ADIF nos toma el pelo

Casi 90 días ha necesitado ADIF para dar respuesta a la denuncia de Ecologistas en Acción por el vertido de tierras y residuos de construcción sobre hábitats de interés natural en el entorno del arroyo de la Cañada. Hubo incluso que reiterar la demanda de información, dada la falta de reflejos observada en los responsables del ente “administrador de infraestructuras”

Las obras, que causaron notables desperfectos en franjas de terreno protegido próximas al km 30 de la línea Madrid-Aranjuez, consistieron -según se nos responde- en “pequeñas actuaciones de mantenimiento del estado de los terraplenes, trincheras, cunetas, tajeas y alcantarillas”. Estas modificaciones estarían englobadas en un plan global de tratamiento de la infraestructura administrada.
 
En la denuncia reclamábamos el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (EGRCD), una obligación legal de todo productor de residuos en obras de esta naturaleza. La respuesta de ADIF no puede resultar más sorprendente, pues conlleva una interpretación sui generis de la ley, al alegar que “los trabajos de esta naturaleza, y con una dimensión económica como la aquí implicada, no requieren la previa redacción de un proyecto de obra”. De una tacada y sin complejos, los responsables de ADIF se erigen en desenfadados exégetas de la ley, señaladamente del régimen jurídico establecido en normas como el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (Artículo 2).
 
Con todo, su descarga de responsabilidades va aún más lejos al enunciar, acto seguido, que es responsabilidad del contratista la correcta gestión de los residuos de todo tipo que se generen en la obra. Tiene su gracia que una empresa que continuamente invoca su compromiso medioambiental, a través de un pomposo decorado de responsabilidad social corporativa, se escude en terceros a las primeras de cambio. 
 
No acaba ahí la cosa. Prosigue la Dirección de Comunicación y Relaciones Externas indicando que el retaluzado de la trinchera generó “materiales naturales excedentes” que la adjudicataria, la UTE VIAS-COPROSA, gestionó de dos maneras. Aprovechándolos en la propia obra retaluzando el terraplén y trasladando el excedente final al vertedero de Pinto el pasado 30 de diciembre. Explicaciones que chirrían doblemente. De una parte, porque además de esa mencionada reconstrucción del talud se vertieron sin disimulo, toscamente, varias toneladas de RCD sobre cunetas y terrenos reconocidos como hábitats naturales de interés comunitario. Y por otra, porque de acuerdo con la información disponible, cuatro son los vertederos autorizados en la región madrileña para acoger RCD y el de Pinto no está incluido entre ellos.
 
Pero además, ¿cómo encajar que juzguen (arbitrariamente) innecesario presentar el Estudio de Gestión de RCD y reconozcan después que la empresa adjudicataria se ha tomado la molestia de “gestionar” un considerable volumen de los mismos (por falta de espacio) con destino a un inadecuado vertedero como es el de Pinto?.
 
Más jocosa es todavía la respuesta sobre la autorización para ocupar temporalmente la Cañada de los Cerros de Castillejos, vía pecuaria ocupada y además utilizada por los vehículos de ambas empresas. Los responsables de ADIF informan que la UTE VIAS-COPROSA dice desconocer su existencia, no sin antes acotar preventivamente que es “responsabilidad del contratista la obtención de cualquier tipo de permiso, autorización, etc”. “Virtudes” de la externalización de servicios, se nos ocurre apuntar.
 
Y sobre medidas reclamadas para restaurar la vegetación destruida, más de lo mismo. ADIF no prevé su adopción “por entender que la reducida magnitud de la actuación ha originado una afección no significativa que se subsanará en breve plazo a través de mecanismos puramente naturales de regeneración”.
 
Señores de ADIF: paren ya de tomarnos el pelo.




Visitantes conectados: 431