Los días 21, 22 y 23 de septiembre de 2016 tendrá lugar el juicio sobre las responsabilidades penales derivadas de la destrucción de la cueva de Chaves en la Sierra de Guara. Ya han pasado siete años desde que se conociera la destrucción de este yacimiento neolítico, considerado como uno de los dos más importantes de la península ibérica, tras la intervención de dos empresas del grupo del empresario minero Victorino Alonso, principal imputado de este grave atentado contra el patrimonio.

A comienzos de 2009, tras la visita de Vicente Baldellou —director de las excavaciones arqueológicas que se venían desarrollando durante más de 30 años en el interior de la cueva— se hizo público que había sido arrasado todo el nivel neolítico (y parte del paleolítico) por maquinaria pesada. La cueva de Chaves era, junto a la Cova de l’Or de Alicante, el más importante yacimiento neolítico de la península ibérica. Teniendo en cuenta que aún faltaba por estudiar más del 90% de su espacio, el daño causado es incalculable y supone un atentado contra el patrimonio histórico de primer orden.

El yacimiento se encontraba en una finca cinegética vallada en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara. Desde el primer momento, asociaciones como Ecologistas en Acción apuntaban a Victorino Alonso, al que se le relaciona con la compra de dicha finca, como principal responsable de la destrucción. Durante el mismo periodo en el que se llevó a cabo la demolición de la cueva se habían registrado grandes obras sin autorización con maquinaria proveniente de la construcción del aeropuerto Huesca-Pirineos, en la que habían participado empresas del grupo de Victorino Alonso en la UTE constructora. Estas obras causaron daños importantes a los valores del espacio protegido de la Sierra y Cañones de Guara y fueron denunciadas sistemáticamente por Ecologistas en Acción, sin que las administraciones competentes llegaran a intervenir. La organización ecologista trabaja para que los daños causados en el Parque Natural se incluyan en la causa judicial junto a los cometidos contra el patrimonio cultural.

Tras las diligencias previas que se han ido realizando a lo largo de estos años gracias al trabajo de las acusaciones particulares de APUDEPA (Acción Púbica para la Defensa del Patrimonio Aragonés) y Ecologistas en Acción, se ha conseguido la imputación del empresario Victorino Alonso, conocido también por otros procesos judiciales por destrucción del patrimonio público y medioambiental en diferentes puntos del Estado. El equipo jurídico de Ecologistas en Acción ha venido solicitando durante las diligencias judiciales por la destrucción de la cueva de Chaves una indemnización de 50,9 millones de euros y dos condenas de tres años de prisión cada una.

Coincidiendo con el inicio del proceso oral, se ha convocado una concentración a las puertas de los juzgados de Huesca el miércoles 21 a partir de las 9:00 horas. Ecologistas en Acción hace un llamamiento a la participación en la concentración y al seguimiento del juicio que tendrá lugar a lo largo de la semana para que la cueva de Chaves no quede sepultada en el olvido.