Silencio de la Junta de Andalucía mientras sigue la especulación

Lugar anegado marismas. Foto de hace dos años, donde ahora se promociona la construcción de una urbanización

Las aprobaciones iniciales de los PGOU de Cartaya y Ayamonte, realizadas de forma apresurada a finales del pasado verano, son el exponente más evidente de la batalla contra los planes de ordenación del territorio que han iniciado algunos grupos políticos tras los que se vislumbra sin mucho disimulo la mano de grandes empresas inmobiliarias con intereses en la costa de Huelva. Son las ambiciones de estos potentes grupos financieros y constructores las que manejan los hilos de algunos Ayuntamientos, y parecen contar con fuertes complicidades políticas, tanto en los partidos mayoritarios como en las propias estructuras de las administraciones públicas andaluzas, en especial en las Delegaciones Provinciales de Obras Públicas y Medio Ambiente, inactivas, cuando no cómplices, ante los continuos ataques contra el patrimonio natural y cultural de la costa onubense.

Las deficiencias técnicas y el despilfarro de dinero público de esta actuación irresponsable se han vuelto a manifestar en la salida a información pública por segunda vez del PGOU de Ayamonte, dos meses después de la aprobación inicial, para subsanar los numerosos errores de planimetría debidos a las prisas iniciales y, de paso, aprovechar para aumentar las zonas residenciales. Eso sí, los errores de bulto en la estima del aumento de población, en los que se basan algunas reclasificaciones de suelo, siguen sin enmendarse ni explicarse. A su vez el Alcalde de la localidad anuncia la presentación de un contencioso contra el POTLOH, en una demostración de hostilidad y beligerancia contra cualquier pretensión de ordenación que le pudiese obstaculizar sus afanes inmobiliarios.

En Isla Cristina, el proceso de revisión del PGOU se está prolongando ya durante más de 7 años, algo realmente inaudito, debido fundamentalmente al empecinamiento de su alcalde por atentar contra el patrimonio natural que aún queda en la costa y las marismas. El último documento de Revisión del PGOU aprobado inicialmente contraviene incluso algunos de los criterios básicos del Plan del Ordenación del Litoral, ya que pretende la creación de una nueva macro-urbanización de segunda residencia colindante al norte con la amenazada y frágil marisma, así como la conurbación de todo el frente litoral, a base de otra macro-urbanización de segunda residencia entre la población y Urbasur, colindante al sur con la marisma. Esta incluye, además, la desafección de una parte de la marisma que en la actualidad es Dominio Público Marítimo Terrestre y Paraje Natural, así como la conurbación de la localidad histórica de La Redondela con esta macro-urbanización costera, que abarcaría Isla Cristina, Urbasur, Islantilla y La Antilla, yendo en contra de toda la legislación, normativa, directrices y recomendaciones no sólo de la Junta de Andalucía, sino del Estado y de Europa.

En Cartaya, el PGOU aprobado inicialmente por mayoría del PSOE en el gobierno municipal es también tremendamente agresivo con el medio ambiente. Es un documento que vulnera la LOUA y las directrices del POT, por lo tanto está al margen de la legalidad vigente. Es un planeamiento que se dirige fundamentalmente a satisfacer las motivaciones e intereses económicos y de mercado de tipo inmobiliario; está basado exclusivamente en la especulación y en la obtención de beneficios privados para las grandes inmobiliarias, a base de reclasificar para usos residenciales y turísticos zonas de alto valor ecológico. Este PGOU, aprobado inicialmente, supone una grave agresión a los lugares más emblemáticos de la localidad, algunos ellos enclavados en las inmediaciones y en la zona de influencia del Espacio Natural Marismas del Piedras y Flecha de El Rompido (Urbanización de lujo con campo de golf llamada “Ribera de Cartaya”). Además de suponer una fragmentación y pérdida de una gran parte del Campo Común de Abajo, que está catalogada como dominio público y suelo no urbanizable de especial protección (ampliación de Nuevo Portil). Finalmente, se pone la primera pica en Flandes y se le da el primer mordisco al Campo Común de Arriba con la urbanización de lujo llamada “Dehesa de las Yeguas”.

Como se ve, es un planeamiento que apuesta por una ciudad dispersa en varios núcleos, contraviniendo las expresas directrices en este sentido del POT y de la LOUA. Va a suponer, pues, la pérdida de gran parte de las zonas de más alto valor ecológico del municipio, para ponerlas al servicio de un turismo elitista basado en segundas residencias, hoteles y campos del golf a los que no tiene acceso la población local, que sufre el encarecimiento de la vivienda y del nivel de vida, mientras se prima el interés particular y a los suscriptores de los convenios urbanísticos desde todas las administraciones del Estado.

Las complicidades de algunas Delegaciones provinciales de la Junta se han manifestado con la salida a información pública de la Evaluación de Impacto ambiental de la carretera de Malpica, proyecto a estudio en el POTLOH, y que condiciona la ordenación de nuevos proyectos de expansión urbanística en los municipios de Punta Umbria y Cartaya. Buscando la clandestinidad veraniega, la Delegación de Obras Públicas de la Junta de Andalucía aprobó el pasado 15 de Agosto la puesta a información pública de este proyecto, intentando poner ante hechos consumados al POTLOH que ellos mismos gestionan. ¡Todo un ejemplo de fomento de la participación ciudadana para periodos veraniegos con todas las puertas cerradas!. Y mientras tanto, otros dirigentes políticos y empresariales dando por hecho que esta obra ya está licitada, demostrando la prepotencia de quién confunde deseos con realidad, y demostrando su menosprecio por los mecanismos de evaluación de impacto ambiental.

La plataforma ciudadana por la sostenibilidad del litoral occidental de Huelva, que sigue sin recibir respuesta a las alegaciones que presentó al POTLOH manifiesta su preocupación por este deterioro de las reglas urbanísticas, coincidente con la aparición de grandes escándalos de corrupción cada vez más cercanos, y exige de la Junta de Andalucía una actuación clara y contundente que genere garantías de ordenación racional de los usos del territorio y que garantice la calidad de vida de los habitantes de la comarca. Solo así se podrá evitar la corrupción y el poder de las mafias urbanísticas que parecen haber sentenciado la destrucción de la costa andaluza.


Cartel que promociona la construcción de urbanizaciones, tomada en el mismo sitio que en la foto anterior.




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