Más allá de las críticas de la Cámara de Cuentas, la M-30 fue una obra ilegal

Ecologistas en Acción, ante las noticias sobre el modelo elegido para la gestión de la M-30 por el Gobierno municipal de Gallardón, quiere recordar algo mucho más sangrante y que no tuvo consecuencias políticas para su máximo responsable, el alcalde: la obra completa fue ilegal

Como es sabido, aunque no tuvo la trascendencia que merecía, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sentenció en marzo de 2011 que la ampliación de la M-30 fue ilegal, pues vulneró diferentes normativas y leyes de protección de la salud, el medio ambiente y el patrimonio histórico y cultural. Esta sentencia, firme y sin posibilidad de recurso, puede consultarse aquí.

Lo paradójico es que esta noticia no tuvo apenas trascendencia en su día. Pero ahora vemos como al desmesurado coste de esta obra (más de 10.400 millones de euros, según actas del propio Ayuntamiento, que están hipotecando los presupuestos municipales y lo seguirán haciendo durante 25 años) se le añaden de forma continua nuevas derivadas, como el actual dictamen de la Cámara de Cuentas de Madrid, que señala que las condiciones que se fijaron resultaban especialmente ventajosas para algunas grandes constructoras, en detrimento de las arcas públicas.

Ecologistas en Acción quiere recordar que la ampliación de la M-30, además de ser ilegal y arruinar el presupuesto municipal, no solucionó los problemas para los que se dijo que se realizaba: evitar la contaminación del aire o eliminar la congestión del tráfico.

La sentencia fue diáfana contra el Ayuntamiento de Madrid. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) refrendaba y confirmaba la sentencia previa del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 22, de 16 de octubre de 2008, en la que el juez acogía “en su integridad los motivos de impugnación contenidos en la demanda” de Ecologistas en Acción y declara nulos los actos recurridos, esto es, todos los proyectos de soterramiento de la M-30 junto al cauce del Manzanares.

El TSJM, como ya hizo antes el Juzgado de lo Contencioso nº 22, concluía que era imprescindible la realización previa de un estudio de impacto ambiental, que no fue de recibo el “troceado” en diversos proyectos para eludir este procedimiento y que el hecho de que se le denominara como vía urbana (“Calle 30”) resultaba irrelevante, puesto que en todo caso su reforma –y más si es del calibre de la que se realizó– tenía que someterse a este precepto legal.

En definitiva, resulta inapelable que la ampliación de la M-30 fue ilegal. Y que su máximo responsable, Alberto Ruiz-Gallardón, no sufrió ninguna recriminación política por ello. Como tampoco nadie pone ahora en duda la ruina que supuso para las arcas municipales y que se prolongará durante muchas legislaturas sin que se haya resuelto ninguno de los problemas que según el Ayuntamiento la justificaban: los problemas de movilidad siguen siendo los mismos, los atascos persisten, la contaminación del aire continúa por encima de los límites legales. Pero con este dictamen de la Cámara de Cuentas de Madrid, al igual que con otros similares previos, vamos entendiendo los verdaderos motivos de esta obra.




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