Por Orden de 19 de octubre de 2005, el Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León ha decidido anular parcialmente el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santovenia de Pisuerga, estimando sendos recursos de alzada formulados contra el mismo en mayo de 2004 por Ecologistas en Acción e Izquierda Unida.

En concreto, el Consejero resuelve dejar sin efecto el PGOU en 9 sectores de suelo urbanizable, 4 residenciales y 5 industriales, que suman un millón de metros cuadrados de suelo con capacidad para edificar 3.200 viviendas, lo que supone el bloqueo de dos terceras partes del suelo urbanizable del municipio y la imposibilidad de construir entre el 70% y el 80% de las nuevas viviendas proyectadas. Los sectores anulados son los números 1, 4, 5, 6, 8, 13, 13 bis y 14 (además el número 7 ya estaba suspendido).

Este estrangulamiento del desarrollo urbanístico pretendido por el Ayuntamiento de la localidad es consecuencia directa de la no consideración en su día de los peligros naturales e industriales que en Santovenia representan tanto los desbordamientos periódicos del río Pisuerga como la actividad de dos instalaciones que manipulan sustancias peligrosas: la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) y el Centro de Transferencias (CETRANSA).

Y es que el Consejero de Fomento fundamenta su drástica decisión en los informes de la Confederación Hidrográfica del Duero y los departamentos de Protección Civil de la Comunidad Autónoma y el Estado, que advierten de serios peligros para la seguridad de personas y bienes en el caso de permitirse la edificación de los sectores urbanizables anulados, incluso con la adopción de determinadas medidas correctoras que han sido propuestas por alguno de los promotores afectados.

Así, la Confederación Hidrográfica del Duero señala que «las actuaciones que se pretenden ejecutar están en zona inundable», mientras la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en Castilla y León indica que de reiterarse las inundaciones de marzo de 2001 «la zona de la que se solicita información, con las condiciones actuales de topografía quedaría sumergida prácticamente en su totalidad».

Los depósitos de CLH disponen de una capacidad de almacenamiento de 109.000 metros cúbicos de gasolina y gasóleo, sustancias inflamables que han motivado el establecimiento por la Agencia de Protección Civil e Interior de Castilla y León de un perímetro de seguridad de 675 metros de radio en torno a los mismos, en los que «debería establecerse una zona de prohibición para la edificación de viviendas, locales o zonas frecuentadas por el público».

Por su lado, la planta de tratamiento de residuos industriales de CETRANSA cuenta con una capacidad de almacenamiento de 1.300 metros cúbicos de sustancias tóxicas, que pretende ser ampliada en otras 500, por lo que Protección Civil advierte de que «determinadas zonas comprendidas en el ámbito del PGOU de Santovenia de Pisuerga pueden verse afectadas por los accidentes identificados en el establecimiento de CETRANSA», condicionando el perímetro de seguridad al envío de cierta documentación por la empresa.

Estos peligros habían sido reiteradamente advertidos por Ecologistas en Acción e Izquierda Unida al Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga y a la propia Consejería de Fomento, sin obtener respuesta alguna sobre los mismos, de forma que tras la aprobación definitiva y publicación del PGOU en abril del año pasado los ecologistas tuvieron que interponer un recurso contencioso-administrativo contra el mismo. Ahora, adelantándose quizás a una intervención judicial, la Junta reconoce el error y otorga un plazo de 6 meses al Ayuntamiento de Santovenia para que rehaga el PGOU y lo someta a información pública.