Las asociaciones ecologistas ante el PGOU de Chiclana

Las asociaciones ecologistas Ecologistas en Acción, Toniza y AGADEN venimos advirtiendo que el PGOU que viene tramitando el Ayuntamiento de Chiclana responde a una visión obsoleta del urbanismo, la que dio lugar a la burbuja inmobiliaria y a la crisis que ha arruinado este país y a millones de personas, y no a los nuevos tiempos que demandan una lucha sin paliativos contra la especulación, la corrupción y las ilegalidades urbanísticas, y garantizar el derecho a una vivienda digna para todos, que es el mandato de la Constitución, la que tanto invocan algunos de los partidos aquí presentes. Además, el PGOU debe tener como objetivo prioritario recualificar la ciudad actual, con espacios y equipamientos públicos de calidad. Tras 20 años de fiascos urbanísticos, el Ayuntamiento de Chiclana puede desperdiciar una nueva oportunidad si aprueba otra vez un PGOU condenado al fracaso.

Se ha tramitado un PGOU que infringe gravemente la normativa estatal y comunitaria de evaluación ambiental. Para evitar una nueva anulación del PGOU; el pasado 13 de octubre presentamos un Recurso de Alzada ante la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (CMAOT) contra una supuesta Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) aprobada por esta Consejería. En este recurso, se hacía constar:

- Que se estaba incumpliendo la Directiva 2001/42/CE y la Ley 9/2006 relativas a la Evaluación Ambiental Estratégica de planes y programas.

- Que el Tribunal Supremo (TS) ha reiterado en varias sentencias, por lo que es ya jurisprudencia consolidada, la obligación de someter los planes urbanísticos que se aprueben a partir de 21 de julio de 2006 a la EAE que regulan dicha directiva y ley, y no sólo a la normativa autonómica que ha pretendido aplicar a dichos planes urbanísticos un mero estudio de impacto ambiental.

- Que todos los planes urbanísticos que han aprobando en Andalucía desde esa fecha están viciados de nulidad.

Por ello, hemos solicitado al Consejero de MAOT que se proceda a iniciar un procedimiento de EAE del PGOU de Chiclana en aplicación de la mencionada normativa estatal y comunitaria, para realizar una verdadera y rigurosa evaluación ambiental de sus objetivos y propuestas y darle seguridad jurídica. A este Recurso no hemos tenido contestación, por lo que vamos a recurrir ante los tribunales esta fraudulenta EAE.

Las diferencias de la Directiva Comunitaria y la normativa básica estatal, con la legislación (Ley GICA) que viene aplicando la Junta de Andalucía son sustanciales, no de mero formalismo o de títulos de los procedimientos a seguir, como también ha dejado claro la jurisprudencia del TS. La normativa estatal y comunitaria exige un proceso previo de consultas para definir los objetivos, propuestas y proyectos a incluir en el PGOU, que deben estar perfectamente justificados. Además, exige el estudio de opciones alternativas a todas las propuestas del PGOU; incluida la alternativa “cero”, que no es un mero “no hacer un PGOU”, sino analizar la procedencia, motivación y justificación de incluir o no las diferentes opciones. Por poner algunos ejemplos, en el PGOU se han incluido sin justificar su necesidad y sin opciones de ubicación alternativa: la carretera de circunvalación Ronda Oeste, un hospital en el “Sistema General de Espacios Libres” del Pinar de Hierro, la urbanización del Cerro de La Espartosa, unos crecimientos urbanísticos desmesurados de un 130%, la construcción de 17.190 nuevas viviendas, lo que supondría un aumento de población de más de 40.000 habitantes -un 50%-, cuando la población se está estabilizando en torno a los 82.000, con previsiones de descenso a medio y largo plazo. Todas estas propuestas deberán ser justificadas, con opciones alternativas, en el nuevo PGOU que se tramite.

El pasado 13 de noviembre dirigimos un escrito al alcalde adjuntando el mencionado Recurso de Alzada, y solicitando que se proceda al archivo del PGOU actualmente en tramitación y que se redacte un nuevo PGOU, sometiéndolo al preceptivo procedimiento de EAE de planes y programas. Tampoco hemos tenido contestación. Asimismo, solicitamos expresamente que se nos tenga por parte interesada, y se nos dé el preceptivo trámite de audiencia, lo que tampoco ha tenido lugar.

Al parecer, tanto la CMAOT y este Ayuntamiento pretenden “sostenella y no enmedalla”, incurriendo en infracciones jurídicas de bulto que ya han provocado la anulación del PGOU por tres veces. Esta sería la cuarta, previsiblemente cuando se cumplan 25 años de haberse iniciado la tramitación del PGOU. Todo un récord. La absoluta seguridad en la fraudulenta tramitación de este PGOU por parte de la CMAOT se puede constatar en:

- No ha contestado a ninguna de las 211 alegaciones que hemos presentado, lo que ya de sí puede conllevar la nulidad por conculcar los derechos como ciudadanos y parte interesada.

- No ha resuelto el recurso presentado.

- Ha tardado tres meses en contestar a la consulta del Ayuntamiento con un escrito político – que no informe jurídico- insultantemente breve que no entra en el fondo de las cuestiones jurídicas sobre la procedencia o no de continuar con la tramitación del PGOU.

La CMAOT ha decidido seguir tramitando los 450 planes que carecen de EAE, eludiendo sus propias responsabilidades, con el convencimiento de que la progresiva anulación de los mismos acarreará menos consecuencias políticas que reconocer que se están tramitando fraudulentamente y paralizarlos ahora. Cuando se anulen por los tribunales, esperan no estar ya en sus actuales responsabilidades políticas. Las consecuencias sociales, medioambientales y económicas de tanta irresponsabilidad para los municipios afectados serán tremendas.

Los que piensen que es mejor aprobar este PGOU que no tener PGOU, que piensen que, además de poder estar incurriendo en una manifiesta ilegalidad, lo que están es apostando por el fracaso de este PGOU. Si se aprueban este PGOU, tengan ustedes la muy alta seguridad de que se terminará anulando dentro de 3 o 4 años, y vuelta a empezar. También se anularía todo el desarrollo del mismo: planes parciales, regularización de urbanizaciones ilegales, licencias de obras… ¿Ese es el posibilismo que necesita Chiclana?. Mejor empezar ahora bien que demorar el desastre anunciado por activa y pasiva.

Los que voten a favor lo hacen para apoyar un PGOU digno ejemplo de la burbuja inmobiliaria, con crecimientos urbanísticos desmesurados e injustificados, y por tanto son corresponsables de la especulación y la corrupción que genere.

Los que se escuden en que hay informes jurídicos favorables, advertir que dichos informes se basan en una legislación andaluza que ya la abundante y consolidada jurisprudencia del TS ha advertido de su no adecuación a la legislación básica estatal y a las directivas comunitarias, sentencias que advierten que no es posible “la posterior subsanación si la aprobación del PGOU tuvo lugar sin la previa y necesaria Evaluación Ambiental Estratégica", por lo que el TS viene determinando que todos los PGOUs sin EAE “están viciados de nulidad”. El Informe del Secretario advierte sobre estas sentencias del TS, aunque parece no sacar conclusiones de las mismas sobre la inadecuada tramitación de este PGOU.

Hay que recordarles que el artículo 78 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, estipula que:

1. Los miembros de las Corporaciones locales están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo.

2. Son responsables de los acuerdos de las Corporaciones locales los miembros de las mismas que los hubiesen votado favorablemente.

3. Las Corporaciones locales podrán exigir la responsabilidad de sus miembros cuando por dolo o culpa grave, hayan causado daños y perjuicios a la Corporación o a terceros, si éstos hubiesen sido indemnizados por aquélla.

Sin que estas responsabilidades puedan eludirse por la existencia de informes técnicos o jurídicos favorables, ya que el acuerdo se adopta con pleno conocimiento de su posible ilegalidad, lo que conllevaría, en todo caso, presumibles responsabilidades de los funcionarios que permiten o avalan este acuerdo ilegal. En este caso las responsabilidades serían de mayor alcance, al conllevar la anulación del PGOU la de todos los instrumentos de desarrollo y las licencias de obras aprobadas al amparo de este planeamiento.

Finalmente, advertimos, como ya se le hemos trasladado al alcalde, que de aprobarse este PGOU por parte del Pleno del Ayuntamiento, se podría estar incurriendo en un presunto delito de prevaricación.




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