Solicitamos la constitución de una comisión de investigación sobre los contratos del Ayuntamiento con Aqualia-FCC

Durante los mandatos de Moresco y Candón se aprobaron contratos y concesiones ilegales con esta empresa por valor de 32 millones de euros

Ante los continuos escándalos de corrupción, como el de Acuamed, que salpican al PP y en los que la empresa FCC aparece presuntamente como actora en los sobornos a dirigentes de este partido, y donante del propio partido, para favorecer la adjudicación de concesiones y contratos públicos, la Plataforma “Apemsa no se vende” cree imprescindible aclarar todo lo relativo a los contratos y concesiones que aprobaron los máximos responsables del ayuntamiento durante el mandato del PP para adjudicar sin concurso público a la empresa Aqualia-FCC estos contratos y concesiones. Esta comisión de investigación fue un compromiso que adquirieron en la pasada campaña electoral las formaciones políticas que hoy constituyen el tripartito: PSOE, Levantemos El Puerto e IU.

Hay que recordar que la Fiscalía presentó denuncia en el Juzgado de El Puerto contra los varios miembros del Consejo de Administración de Apemsa por entender que se podrían haber cometido un delito de prevaricación y, posiblemente, otro de malversación de caudales públicos por haber aprobado diversas contrataciones y prórrogas de concesiones ilegales por adjudicación directa a la empresa Aqualia-FCC, por un montante de 32 millones de €. El Juzgado nº 5 de El Puerto imputó al ex alcalde Enrique Moresco (PP), el ex concejal Carlos Montero (PP), el ex consejero Jose Manuel Cauqui (PA), al ex consejero-delegado (PP) Daniel Pérez Lorenzo y al director-gerente Juan Campos-Guereta. La Fiscalía también denunció por los mismos delitos al es alcalde y actual diputado en el Congreso Alfonso Candón, que no ha sido citado por haberse acogido al impresentable privilegio del aforamiento.

Con pleno conocimiento de estas ilegalidades, Alfonso Candón apoyó la venta a la empresa Aqualia-FCC del 49% de las acciones de Apemsa, en un proceso claramente dirigido a este resultado, y la entrega de su gestión a esta empresa privada.

Además, el PP se negó a la apertura de los correspondientes expedientes sancionadores a Aqualia-FCC por no cumplir con las condiciones de la adjudicación de la EDAR Las Galeras –por la que recibe 3 millones de euros anuales- , que nunca ha cumplido con los parámetros legales de depuración ni con las condiciones de la concesión. Más favoritismo es imposible. Las denuncias presentadas por la Plataforma obligan a la apertura de los expedientes sancionadores y a la rescisión de la concesión.

La salida a la luz de casos de presuntos sobornos y amaño de concesiones de administraciones gobernadas por el PP a favor de la empresa FCC obliga a investigar las irregularidades cometidas en el Ayuntamiento. No deja de sorprender el escándalo que ha montado el PP por la obra fallida de un centro de animales, en una manifiesta mala gestión del Tripartito, que nos puede costar unos 100.000 €, y no se investigue contratos y concesiones ilegales aprobada por ellos a favor de Aqualia-FCC por valor de 32 millones de euros.