Desde el día 17 de octubre y hasta el 10 de noviembre se celebrará, en las dependencias de la Audiencia Provincial de Toledo, la vista oral contra los responsables del vertido que en la madrugada del uno de agosto de 2000 contaminó gravemente el río Tajo al derramarse trescientos mil litros de fuel oil desde la Central Térmica de Aceca. El vertido se produjo debido a una serie de fallos en los sistemas de llenado y de seguridad de los depósitos de fuel-oil de esta obsoleta Central que gestiona la compañía eléctrica Iberdrola y de la que es co-propietaria Unión Fenosa. Ecologistas en Acción ejerce la acción popular y espera una condena ejemplarizante, como primer paso para el cierre de esta contaminante instalación, y que se resarzan los daños medioambientales causados al río y a la vida silvestre.
La Central Térmica de Aceca se ubica a orillas del río Tajo en el término municipal de Villaseca de la Sagra, unos 20 kilómetros aguas arriba de la ciudad de Toledo. Empezó a funcionar en los años setenta, gestionada por Iberdrola, pero de titularidad compartida con Unión Fenosa, es una vetusta y por desgracia bien conocida planta de producción de energía eléctrica que obtiene a partir de la combustión de fuel-oil y, más recientemente, de gas.
Cuando ocurrió el vertido y como queda demostrado en los informes del SEPRONA de la Guardia Civil, sus sistemas operativos y de seguridad se encontraban en mal estado de mantenimiento. La causa directa del vertido que se produjo en verano de 2000 fue el rebose del fuel-oil desde el Tanque Día 2 que abastece de combustible una de las dos calderas de combustión que utiliza la Central para la producción de energía, sin que ninguno de los indicadores de nivel, electrónicos ni por presión, de los que está dotado alertaran de la situación.
Además, la válvula de vaciado manual del cubeto de contención, que debe estar permanentemente cerrado para precisamente contener los carburantes que rebosen del tanque, estaba abierta, por lo que el hidrocarburo llegó a través de una arqueta, en la que lo sistemas de bombeo de fuel oil tampoco funcionaron, al propio río Tajo.
Al día siguiente del vertido, los trece kilómetros de río que separan la central de la presa de Higares se encontraban cubiertos de fuel-oil, afectándo una superficie de 950.000 m2 del cauce y riberas del río Tajo, una zona de gran valor ecológico por sus bosques de ribera y abundancia de aves. Según los cálculos realizados, 300.000 litros de fuel-oil llegaron al río sin que nada ni nadie actuara para evitar la catástrofe medioambiental.
El fuel-oil es una sustancia muy contaminante, tóxica por ingestión, inhalación e impregnación que causó unos tremendos efectos ambientales negativos sobre la calidad de las aguas y los ecosistemas acuáticos, vegetación ribereña y acuática y la fauna asociada (peces, aves, reptiles, mamíferos, anfibios…). Sobre la comunidad faunística los efectos fueron especialmente significativos especialmente si se tiene en cuenta que el vertido se produjo durante la época de reproducción de muchas especies y el inicio de la migración de multitud de aves que utilizan el Tajo como referencia y lugar de reposo.
En los días que duraron las labores de limpieza del vertido Ecologistas en Acción, que colaboró en las tareas de limpieza y rescate de animales, detectó un total de 41 especies animales afectadas, 30 de ellas protegidas, calculando el número de aves impregnadas en unas 1.000.
Además, las actividades agropecuarias y forestales de la zona se vieron también gravemente perjudicadas por la pérdida de las cosechas cercanas por la contaminación causada por el hidrocarburo y la paralización de los riegos y las extracciones de agua. Del mismo modo, por motivos de salud pública, se hubo de establecer un vedado de caza y pesca en todo el área afectada.
Después de una larga fase de instrucción eficazmente dirigida por la Fiscalía de la Audiencia Provincial y el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número uno de Illescas, el lunes dan comienzo las maratonianas sesiones del juicio oral. Por él pasarán los nueve acusados (cargos directivos y técnicos de control responsables de la cadena de errores que provocaron el vertido) y decenas de testigos y peritos.
Ecologistas en Acción, que ejerce la acusación popular en el procedimiento, defenderá la condena penal de los acusados por los graves daños producidos al medio ambiente afectado, en aras a la asunción de la adecuada responsabilidad por parte de cada uno de los responsables del vertido, así como la reparación e indemnización de los daños ambientales hasta la completa recuperación del río y sus ecosistemas y comunidades asociadas.
Ecologistas en Acción espera que el Tribunal dicte una sentencia condenatoria en consonancia con las numerosas pruebas que avalan el hecho de que el vertido no fue causado por un accidente, sino que fue provocado por la inobservancia de las más elementales normas de funcionamiento y control que debía cumplir la Central.
Ecologistas en Acción deplora que, por otra parte, ni la Consejería de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha ni el Ministerio de Medio Ambiente hayan exigido el cierre de la instalación que, a día de hoy, sigue produciendo contaminación por hidrocarburos en el río. También, denunciamos que las Administraciones Ambientales competentes no ofrezcan constancia de haber hecho un seguimiento del río y de la recuperación del ecosistema tras el vertido, lo que puede impedir una adecuada valoración de los daños causados al río.