El 30 de junio, el Partido Popular emitió un comunicado sobre la central nuclear de Almaraz (CNA) plagado de mentiras interesadas.

Se aseguraba que la nuclear garantizaba el suministro de electricidad frente al gas y petróleo, que se importan. Sin embargo todo el uranio consumido en España se importa y se enriquece en el extranjero. Más aún, casi toda la tecnología usada en las centrales nucleares es también importada. Las centrales nucleares no aportan ni independencia ni seguridad energética.

Se afirmaba también que las energías renovables no son capaces de sustituir a la nuclear. De entrada cabe decir que las centrales nucleares son prescindibles hoy en día sin que peligre el suministro eléctrico, dado el exceso de potencia instalada en España. A esto hay que añadir que las renovables aportan ya aproximadamente el 40% de la electricidad consumida en España, frente al 20% que aporta la nuclear. Las tecnologías renovables han bajado mucho de precio y ya son competitivas con las tecnologías convencionales. Si se hubiera continuado con el apoyo a las renovables, hoy tendríamos una aportación aún más grande de energías limpias y España sería líder en exportación de tecnología, como lo era a finales de los 2000.

Se llega a afirmar, en un alarde de triunfalismo insensato, que CNA dispone de las instalaciones nucleares más avanzadas del mundo, con garantías de seguridad. Esto es un sarcasmo, tras los problemas que la central ha padecido con el agua de servicios esenciales o por el hecho de no tener compuertas del reactor a prueba de inundaciones. La baja cultura de seguridad de sus explotadores y la falta de rigor del CSN agravan el riesgo que significa Almaraz.

Se dice también que la central “contribuye al desarrollo económico y social de nuestra zona, con el mantenimiento de puestos de trabajo, fijos y temporales, directos e indirectos y que posibilita el acceso al mundo laboral de los jóvenes menores de 30 años a través del programa de Formación Dual”. Se oculta que sólo una pequeña parte del más del millón de euros diarios de beneficios que produce la central se queda en el territorio. La central produce sobre todo beneficios a su empresa explotadora. Además, la nuclear expulsa a otras actividades económicas, construyendo así un monocultivo económico que no garantiza el desarrollo de la zona. Por otra parte, tras el cierre de la central la mayor parte de los puestos de trabajo se mantendrán durante su desmantelamiento, que puede durar unos 15 años. Es un margen de tiempo suficiente para construir otro modelo de desarrollo económico diversificado que permita que la comarca no se hunda tras el cierre de Almaraz, que ha de llegar tarde o temprano.

El ATI que se quiere construir en el recinto de Almaraz no está penado para que la central continúe hasta cumplir su vida útil, sino que se ha diseñado para alargar la vida hasta los 60 años. Esto sería una verdadera temeridad e implicaría aumentar el riesgo de forma inadmisible y multiplicar la cantidad de residuos a gestionar. Además, el proyecto de ATI se pone ahora sobre la mesa para separar artificialmente el debate sobre esta instalación del la prolongación de la vida de la central, cuando ambos están íntimamente relacionados. La Junta de Extremadura y otros agentes sociales hemos presentado alegaciones en contra basándonos, entre otros motivos, en la falta de necesidad de almacenamiento. Aunque la propia central lo desmienta, no es cierto que el ATI sea necesario para continuar hasta 2020. Sería una instalación que permitiría la ampliación de la vida hasta los 60 años, lo que solo defiende el PP en todo el arco político.

El apoyo a Almaraz de algunos ayuntamientos de la zona es meramente interesado, puesto que están recibiendo dinero de forma directa de ENRESA y de la propia central. No es de extrañar tampoco que el Partido Popular se sume a este apoyo, dada la apuesta de este partido por garantizar los enormes beneficios de las nucleares a las empresas eléctricas, a pesar de poner en riesgo a la población y al medio ambiente.

Nos preocupa sobremanera que el PP y el PSOE de la zona puedan llegar a un acuerdo sobre la extensión de la vida de la central, dados los enormes riegos que esta opción supone, además de la generación de residuos y de no generar un verdadero desarrollo de la zona. El PSOE estatal, de forma más sensata, ha cifrado en 40 años la vida útil de las centrales nucleares.

Para Ecologistas en Acción y el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) el cierre de las centrales debería producirse cuando vayan expirando los permisos de explotación. La extensión de la vida más allá es demasiado peligrosa y supone aumentar el riesgo de accidente de forma inadmisible, además de generar más y más residuos radiactivos.