, que deberían proteger los intereses de la ciudadanía y el funcionamiento adecuado y equilibrado de la economía que procura la mayoría de los bienes y puestos de trabajo.

Propuestas

Ante esta irregular situación, que compromete la sostenibilidad económica, y también la estabilidad política y la legitimidad democrática de la sociedad, el estudio realiza una serie de propuestas. Una auditoría pública y ciudadana para que, además de calcular la cuantía de los pagos irregulares, se decida democráticamente qué medidas adoptar. Posteriormente, la cancelación y/o reforma de todos los mecanismos que han estado generando dichos pagos ilegítimos, y el diseño de un sistema eléctrico bajo criterios racionales y democráticos.

Como consecuencia directa de lo anterior, un plan de recuperación y devolución del dinero pagado irregularmente, y la reparación de los daños ambientales. Y finalmente, medidas estructurales que permitan evitar la generación de comportamientos ilegítimos en el futuro, como mecanismos de transparencia y participación ciudadana en el servicio eléctrico, la garantía de una cantidad mínima de electricidad para toda la población, y la relocalización de la cadena de suministro eléctrico con el objetivo de la minimización de las cargas, y un reparto justo y equilibrado de las pocas que se pudiesen generar.




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