Situación ambiental de la Región de Murcia

Un modelo de desarrollo a espaldas de su medio ambiente.

Ecologistas en Acción de la Región Murciana. Revista El Ecologista nº 87.

Las nefastas políticas llevadas a cabo por los diferentes gobiernos, sitúan a la Región de Murcia en una difícil encrucijada ante los retos presentes y futuros. Los asuntos ambientales han quedado relegados ante un modelo de desarrollo tremendamente insostenible y marcado por la mala gestión o directamente por una abierta corrupción.

En la Región de Murcia las sucesivas mayorías absolutas se han utilizado para defender intereses privados y de partido, por encima del interés general y de los derechos de la ciudadanía, convirtiendo la región en un perfecto caldo de cultivo para la corrupción política y el clientelismo. No en vano, más de la mitad de los 45 ayuntamientos de la Comunidad Autónoma han tenido casos de corrupción política e irregularidades, la mayoría fraguadas en la década dorada del urbanismo, lo que nos deja una larga lista de imputados y condenados. Destacan exconsejeros –varios responsables de Medio Ambiente–, varios ex delegados del Gobierno, varios ex altos cargos del Gobierno regional, y los exalcaldes de las principales ciudades de la región.

Y no se trata de casos aislados, sino de una forma de utilizar las instituciones públicas para beneficio de unos pocos. Esto nos deja una región en la que no hay un plan de desarrollo, y casi todos los instrumentos de planificación están por hacer o por reconducir.

De las altas tasas de construcción durante el boom urbanístico, ligadas inevitablemente a altas tasas de abandono escolar, hemos pasado a elevadas tasas destrucción de empresas y de empleo. El dilapidar tantos recursos solo nos ha servido para aumentar considerablemente nuestra deuda [1], e hipotecar nuestro futuro. Ahora, la crisis sirve de excusa para recortes sociales, que no se producen con relación a las innecesarias y sobredimensionadas infraestructuras que se siguen promoviendo.

Estrenándose la sexta legislatura consecutiva del Partido Popular, la primera sin mayoría absoluta [2], no se atisban grandes avances. Sirva de muestra que el actual presidente del Gobierno autonómico está bajo amenaza de imputación por un caso de irregularidades en el municipio del que fuera alcalde.

Pero, a pesar de las circunstancias, la Región de Murcia aún posee una gran riqueza natural y variedad de espacios con un buen estado de conservación. Hay una enorme biodiversidad en nuestra tierra, fruto de la variedad de ambientes, paisajes y ecosistemas. Esto se traduce en multitud de figuras de protección: 19 espacios naturales protegidos, 47 LIC terrestres, 3 LIC marinos o 20 zonas ZEPA, entre otras. Lamentablemente, este valioso y diverso patrimonio natural no se acompaña de políticas sostenibles, ni de una planificación adecuada del territorio y de los recursos, dando como resultado, por ejemplo, la catalogación de 58 especies de fauna y 338 especies de flora como amenazadas.

Planificación: cuando solo se ven “solares” por doquier

El urbanismo a la carta y las infraestructuras sobredimensionadas han dominado prácticamente cualquier política regional y local, depredando los recursos naturales y dilapidando los presupuestos públicos. Como consecuencia tenemos un territorio poco y mal planificado y una creciente deuda pública, que limita cualquier inversión pública futura en sectores que favorecen un verdadero desarrollo sostenible. Tras más de 30 años de democracia está prácticamente todo por hacer en cuanto a recursos naturales se refiere.

Los sucesivos gobiernos autonómicos han olvidado elaborar, aprobar y aplicar los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la mayoría de los 19 espacios naturales protegidos, declarados durante las décadas de los 80 y 90. Tampoco existen los necesarios planes de gestión para las especies animales y vegetales catalogadas como amenazadas. Por no hablar de que, a pesar del procedimiento sancionador abierto por la UE, seguimos sin tener aprobados los planes de gestión de los espacios Natura 2000, en buena medida debido a las presiones en contra ejercidas por el sector empresarial más casposo, representado por la CROEM [3]. Paradójicamente algunos de sus ilustres e hipócritas miembros no tienen reparos en utilizar la Red Natura como marca para encarecer sus productos y ganar en publicidad, como es el caso de COATO, presidida por José Luis Hernández Costa [4]. Otros olvidan que están en juego algunas de esas ayudas que están tan acostumbrados a pedir a fondos europeos.

La falta absoluta de planificación y regulación de los recursos naturales no es casual, y las zonas grises que crea la carencia de unas reglas de juego claras, benefician a unos pocos. Reconducir la mala situación actual y enfrentar los problemas futuros será muy costoso. A esto se suma el hecho de que la emergencia social tras la crisis, predispone a la población a ceder al chantaje de fantasiosas promesas de empleo, aunque sea a costa de perder espacios muy valiosos, como Marina de Cope, El Gorguel, el río Segura, etc.

Agua: una guerra por el voto fácil

Hay que reconocerle al Partido Popular que en la Región de Murcia ha sabido desarrollar una eficaz estrategia en torno al victimismo hídrico, centrando el foco de todos los problemas en una artificial guerra del agua –igualmente aprovechada por otras regiones– y creando una auténtica identidad regional con la que movilizar el voto en su propio beneficio. El nacionalismo hídrico ha servido para ocultar los verdaderos problemas del territorio y la ineptitud del Gobierno regional para aportar soluciones eficaces, y paradójicamente, para tapar la aciaga gestión del recurso agua en nuestro territorio.

Al tiempo que se lloraba pidiendo agua del Tajo, del Ebro y hasta del Ródano, sufríamos un descontrol total del consumo, con regadíos ilegales y robo de agua, y un río Segura de los más transformados, regulados y contaminados de toda Europa.

La eliminación de muchos vertidos directos al río ha hecho mejorar la calidad de las aguas del tramo medio y bajo del río Segura, pero sigue avanzando la artificialización de sus caudales y sus riberas, con dragados innecesarios y proyectos de impactantes paseos ribereños, tras los que se oculta la necesidad de seguir engrasando la maquinaria de obras públicas innecesarias que solo benefician a unos pocos.

Lo más grave es que sigue sin gestionarse adecuadamente una demanda que ha crecido con nuevos regadíos ilegales, resorts y planes parciales ejecutados y en proyecto. A pesar de lo cual se sigue apostando por sectores con altos consumos como el fracking. El resultado de la mala gestión son miles de pozos ilegales en todo el territorio, venta ilegal de agua, roturaciones y puestas en regadío, vertidos contaminantes, etc.

En la época álgida del caciquil y cuasidictatorial discurso del “Agua para todos”, colectivos críticos con la funesta gestión y con las insostenibles soluciones propuestas eran perseguidos desde las instituciones públicas, tachándonos de “antimurcianos abertzales”. Por fortuna, una parte de la sociedad murciana reaccionó constituyendo la Plataforma La Región de Murcia No Se Vende, que llegó a aglutinar a más de 90 colectivos que luchaban contra el urbanismo sin sentido de aquellos años.

El estallido de la burbuja inmobiliaria parecía el fin de ese monolítico discurso, pero actualmente se está reavivando, como consecuencia de la reactivación de la agricultura como salida a la crisis, y la necesidad de seguir tapando la creciente deuda y corrupción de un Gobierno y un PP que ha perdido cuotas de poder.

Mala gestión: aumentan los problemas

La falta de planificación y control se extiende a otros muchos los ámbitos de competencia ambiental. Curiosamente, la ineficacia administrativa acaba muchas veces beneficiando a empresas bien relacionadas.

Los vaivenes del área de Medio Ambiente, que abarca una enorme variedad de asuntos, unido a la reducción de personal y de presupuesto, así como la reciente disgregación en tres departamentos inconexos, han conseguido restar eficacia y fuerza a un departamento primordial para el desarrollo sostenible de la región. Esta estrategia se asemeja a la que ya se está usando con éxito en departamentos clave como el de Justicia, infradotándolos de personal y medios, para limitar su eficacia y por tanto conseguir que se impongan los hechos consumados y la impunidad.

Con demasiada frecuencia enfrentamos casos difíciles de resolver por que afectan a determinadas empresas o personas. Sirva de ejemplo el caso de la ilegal Cantera de Arimesa en Fortuna, al borde de un LIC: ha estado años funcionando a pesar de acumular varias sentencias que confirman su carácter ilegal y la necesidad de su cierre. Cierre que hasta ahora nadie se atreve a ejecutar, ya que es propiedad del Presidente de la Cámara de Comercio de Murcia.

Gestión de residuos: un desastre absoluto

La falta de un Plan Regional de Residuos serio y en ejecución, y la escasa eficacia y voluntad de las administraciones regional y locales para gestionar este complicado apartado, nos deja una región plagada de vertederos ilegales y problemas serios. Por un lado tenemos un grave problema originado por la falta de concienciación ciudadana, de alternativas y de control, que convierte cada curva y cada rambla en un vertedero de todo tipo de residuos.

Pero lo verdaderamente indignante es la cantidad de empresas que incumplen la gestión legal de sus residuos, y lo difícil que parece para la administración enterarse de ello. Así, nos hemos encontrado con verdaderos vertederos industriales, donde algunas empresas vertían lo que querían con absoluta impunidad, a veces escudadas en licencias de vertido o acopio de inertes, donde al final iban a parar una enorme variedad de residuos de diferente peligrosidad. Otras veces incluso se utilizan terrenos públicos o privados sin ningún tipo de licencia, sin reunir las condiciones adecuadas, etc.

Uno de los casos más emblemáticos es el de Blanca. Vertedero ilegal en terreno municipal, Monte Público, dentro de una ZEPA, y con un control de acceso consistente en cobrar una tasa y decir: “pégate al barranco y échalo ahí”. Esa rambla desagua en el Azud de Ojós, donde se desvía la mayor parte del caudal del río Segura para destinarlo a agricultura y a uso doméstico. Por si fuera poco, el propio Ayuntamiento mandaba allí a los particulares. El caso está en los juzgados a raíz de las denuncias de Ecologistas en Acción, con el alcalde imputado.

El grave problema se extiende a muchos gestores supuestamente legales. Casos como el vertedero de Proambiente en Abanilla (propiedad de Ángel Fenol, investigado en casos de corrupción en la Comunidad Valenciana) ponen de manifiesto la necesidad de mejorar el control e inspecciones de este tipo de instalaciones, puesto que la magnitud del problema deja al descubierto la falta de eficacia y control de la administración. Tras años de problemas e infracciones, destacando la invasión de 40 hectáreas de un LIC muy singular y raro en nuestra región, o el enterramiento ilegal de basuras en zanjas en parcelas agrícolas, finalmente se ha suspendido la Autorización Ambiental del último vaso del vertedero. Tras meses de lucha con la empresa, la administración ha hecho efectivo el cobro del aval, para ejecutar subsidiariamente el sellado y restauración del vertedero, algo que es la primera vez que se realiza en esta Comunidad Autónoma.

Y no es el único vertedero legal que comete irregularidades. También el vertedero de Befesa, de sustancias tóxicas y peligrosas, permanece cerrado e investigado por graves irregularidades que podrían suponer un delito contra el medio ambiente y la salud pública. O la reciente denuncia a una empresa de gestión de hidrocarburos en Cartagena que acumulaba de manera inadecuada residuos altamente contaminantes, emitiendo gases nocivos y contaminando suelo y agua con derrames tóxicos.

Tampoco podemos olvidar casos que llevan décadas sin resolverse, como Portmán, uno de los vertidos industriales contaminantes más importantes de la costa mediterránea. La empresa minera vertió directamente al mar, en connivencia con la administración, durante décadas, toneladas de residuos mineros de alta toxicidad que envenenaron el entorno y colmataron casi completamente esta bahía. Veinte años después de que la sociedad obligara a cerrar el vertido, la empresa se fue de rositas, y la administración no termina de aplicar ninguna solución al problema, más allá de las promesas electoralistas cada cuatro años.

Eso sí, el hecho de que la mayoría de casos se destapen por denuncias de particulares o asociaciones, demuestra que hace falta complementar la planificación con un cuerpo de inspectores y medios suficientes para asegurar que se cumple la legalidad. También necesitamos un Plan Regional de Residuos, que incentive su reducción y fomente la reutilización, por ejemplo evitando crear nuevas canteras de áridos y la acumulación de montañas de escombro mediante la reutilización de dicho residuo.

Cuando respirar no es sano

La contaminación del aire en la Región de Murcia se está convirtiendo ya en uno de los principales problemas ambientales y de salud pública, especialmente en determinados municipios [5], a pesar de lo cual la administración parece no querer enfrentarlo. El origen varía en función de la zona, pero la causa principal es la actividad humana: tráfico, industria y/o agricultura.

Las principales ciudades de la región registran problemas de contaminación del aire por la combustión de los motores de los vehículos, agravándose la situación en determinados casos debido a las especiales características climáticas de la zona, como pueden ser las inversiones térmicas o la mayor insolación.

Por otro lado, tenemos problemas con los dos principales polígonos industriales de la Comunidad Autónoma: el Valle de Escombreras, con la refinería de Repsol, que ha generado problemas en los últimos años, y el Polígono Industrial Oeste, entre Alcantarilla y Murcia, donde la empresa Derivados Químicos realiza emisiones contaminantes que afectan a la población, e incluso provocando situaciones de confinamiento del alumnado en varios centros educativos demasiado cercanos (fruto de la mala planificación territorial) y actualmente bajo investigación judicial y orden de cierre administrativa.

También está creciendo una problemática relacionada con el sector agrícola en la zona de la Vega Media del Segura, y otros municipios: las nubes de humo. Las quemas de alpacas de paja para combatir las heladas de nuevos frutales, algo totalmente ineficaz, y recientemente la apuesta por la quema masiva de podas y rastrojos, origina unas extensas y densas nubes de humo contaminante (gases nocivos y partículas) que afectan a poblaciones como Cieza, en donde esos días se hace difícil respirar.

A pesar de ser un problema casi más social que ambiental, la administración parece incapaz de aprobar y aplicar un buen Plan de Mejora de la Calidad del Aire [6].

Movilidad: insostenible apuesta por las grandes infraestructuras y el uso del coche

En cuanto a movilidad, tampoco hay nada bueno que resaltar. Poseemos una extensa red de caras autovías, la mayoría de las cuales tiene un tráfico muy inferior al que justificaría técnicamente su construcción. Se construyeron sin buscar alternativas con el transporte colectivo, mejora de trazado de la vía existente, nuevos servicios ferroviarios, etc.

Y en zonas urbanas ha habido una creciente apuesta por despoblar los cascos urbanos hacia urbanizaciones alejadas de los mismos, y por sectorizar los usos del territorio –comercial, ocio, trabajo, estudio…– multiplicando así la necesidad de movilidad y haciendo difícil un transporte colectivo eficaz debido a la dispersión. Además, en grandes municipios como Murcia, Cartagena o Lorca, cada vez que se construyen nuevos viales urbanos o se retocan los existentes, se tiende a aumentar el número de carriles para coches, en detrimento de transportes públicos y bicicleta. En algunos casos se ha parcheado convirtiendo estrechas aceras en inseguros y poco funcionales carriles bici.

La consecuencia de esta mala gestión es la pérdida de espacio para la gente, el enorme gasto público de este tipo de intervenciones, y el aumento de la contaminación del aire que respiramos. Sin duda, un Plan de Mejora de la Calidad del Aire, debería coordinarse con un buen Plan de Movilidad Sostenible, tanto a nivel regional como a escala municipal.

Energías renovables: políticas que no están a la altura de los recursos disponibles

A pesar de que la región de Murcia posee un gran potencial en energías renovables, y la solar en particular, no tienen la presencia que merecerían. Esta región depende mayoritariamente de las energías fósiles importadas, tanto para transporte (principal sector de consumo energético y productor de GEI en la región), como para producción eléctrica, mayoritariamente cubierta por térmicas de ciclo combinado y convencionales del valle de Escombreras. No tenemos ningún tipo de plan de energías renovables, ni zonificación de áreas idóneas. Tampoco se incentiva la investigación y desarrollo en este sector, ni se emiten normas regionales para la implantación de las mismas.

Si bien es cierto que la legislación estatal ha ido limitando las posibilidades en este campo, el Gobierno regional no ha aprovechado los márgenes de que dispone. Necesitamos un plan de desarrollo de energías renovables que no solo contemple la elaboración de un mapa de zonas idóneas para la instalación de los diferentes tipos de energía renovable, sino que prime su uso a través de diversos mecanismos, así como la inversión en I+D+i. Todo acompañado, claro está, de medidas de reducción del consumo.

Problemas emergentes y nuevas amenazas

Por si toda esta situación no nos pusiera en alerta, cada día surgen nuevas amenazas para nuestro territorio:

El fraking, que amenaza nuestro paisaje, nuestros acuíferos y el modo de vida de miles de personas. A pesar de que la nueva Asamblea Regional sacó adelante una moción declarando la Región de Murcia “libre de fracking” con el voto unánime a favor de toda la oposición, el Gobierno regional sigue apoyando esta técnica. Algo incomprensible cuando supone una muy seria amenaza de contaminación irreversible para importantes acuíferos, además de la utilización de enormes cantidades de agua que no sabemos de dónde saldrá y que quedará inservible, en una comunidad que cada día reclama más agua.

También preocupan las consecuencias que tendría la firma de tratados internacionales de libre comercio e inversiones (TTIP y CETA), que suponen una vuelta de tuerca más del capitalismo exacerbado, resultando en menores garantías para el medio ambiente y la salud de las personas, peores condiciones laborales y sociales, y la comercialización de los pocos servicios públicos que nos quedan, entre otras consecuencias.

Otro problema ambiental creciente lo tenemos en la llegada de nuevas especies invasoras, favorecidas por el enorme trasiego mundial de personas y mercancías, especialmente de las últimas décadas, y cuyas consecuencias no son solo ambientales, sino también culturales y económicas. Tal es el caso del picudo rojo que está exterminando palmerales milenarios. También la expansión de especies como el mosquito tigre, que puede transmitir enfermedades graves, o del gasterópodo marino liebre de mar, cuya presencia afecta al turismo, etc.

Pero quizá, uno de los mayores retos al que nos enfrentamos en estos momentos es el cambio climático y sus consecuencias en nuestro territorio. El aumento de la temperatura, la mayor irregularidad de las precipitaciones, el aumento y virulencia de los fenómenos extremos de lluvias torrenciales, sequías y olas de calor, el aumento del nivel del mar, la entrada y expansión de nuevas especies y regresión o desaparición de las autóctonas, etc. está suponiendo ya cambios importantes en nuestro entorno natural, afectando sobre todo a algunos ecosistemas muy delicados, pero sobre todo afectarán a nuestra sociedad y nuestra forma de vida.

Como vemos, en la Región de Murcia está todo por hacer. Y a la vista de los precedentes, debe ser la ciudadanía la que fuerce el cambio y la adopción de soluciones eficaces.




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