Las organizaciones firmantes manifestamos nuestro repudio por el asesinato cometido la madrugada del miércoles 3 de marzo a Berta Cáceres (45 años), mujer indígena, conocida dirigente de etnia lenca, Coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y Premio Goldman por la defensa del Medio Ambiente en 2015.

Además de haber sido una férrea defensora de los derechos del movimiento campesino e indígena hondureño, Berta Cáceres ha sido una destacada e inspiradora luchadora, a nivel regional y continental, en defensa de la justicia social y ambiental, en particular en la resistencia frente a los megaproyectos mineros e hidroeléctricos

En 2013, Berta Cáceres lideró una campaña contra la construcción de la presa hidroeléctrica Agua Zarca; un proyecto con gravísimas consecuencias para la población de la región del río Gualcarque. El pueblo lenca manifestó su rechazo a esta actividad en clara violación del Convenio 169 de la OIT (firmado por Honduras en 1995) debido a la falta de una consulta previa e informada.

Su actuación en esta campaña le costó el encarcelamiento. El apoyo internacional y las numerosas movilizaciones consiguieron su puesta en libertad poco tiempo después. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había establecido medidas cautelares para su protección debido a las recientes amenazas en su contra.

El asesinato de Berta se produce pocos días después de que el COPINH anunciase una jornada de resistencia civil contra este proyecto hidroeléctrico a causa del desalojo violento de 50 familias lencas en esta zona. Días antes, Berta Cáceres había denunciado en rueda de prensa el asesinato de varios líderes indígenas e incluso las amenazas de muerte que ella misma estaba sufriendo.

Las violaciones de derechos humanos, intimidaciones y asesinatos no se producen en un contexto de hechos aislados. Recordamos que desde 2013 el COPINH viene demandando el esclarecimiento del caso de Tomás García, dirigente asesinado por el que la empresa China Sinahydro decidió retirar su apoyo a este proyecto hidroeléctrico. Apenas dos semanas después del caso de Berta, otro compañero del COPINH, Nelson García, fue asesinado frente a su domicilio, pocas horas después de asistir a familias víctimas del desalojo de su comunidad, organizado por las fuerzas de seguridad del Gobierno de Honduras. Toda esta secuencia de terribles sucesos le han valido a Honduras el galardón del país con la tasa más alta de asesinatos a defensores y defensoras del medio ambiente en todo el mundo

Por lo anterior, las organizaciones firmantes manifestamos:

1. Nos sumamos a las exigencias elaboradas por la familia de Berta Cáceres y el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en su comunicado emitido el pasado 9 de marzo, del cual hacemos hincapié de las siguientes demandas:

  • Cancelar de manera inmediata y definitiva la concesión otorgada a la empresa DESA para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, puesto que ha sido la fuente principal de las amenazas, persecución y agresiones contra la comunidad lenca de Río Blanco y contra las personas integrantes del COPINH.
  • Suspender de manera inmediata todas las concesiones que han sido otorgadas dentro del territorio del pueblo lenca, sin respetar el derecho de la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, puesto que son la principal fuente de amenazas y agresiones, y que de esta manera se inicie un proceso de revisión a efectos de cancelar estos otorgamientos.
  • Desmilitarizar las zonas y territorios del pueblo lenca, y respetar la autonomía territorial y formas de autogobierno de las comunidades lencas, erigiendo al COPINH como organización responsable de su autonomía comunitaria.

2. Recordamos que el conflicto que ha suscitado este proyecto hidroeléctrico se ha propiciado gracias al apoyo brindado por capital europeo, y bajo el marco que ofrece para este tipo de negocios el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, por instituciones financieras como el Finnish Fund for Industrial Cooperation Ltd. (cinco millones de dólares) y el Fondo de Desarrollo de los Países Bajos FMO-Banco Holandés (15 millones de dólares); así como por la empresa energética alemana Voith Hydro Holding GmbH & Co. Aunque las dos primeras ya han anunciado una suspensión temporal de los desembolsos, consideramos que ha sido una decisión tardía y una muestra de la incapacidad de las instituciones públicas europeas y de la Unión Europea para velar por el cumplimiento de los derechos humanos previo al respaldo de proyectos de esta naturaleza.

3. Ante la opacidad con la que se han denunciado las formas con las que el Gobierno de Honduras está llevando a cabo la investigación sobre el asesinato de Berta Cáceres y de otros compañeros del COPINH, manifestamos nuestra preocupación por la instrumentalización que pueda darse a los fondos de la Unión Europea y el Gobierno de España destinados al Programa EuroJusticia (programa que asciende a 30 millones de euros y que tiene como principales beneficiarias al Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad y el Poder Judicial, entre otros). Por tal razón, solicitamos una suspensión temporal de las actividades contenidas en dicho programa hasta que las responsabilidades sobre el asesinato de Berta Cáceres sean esclarecidas.

4. Exigimos al Gobierno de Honduras hacer efectivas las medidas de protección de las que disponen las personas defensoras de los derechos humanos y velen por la defensa de su integridad. Manifestamos nuestra preocupación por la integridad física del mexicano Gustavo Castro de Soto, testigo del asesinato, y de Aureliano Molina, compañero de Berta Cáceres. Gustavo ya ha aportado su testimonio como único testigo y está siendo retenido de forma injustificada. Por todo ello solicitamos al Gobierno de Honduras vele por su seguridad y que les proporcione todas las facilidades para su movilidad dentro y fuera del territorio nacional.

¡Justicia para Berta! ¡justicia para Honduras!

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