Los 5.300 ciudadanos que han firmado la petición online y las 2.400 firmas de ciudadan@s de Monzón y poblaciones cercanas que han firmado en nuestras mesas de recogida e información nos avalan. Existen numerosas razones que deslegitiman a los partidos políticos que se oponen a la búsqueda de otra ubicación para la Incineradora.

Las máximas y mejores tecnologías de filtrado que se proponen sirven únicamente para las partículas en suspensión, no sirven para las emisiones de óxidos de nitrógeno (emisiones que motivaron el informe negativo de Sanidad de Canarias) y que en el caso de la de Monzón serían importantísimas ( 507.000 kg/anuales), ni para el dióxido de azufre (más de 400.000 kg/anuales) ni para parte importante de las sustancias más cancerígenas, como los benziopirenos y dioxinas, que debido a las altas temperaturas de combustión del horno salen en forma de vapor (no son capturadas por los filtros electrostáticos), transformándose en partículas sólidas al enfriarse ya en la atmósfera. Reiteramos, la única solución para minimizar los daños a la salud pública es alejarlas lo más posible de las poblaciones.

El INAGA ha iniciado de oficio un nuevo procedimiento de revisión que se hace de acuerdo a la Ley de Protección Ambiental y que se abre cuando: «La contaminación producida por la instalación haga conveniente la revisión de los valores límite de emisión impuestos , o resulte posible reducir significativamente las emisiones o la seguridad de funcionamiento del proceso o la actividad haga necesario emplear otras técnicas.»

La apertura de este procedimiento certifica que, como se denunció desde la Plataforma contra la Incineradora de Biomasa de Monzón y Ecologistas en Acción, el procedimiento ejecutado por INAGA para autorizar la Incineradora era insuficiente para garantizar la falta de afecciones para la salud de los ciudadan@s de Monzón, sino ¿porqué la revisan, si estaba todo bien?. Quizá la repuesta está en la negativa del Gobierno Canario a autorizar una planta similar en Las Palmas, alejada 2400 metros del casco urbano por un informe de Sanidad de Canarias. En Aragón no se ha realizado hasta la fecha informe de la Consejería de Sanidad. ¿Porqué?

La ubicación propuesta no cumple con la normativa de distancias de las actividades insalubres y peligrosas; la incineradora de biomasa es una industria Insalubre pues sus emisiones son perjudiciales para la salud humana. También es Molesta pues genera humos, gases, olores, nieblas, polvos en suspensión y ruidos, que suponen molestias para los vecinos. Así mismo es Nociva pues las emisiones ocasionarían daños agropecuarios y forestales. Y por último también es Peligrosa, pues el almacenamiento de astillas o serrín es susceptible de originar riesgo por explosiones o incendios (Similar a caso Porta).

La ubicación, en su caso, y cumpliendo toda la normativa medioambiental, debería ser en un suelo industrial donde especialmente se prevé la instalación de industria pesada. El propio PGOU de Monzón indica que la Industria pesada «aparecerá totalmente aislada en polígonos específicos». La autorización de la instalación de esta industria en esa ubicación ha vulnerado la normativa existente, se incumple la ley. Por otro lado no se puede comparar la situación actual con la histórica instalación de industria pesada en el Polígono Paules o en la zona cercana a la población (a menos de 1.200 m.) del Polígono Armentera, pues estas industrias se instalaron en los años 40 a 60 del siglo pasado, hace más de 50 años, en una época en la que apenas se hablaba de contaminación y se desconocían las problemáticas de instalar industrias pesadas y contaminantes tan cercanas a las poblaciones. ¿Por qué ese empecinamiento en mantener la ubicación propuesta en la misma parcela si alejándola de las poblaciones se limitan muchísimo las afecciones?

La última industria pesada instalada en el Polígono Armentera, Metalogenia ( 2011-14) con mucho menos volumen de emisiones que la Incineradora propuesta se instaló a 2.700 metros de casco urbano.

Las distintas administraciones deben hacer todo lo posible por evitar las evidentes afecciones para la salud que esta actividad tiene en su ubicación actual, y la fórmula existe, sólo hay que tener voluntad, por otro lado los cargos públicos tienen el deber de proteger la Salud Pública.

La Plataforma contra la Incineradora de Biomasa exige que la instalación se sitúe lejos de Monzón y de cualquier otra población, existe suficiente superficie en la zona para buscar ubicaciones alejadas de las poblaciones, por lo que pretender achacarnos que proponemos ubicarla cerca de otras poblaciones como la Almunia de San Juan o Castejón del Puente es una burda maniobra de manipulación, lucharíamos con el mismo ahínco para evitarlo.