Recurso de inconstitucionalidad contra la ley que desbloque pelotazos urbanísticos

55 diputados de Podemos y las confluencias en el Congreso han permitido a Ecologistas en Acción, a la Asociación Vecinal Pasillo Verde-Imperial, a la Asociación deportiva Señales de Humo y a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de Cristina Cifuentes e Ignacio Aguado que persigue desbloquear dos grandes operaciones urbanísticas especulativas: Mahou-Calderón y Chamartín, ambas en Madrid.

Hoy lunes, 55 diputados de Podemos y las confluencias han presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 4/2015 de la Asamblea de Madrid, por la que se modifica la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Así, se han convertido en el puente que Ecologistas en Acción, la Asociación Vecinal Pasillo Verde-Imperial, la Asociación Señales de Humo y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) necesitaban para llegar al Tribunal Constitucional. La Constitución española no permite a los colectivos sociales interponer recursos de inconstitucionalidad, pero sí a los diputados del Congreso.

Estas organizaciones han rechazado desde el principio y de forma reiterada la Ley 4/2015. De hecho, antes de pedir a Podemos que recurriese al Tribunal Constitucional, solicitaron a Ciudadanos,promotor de la iniciativa, que la retirase y al Partido Popular que no la apoyase. A pesar de ello, la ley se aprobó el 10 de diciembre de 2015 con los votos favorables del Partido Popular y Ciudadanos, y con la oposición de los Grupos Socialista y Podemos.

Enrique Villalobos, presidente de la FRAVM, recuerda que la Ley 4/2015 deroga el artículo que limita a tres alturas más un ático las edificaciones que se construyan en los nuevos desarrollos de la región. Este artículo es precisamente el que ha utilizado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para anular los dos macroproyectos urbanísticos más importantes de la ciudad de Madrid: Mahou-Calderón y Chamartín o la prolongación del Paseo de la Castellana. Estas dos operaciones suponen la construcción de más de 20.000 viviendas, rascacielos, centros comerciales, hoteles de lujo y oficinas. "Esta ley no tiene sentido más allá de lograr un rápido desbloqueo judicial de estos dos proyectos”, ha afirmado Villalobos.

Mª Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción (la organización que ha logrado la paralización cautelar de la operación Mahou-Calderón), se centra en la disposición adicional de la ley. Es esta parte la que se ha recurrido ante el Tribunal Constitucional, porque podría vulnerar el principio de la separación de poderes. En este caso, el poder legislativo, mediante esta disposición adicional, establece la forma en la que el poder judicial debe interpretar el artículo de las tres alturas, retrotrayéndose, además, al año 2007. Se da la circunstancia de que el poder judicial lleva años interpretando de forma contraria a la que ahora se le obliga el artículo de las tres alturas. “Esta disposición está redactada claramente para neutralizar al TSJM en los procesos judiciales abiertos", lamenta Nieto.

Antonio Ardura, portavoz de la Asociación Vecinal Pasillo Verde-Imperial, hace hincapié en la oposición vecinal existente en Arganzuela contra la operación Mahou-Calderón: “Hemos recogido 60.000 firmas en contra. No necesitamos rascacielos con viviendas de lujo, queremos dotaciones y equipamientos que mejoren nuestra calidad de vida". “Esta macroperación”, continúa Ardura, "no solo no resuelve estas carencias, sino que las agrava, al traer más habitantes a una zona con equipamientos deficientes, especialmente educativos, culturales y asistenciales”.

José Luis Sánchez, presidente de la Asociación Señales de Humo, recuerda que fue esta organización la que interpuso el primer recurso contra la operación Mahou-Calderón y el despilfarro olímpico. “Pretenden cambiar la regla en mitad del partido; alarma esta situación de indefensión e inseguridad jurídica. El entramado empresarial que se esconde tras estas operaciones ha recurrido a todos los subterfugios para sacar adelante un proyecto que perjudica al Atlético, a su afición y a la ciudad”.

En concreto, los promotores de la operación Mahou-Calderón son el Club Atlético de Madrid, cuyos máximos responsables son Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado (condenado a 18 meses de prisión por estafa) y Enrique Cerezo, presidente (hoy investigado por el caso del ático de Ignacio González), así como Mahou-San Miguel, cuyo presidente es Francisco Javier López del Hierro, sobrino político de María Dolores de Cospedal. En el caso de la prolongación del Paseo de la Castellana, los promotores son la entidad financiera BBVA y la constructora San José.




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