Ecologistas en Acción, junto a otros colectivos y movimientos sociales, y cientos de miles de personas de todo el Estado saldremos a las calles para manifestar nuestra oposición a los tratados de libre comercio e inversiones, y en particular al Tratado Transatlántico de Inversiones y Asociación (TTIP por sus siglas en inglés), un tratado comercial que están negociando los gobiernos de la Unión Europea y Estados Unidos; el Acuerdo Integral de Economía y Comercio (CETA por sus siglas en inglés) otro trado comercial entre la UE y Canada, que podría considerarse el hermano menor del TTIP; y el Acuerdo en Comercio de Servicios (TISA por sus siglas en inglés), un tratado internacional sobre el comercio de servicios.

Ambos tratados están siendo negociados en secreto, de espaldas a las poblaciones que se verán afectadas por su aprobación, y lo único que conocemo de su articulado hasta el momento ha sido gracias a filtraciones. Unas filtraciones que evidencian que de nuevo se trata de un acuerdo comercial pensado más para el lucro de las grandes empresas y corporaciones que para el beneficio de las personas, donde la “lex mercatoria” se antepone a los derechos sociales, laborales, ambientales y de género de los pueblos.

Sin embargo, y a pesar de lo que están dando que hablar estas filtraciones en los últimos meses, una gran parte de la población aún desconoce los efectos que estos tratados tendrán sobre sus vidas y más aún en el medio rural. Y es que estos acuerdos contemplan regulaciones en sectores que afectan a casi todos los ámbitos de nuestra vida: energía, alimentación, medicamentos y salud, química, agricultura, transporte, educación, cultura, entretenimiento, banca, …

Se puede decir que el principio director de las negociaciones es la “convergencia reguladora”, es decir, la equiparación de las normativas a un lado y otro del Atlántico. Pero, a medida que se va conociendo más de las negociaciones, se observa que esta armonización normativa se está produciendo a la baja, lo que para la UE supondría tener que rebajar sus estándares laborales, sanitarios, alimentarios, ambientales, etc., mucho más garantes para las poblaciones que los de EEUU.

En lo que se refiere a Castilla-La Mancha, la grandes perjudicadas serían, sin duda, la agricultura y la ganadería. Una de las consecuencias inmediatas de esta equiparación reguladora en matería agroalimentaría sería la desaparción de las denominaciones de origen, ya que la legislación estadounidense sólo protege a las marcas y hay una oposición frontal a proteger productos regionales. Esto supondría que el queso manchego, por poner un ejemplo, se podría producir en cualquier lugar de EEUU y etiquetarse con el mismo distintivo. Y también supondría el fin de las ayudas o subvenciones a la producción regional sostenible y de calidad. La consecuencia inmediata sería que muchas explotaciones, sobre todo pequeñas y medianas, irían a la quiebra ante la imposibilidad de competir con la industria estadounidense, que produciría a más bajo coste practicando una ganadería intensiva y con menos requisitos sanitarios y ambientales, aunque obviamente, con mucha menor calidad. Lo mismo ocurriría con el vino, el aceite, la miel, el melón, los ajos o el cordero, que son los productos estrella de nuestra tierra y en total suman más de 30 denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas.

Especialmente dañada sería la producción ecológica, que además se vería indefensa ante la entrada de semillas y productos transgénicos, ya que la normativa estadounidense permite el uso de cultivos transgénicos para la alimentación humana. Y hay que recordar que Castilla-La Mancha es una de las principales productoras ecológicas en la UE.

Evidentemente, esta regulación a la baja también tendrá efectos muy negativos sobre el medio ambiente, no sólo por la amenaza de los transgénicos para la biodiversidad, o los impactos de una agricultura y ganaderías intensivas altamente contaminantes por el uso de abonos y pesticidas químicos, sino también por la entrada de nuevos combustibles fósiles mucho más contaminantes, que incrementarán las emisiones de CO2 e impediran alcanzar los compromisos en la lucha contra el cambio climático. Estamos hablando de petróleo de arenas bituminosas en Canada y gas procedente de la fractura hidraúlica (fracking) de EEUU. Algo que resulta paradógico cuando el actual gobierno de Castilla-La Mancha pretende aprobar una ley para impedir la fractura hidráulica en nuestra región por sus alto impacto medioambiental.

Por estos y otros muchos motivos, desde Ecologistas en Acción hacemos un llamamiento a toda la población Castellano-Manchega a participar activamente en las movilizaciones contra estos tratados comerciales y en particular este sábado 15 de octubre, saliendo a la calle para defender nuestra tierra y un modo de vida rural sostenible.

Más información en https://www.ecologistasenaccion.org/….